La ¡°inaceptable v¨ªa de hecho¡± del 9-N

Aunque ya no se vaya a hacer bajo el paraguas del decreto suspendido por el Tribunal Constitucional; aunque no haya un censo previo que utilice datos personales sin permiso de sus due?os; aunque las tareas de organizaci¨®n no las vaya a realizar directamente la Generalitat sino que las delegue en voluntarios; aunque el resultado no sea vinculante, la consulta independentista anunciada para el 9 de noviembre tiene algo fundamental y definitivo que la equipara a la convocada -y suspendida- originalmente: la pregunta.

Y esa pregunta, que ofrece a los ciudadanos de Catalu?a la posibilidad de votar a favor de la independencia, est¨¢ fuera de la ley: seg¨²n la doctrina del Constitucional, ninguna instituci¨®n p¨²blica, ni las comunidades aut¨®nomas ni ning¨²n "¨®rgano del Estado", puede preguntar a los ciudadanos por una posible independencia sin cambiar antes la Constituci¨®n. El tribunal vino a decir en 2008 (en el fundamento jur¨ªdico cuarto de esta sentencia) -y repiti¨® este a?o- que el elemento fundamental para prohibir una consulta soberanista en Espa?a es precisamente ese: la pregunta. No el car¨¢cter vinculante o consultivo, ni la forma de organizarla, ni el censo ni la forma de convocatoria, sino la pregunta.

Porque el mero hecho de plantear esa pregunta desde una instituci¨®n p¨²blica, seg¨²n el tribunal, supone negar de plano la unidad indisoluble de la naci¨®n espa?ola (y, en el caso de celebrarla solo en una parte del territorio, negar tambi¨¦n la soberan¨ªa del pueblo espa?ol). Supone una "inaceptable v¨ªa de hecho" para alterar, por la puerta de atr¨¢s, el "fundamento del orden constitucional". Alt¨¦rese si as¨ª lo quiere la mayor¨ªa, se?alaba el Constitucional, pero por el cauce legal que existe para eso: reformando la Constituci¨®n.

Por eso, a pesar de todos los esfuerzos que la Generalitat est¨¢ haciendo para hacer pasar la consulta del 9-N por un "proceso de participaci¨®n", como lo que importa es la pregunta que figura en las papeletas, esta consulta ser¨ªa en realidad muy similar a la original, al menos en lo que respecta a una hipot¨¦tica impugnaci¨®n.

?Por qu¨¦ entonces el Gobierno no la ha impugnado a¨²n? Hasta que ayer por la tarde anunci¨® su decisi¨®n de hacerlo, hab¨ªa dos explicaciones posibles. La primera es jur¨ªdica, pero no de fondo, sino f¨ªsica: para impugnar algo hay que tener un documento oficial en el que ese algo se materialice. No se puede impugnar un anuncio ni una rueda de prensa, se impugna el documento en el que ese anuncio se convierte en un acto oficial, administrativo. Ese documento es el que la Generalitat est¨¢ intentando esconder hasta el ¨²ltimo momento, para "pon¨¦rselo dif¨ªcil al Gobierno", como dijo Artur Mas. El Gobierno ha estado estudiando si los documentos secundarios que s¨ª se han generado (el edicto para crear un registro de votantes voluntario, la instrucci¨®n a los directores de los colegios e institutos para que entreguen las llaves de los centros el d¨ªa de la consulta, la web oficial de campa?a, vinculada a la Generalitat¡­) ten¨ªan la entidad que tendr¨ªa un decreto de convocatoria, y eran por tanto igualmente impugnables.

La otra posible explicaci¨®n a la inacci¨®n del Gobierno no era jur¨ªdica, sino pol¨ªtica. La consulta que la Generalitat quiere celebrar ahora es m¨¢s d¨¦bil que la original: est¨¢ lastrada por la improvisaci¨®n, la falta total de cobertura jur¨ªdica, la desuni¨®n de los partidos soberanistas y la parcialidad (es probable que solo participe en masa el sector m¨¢s independentista de la sociedad catalana, seg¨²n admite el propio Govern). Algunos actores del escenario pol¨ªtico hab¨ªan aconsejado al Gobierno un movimiento arriesgado: dejar hacer ahora para intentar pinchar el globo independentista con una consulta desdibujada, que quedar¨ªa ya como precedente fallido del soberanismo. Y evitar, de paso, que la impugnaci¨®n genere una reacci¨®n que lleve a m¨¢s gente a las urnas. Aceptar la ¡°inaceptable v¨ªa de hecho¡± confiando en que se entierre a s¨ª misma. El Ejecutivo ha preferido ce?irse a la ley.