La caja b de B¨¢rcenas y los regalos de G¨¹rtel ponen al PP contra las cuerdas

El magistrado Pablo Ruz, que instruye el caso G¨¹rtel desde el 24 de junio de 2010 y la pieza separada en el caso B¨¢rcenas desde marzo de 2013 ha comenzado ya a preparar el auto para abrir juicio oral sobre las corruptelas acreditadas hasta 2005. Con esta iniciativa, el magistrado pretende sentar en el banquillo de los acusados a 45 imputados, entre ellos tres ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y el ex tesorero nacional, Luis B¨¢rcenas.

Si el recurso de apelaci¨®n del PP no prospera, el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n que estall¨® en febrero de 2009 le acabar¨¢ salpicando como beneficiario de algunos de los delitos cometidos, por los que tendr¨¢ que pagar m¨¢s de 300.000 euros.

Esta consecuencia judicial directa de su relaci¨®n con la trama corrupta que organizaba todos los actos electorales del partido es s¨®lo una peque?a parte de los numerosos indicios que el juez Ruz sigue recabando sobre la culpabilidad del PP en muchos de los hechos investigados.

El magistrado interroga hoy a ?ngel Acebes, primer ex secretario general del PP imputado en el caso por autorizar la compra de participaciones de Libertad Digital con dinero de la caja b que controlaba Luis B¨¢rcenas. El juez le atribuye el delito de apropiaci¨®n indebida por omisi¨®n: no vigilar que los fondos dedicados a la compra de participaciones de Libertad Digital volv¨ªan al partido. B¨¢rcenas y Lapuerta, seg¨²n la investigaci¨®n, se quedaron con el dinero tras vender las participaciones.

Participaci¨®n a t¨ªtulo lucrativo. El juez solicit¨® hace meses al PP los estatutos madrile?os del partido y tambi¨¦n los estatutos nacionales para precisar a qui¨¦n imputaba el beneficio obtenido como consecuencia de los regalos que la trama corrupta hizo a dos alcaldes populares, Jes¨²s Sep¨²lveda (Pozuelo de Alarc¨®n), y Guillermo Ortega (Majadahonda). La red G¨¹rtel mont¨® actos electorales del PP en esos dos municipios que no cobr¨® a la organizaci¨®n porque a cambio se beneficiaba de contratos ama?anados, seg¨²n la investigaci¨®n. Analizados los estatutos, el magistrado y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n resolvieron que el PP nacional era el beneficiario ¨²ltimo de aquellos regalos aunque no conociera su origen. Y debe responder econ¨®micamente por ello.

En el sumario constan otros regalos parecidos para actos en los que intervinieron los dirigentes nacionales del PP. Entre los papeles incautados por la polic¨ªa en una nave industrial de Alcorc¨®n (Madrid) donde la trama corrupta almacenaba abundante documentaci¨®n se encontraron, por ejemplo, varias facturas de actos electorales de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en 2002 que la trama corrupta no hab¨ªa cobrado al PP.

Delito fiscal por donativos ilegales. El PP, seg¨²n considera acreditado el juez, recibi¨® donaciones ilegales por las que no tribut¨® a Hacienda. Las cantidades supuestamente defraudadas, y no prescritas, superar¨ªan en 2008 el limite de los 120.000 euros ¨Cel PP ingres¨® por esa v¨ªa 1.055.000 euros- por lo que podr¨ªan ser consideradas delito fiscal. ¡°Las cantidades donadas en exceso de los l¨ªmites legales quedar¨ªan sujetas a tributaci¨®n por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributaci¨®n¡±, sostienen tanto el juez como el fiscal anticorrupci¨®n. Pero la Agencia Tributaria, en un informe remitido al juez, tiene otra interpretaci¨®n: ¡°La Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos no regula que el incumplimiento de los condicionantes y limitaciones para las donaciones privadas tenga consecuencias en el r¨¦gimen tributario. Esas donaciones ilegales constituyen una infracci¨®n grave [solo] sancionable con una multa a imponer por el Tribunal de Cuentas¡±.

Obras en G¨¦nova 13. Entre 2007 y 2008, el PP reform¨® al completo su sede nacional, en el n¨²mero 13 de la calle de G¨¦nova, y encarg¨® las obras al arquitecto Gonzalo Urquijo. El juez Pablo Ruz considera que parte de los trabajos se abonaron con dinero negro (1,7 millones de euros) de la caja b que controlaba el ex tesorero Luis B¨¢rcenas. El magistrado apunta la existencia de tres delitos en esta operaci¨®n: contra la Hacienda P¨²blica, falsedad documental y falsedad contable. Por este asunto, uno de los m¨²ltiples flecos del caso B¨¢rcenas y su contabilidad secreta, el magistrado mantiene imputados al ex tesorero, al arquitecto y a tres colaboradores de su despacho.

?Las sedes de la Rioja y Vizcaya, pagadas con dinero negro. La polic¨ªa ha remitido un informe a la Audiencia Nacional donde sostiene, de forma indiciaria, que el PP blanque¨® dinero negro (200.000 euros) para la compra de una parte de la nueva sede del PP en La Rioja por 309.000 euros en 2008. Y que esa operaci¨®n qued¨® registrada en la contabilidad paralela que B¨¢rcenas llevaba de una caja b con la que se financiaban numerosos gastos del partido. Por aquellas fechas, el ex tesorero apunt¨® una entrega de 200.000 euros de ¡°La Rioja¡± en la caja b mientras que a trav¨¦s de la contabilidad oficial del PP se le daban esos mismos 200.000 euros para la compra de la sede. Con esa operaci¨®n, los dirigentes del PP de La Rioja lograban blanquear supuestamente unos donativos ilegales que habr¨ªan recibido. Con una operativa similar, la polic¨ªa acredita la financiaci¨®n ilegal en la compra de la sede del PP de Vizcaya.

El contrato de basuras de Toledo. El Juez investiga si el PP de Castilla-La Mancha recibi¨® de manos de Luis B¨¢rcenas 200.000 euros correspondientes supuestamente a la aportaci¨®n que hizo Sacyr como pago por haber sido la empresa adjudicataria del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo. Un recib¨ª manuscrito y firmado en 2007 por Jos¨¦ ?ngel Ca?as, entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha, apuntala los indicios sobre el supuesto pago de comisiones ilegales. El magistrado no se crey¨® la versi¨®n de Ma?as, qui¨¦n asegur¨® que nunca recibi¨® ese dinero pese a lo que firm¨®. Y que el recib¨ª es consecuencia de una ¡°imposici¨®n¡± de B¨¢rcenas, que supuestamente Ma?as asumi¨® porque ten¨ªa miedo de que el tesorero le pod¨ªa despedir si no firmaba. Un informe pericial que solicit¨® el juez acredit¨® algunas irregularidades mayores en el contrato multimillonario de recogida de basuras que el ayuntamiento de Toledo, entonces gobernado por el PP, adjudic¨® unos meses antes del supuesto pago a Sacyr. La semana pasada, el juez imput¨® al ex alcalde de Toledo, Jos¨¦ Manuel Molina, por esta adjudicaci¨®n.

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