La astucia como valor jur¨ªdico

Hace unas semanas, tras la suspensi¨®n parcial de la ley catalana de consultas, el presidente Artur Mas dijo que se deb¨ªa actuar con astucia, una evidente obviedad. Poco despu¨¦s puso manos a la obra y plante¨® que mediante un ¡°proceso de participaci¨®n pol¨ªtica¡± se podr¨ªa contestar a las mismas preguntas de la consulta. Estos ¡°procesos¡± est¨¢n regulados en una parte de la ley impugnada que no hab¨ªa sido suspendida por el Tribunal Constitucional. En definitiva, se trataba de obtener la misma finalidad prohibida por un procedimiento distinto y vigente, un caso claro de fraude de ley.

Al parecer, porque no se han dado muchas explicaciones, la dichosa astucia consist¨ªa en actuar por la v¨ªa de los hechos sin invocar la ley que los amparaba para evitar que tales hechos fueran recurridos. As¨ª lo dijo con toda frescura el presidente Mas: como no hay nada escrito, no hay nada que recurrir. Ignorancia supina: la actividad administrativa tambi¨¦n es recurrible cuando act¨²a por la v¨ªa de los hechos. Si no fuera as¨ª, el gobernante podr¨ªa actuar sin l¨ªmites y el Estado de derecho quedar¨ªa hecho trizas. La nueva estrategia de Mas tiene bastante similitud con las famosas tarjetas black. En Bankia se pretend¨ªa escapar del control tributario, la Generalitat trata de escapar al control judicial.

Sin embargo, como sabe cualquier persona m¨ªnimamente versada en derecho, los poderes p¨²blicos, en contraste con los ciudadanos, s¨®lo pueden actuar si una ley se lo permite. En un Estado de derecho, los ciudadanos son libres y pueden hacer a su antojo todo lo que deseen mientras no se lo impida una ley. Por el contrario, los poderes p¨²blicos no son libres y s¨®lo pueden actuar con el respaldo de una ley.

Los poderes p¨²blicos? s¨®lo pueden actuar con el respaldo de una ley

Los procesos de participaci¨®n ciudadana regulados en la ley catalana son encuestas, audiencias p¨²blicas, foros de participaci¨®n ¡°y otros¡±. Como lo que plantea Mas no encaja en las tres categor¨ªas primeras, se supone que hay que situarlo en ese impreciso ¡°otros¡±. Ahora bien, a¨²n en ese caso, la ley establece que tales procesos deben llevarse a cabo bajo los principios de transparencia, publicidad, claridad y neutralidad institucional. Ninguno de ellos se cumple sino todo lo contrario: la astucia.

Ante tal situaci¨®n, el Gobierno est¨¢ abocado a pedir al Constitucional que extienda la suspensi¨®n a estos preceptos de la ley catalana y as¨ª impedir la votaci¨®n. Lo cual, inmediatamente, ser¨¢ aprovechado por la Generalitat para hacer victimismo: ¡°?Madrid no nos deja votar!¡±. Una disyuntiva diab¨®lica, realmente astuta. Y una triste situaci¨®n: quien defiende el derecho, es decir, la garant¨ªa de la libertad, es acusado de impedir el ejercicio de la libertad. El fraude gana a la raz¨®n, Maquiavelo a Kant. A eso hemos llegado en Catalu?a.