El Gobierno confirma que va a recurrir la nueva consulta del 9-N

El Consejo de Ministros ha decidido hoy impugnar la consulta independentista catalana del pr¨®ximo 9 de noviembre. El Gobierno, que al principio parec¨ªa dispuesto a no recurrir el suced¨¢neo de consulta y calific¨® de "excelente noticia" que Mas hubiera retirado la otra, ha dado este paso despu¨¦s de recibir un informe del Consejo de Estado que asegura que la nueva propuesta para votar planteada por el Gobierno de Catalu?a tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que la anterior, que ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional. La consulta actualmente en marcha, seg¨²n han se?alado los miembros de la Comisi¨®n Permanente del Consejo de Estado, tiene mayor gravedad que la original "porque carece de garant¨ªas constitucionales".

El Gobierno ha optado as¨ª pol¨ªticamente por la soluci¨®n m¨¢s dura posible ante la salida que hab¨ªa buscado Mas y que supuso una rupura con ERC. En los primeros d¨ªas, Mariano Rajoy minimiz¨® esta consulta alternativa y el Gobierno traslad¨® mensajes que hac¨ªan pensar que no recurrir¨ªa. Pero despu¨¦s, coincidiendo con una semana dur¨ªsima para el PP con los esc¨¢ndalos de las tarjetas opacas, la imputaci¨®n de ?ngel Acebes y la operaci¨®n P¨²nica, el Ejecutivo dio un giro y ha decidido finalmente acudir al Constitucional. El Gobierno explica que est¨¢ obligado a velar por los derechos de todos los catalanes y en especial de los funcionarios, colocados seg¨²n el Ejecutivo ante la tesitura de incumplir la ley por la actitud de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha anunciado la impugnaci¨®n -que ser¨¢ registrada hoy mismo- durante la rueda de prensa posterior a la reuni¨®n del Consejo de Ministros. Y la ha justificado en la necesidad de "defender los derechos de los catalanes" que la Generalitat, a su juicio, "est¨¢ perjudicando". "El derecho a la libertad, tambi¨¦n la libertad de prensa, el derecho a la igualdad, el derecho de los funcionarios a tener la tranquilidad de que no van a violentar la ley...", ha enumerado Santamar¨ªa.

La nueva consulta, ha dicho la vicepresidenta, se ha convocado "sin ninguna base legal y sin ninguna de las garant¨ªas democr¨¢ticas m¨¢s b¨¢sicas". Y todo lo que la caracteriza ha sido heredado de la consulta original: est¨¢ convocada para la misma fecha que la consulta suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas, adem¨¢s de no tener ninguna administraci¨®n electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto", ha afirmado S¨¢enz de Santamar¨ªa.

"No hay decreto de convocatoria, pero s¨ª innumerables actuaciones [para organizar la consulta]", ha dicho en referencia a la estrategia de la Generalitat, que a¨²n no ha convocado formalmente la votaci¨®n intentando precisamente sortear una nueva suspensi¨®n. El Gobierno pedir¨¢ por tanto al Constitucional que suspenda "cualquier actuaci¨®n de preparaci¨®n de la consulta, las que se han realizado y las que se pretendan realizar". La mera presentaci¨®n de la impugnaci¨®n del Ejecutivo, si el tribunal la admite a tr¨¢mite, supone la suspensi¨®n autom¨¢tica de la consulta durante cinco meses, mientras se produce una sentencia sobre el fondo de la cuesti¨®n.

Funcionarios "a la intemperie"

La vicepresidenta ha subrayado que el argumento que da la Generalitat de que est¨¢ organizando la consulta con voluntarios es "un tanto particular", porque a algunos funcionarios "se les han pedido obligaciones para ese d¨ªa". Por ejemplo, a los directores de los colegios e institutos p¨²blicos donde se pretende instalar las urnas. "Ese voluntario asume una responsabilidad que el presidente de la Generalitat no asume", ha avisado S¨¢enz de Santamar¨ªa. "Ah¨ª hay gente a la que est¨¢n poniendo en la tesitura de tener que llevar a cabo actuaciones suspendidas por el Tribunal Constitucional y que seg¨²n el Consejo de Estado son ilegales".

Uno de los motivos "fundamentales" de la impugnaci¨®n, ha insistido, es "proteger a los funcionarios para que no se vean obligados a incumplir la ley y asumir personalmente la responsabilidad"; porque la Generalitat les est¨¢ colocando, ha dicho, en una situaci¨®n de "absoluta intemperie legal". "Hay que ser un poquito serios", ha asegurado.

Adem¨¢s, ha cuestionado la imparcialidad en la consulta de los miles de voluntarios que han respondido al llamamiento de la Generalitat, y ha deslizado, sin se?alar expresamente al Gobierno catal¨¢n sino utilizando un ejemplo gen¨¦rico sobre una consulta convocada de forma irregular, que los voluntarios, "como los llama ese partido, piensan como ese partido".

Cuando le han preguntado qu¨¦ consecuencias puede haber para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, si sigue adelante con la consulta aunque el Constitucional la vuelva a suspender, la vicepresidenta ha contestado: "Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que, si en el primer refer¨¦ndum incumpl¨ªa la Consituci¨®n, en el segundo proceso est¨¢ vulnerando derechos de los ciudadanos a los que gobierna. Eso es un paso m¨¢s. Le pido que, al menos por respeto a los ciudadanos, cumpla las resoluciones del tribunal". Esto es, el Gobierno opta por la via m¨¢s dura, la de la impugnaci¨®n, pero decide no ir directamente contra Artur Mas, lo que supondr¨ªa ya una guerra abierta entre los dos gobiernos.

"Decisi¨®n del conjunto del pueblo espa?ol"

Para decidir la impugnaci¨®n, el Gobierno ha analizado el informe del Consejo de Estado. En ¨¦l se recogen las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, admitiendo que la convocatoria del N-9 es para que los catalanes decidan en refer¨¦ndum si quieren o no un Estado independiente. Se recuerda, a continuaci¨®n, que la convocatoria de cualquier refer¨¦ndum consultivo sobre "decisiones pol¨ªticas de especial trascendencia" (y se entiende que la independencia de una parte de Espa?a lo es) es competencia del Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En ning¨²n caso, por tanto, competencia de una comunidad aut¨®noma. Por lo mismo, seg¨²n el Consejo de Estado, la consulta del 9-N infringe el art¨ªculo 149.1.32a de la Constituci¨®n, que contempla la competencia del Estado para la autorizaci¨®n de consultas populares mediante refer¨¦ndum.

En este informe, como en el anterior sobre la consulta original, el Consejo de Estado se?ala que, ¡°en lo tocante a la unidad de la naci¨®n espa?ola, est¨¢ reservada a la decisi¨®n del conjunto del pueblo espa?ol en el seno del procedimiento de reforma constitucional¡±.