La matanza de Vitoria, un suceso que aceler¨® el fin del franquismo
Las v¨ªctimas de la carga policial que caus¨® cinco muertos y 150 heridos piden justicia
La decisi¨®n de la juez argentina Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa de solicitar la extradici¨®n del exministro Rodolfo Mart¨ªn Villa por la matanza del 3 de marzo de Vitoria ha devuelto a la actualidad uno de los sucesos del tardofranquismo que, en opini¨®n de los historiadores, aceler¨® el final de la dictadura. Junto a Mart¨ªn Villa, la magistrada tambi¨¦n ha pedido a Espa?a que le permita interrogar en Buenos Aires a otro ministro del r¨¦gimen: Jos¨¦ Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y otros 18 cargos franquistas.
La juez pide la detenci¨®n de Mart¨ªn Villa por "la represi¨®n de la concentraci¨®n de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Mart¨ªnez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, Jos¨¦ Castillo Garc¨ªa y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo m¨¢s de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego". La polic¨ªa carg¨® contra una asamblea de trabajadores en una iglesia de Vitoria. Los hechos que investiga la juez Servini se produjeron varios meses despu¨¦s de la muerte de Franco y pocas semanas antes del nacimiento de EL PA?S.
Al cumplirse el a?o de la muerte de cinco obreros durante una jornada de huelga general en Vitoria, un multitudinario funeral y concentraciones en la capital alavesa revivieron la tensi¨®n de un episodio que, seg¨²n los expertos, aceler¨® el final definitivo del r¨¦gimen franquista. Esta es la cr¨®nica publicada en el peri¨®dico el 4 de marzo de 1977.
Tras varios meses de huelga en demanda de aumentos salariales, el 3 de marzo era jornada de paro general en Vitoria, una ciudad donde se hab¨ªa creado un movimiento asambleario que preocupaba al Gobierno, temeroso de que pudiera extenderse a otras regiones de Espa?a. En la iglesia del barrio obrero de Zaramaga, miles de trabajadores se reunieron en asamblea. Afuera se congrearon muchos m¨¢s y, en medio, se situ¨® un centenar de agentes de la Polic¨ªa Armada. Entonces sucedi¨® lo incompresible. Por la emisora de radio que comunicaba a los grises con el centro de mando, alguien dio la orden de gasear con bombas lacrim¨®genas el interior de la iglesia. "Si desalojan por las buenas, vale; si no, a palo limpio. Sacarlos como sea", se escucha antes de la oirse la orden que precipit¨® la matanza: "Gasear la iglesia. Cambio".
La iglesia s¨®lo hab¨ªa una salida, la puerta principal. Ni ventanas ni terraza. Cuando empezaron a salir a borbotones para no morir asfixiados, la polic¨ªa les tirote¨®. "Que manden fuerza aqu¨ª, que hemos tirado m¨¢s de 2.000 tiros. Cambio", se escucha en las grabaciones.
Las cintas de las emisoras policiales muestran que lo sucedido fue m¨¢s que una intervenci¨®n desafortunada. "Ya tenemos dos camiones de munici¨®n, ?eh? O sea que a actuar a mansalva, y a limpiar, nosotros que tenemos las armas; a mansalva y sin duelo de ninguna clase". Por la manera en que relataron los hechos los agentes participantes, fue una victoria militar sin precedentes contra trabajadores desarmados: "En Salinas [plaza Mart¨ªn de Salinas] hemos contribuido a la paliza m¨¢s grande de la historia. Cambio.", reportaba por la radio un polic¨ªa.
La versi¨®n oficial, recogida en la sentencia de un tribunal militar, es que la polic¨ªa hizo uso de la "leg¨ªtima defensa para responder a una agresi¨®n de los trabajadores". La justicia militar reconoci¨® que se trataba de "homicidios", pero archiv¨® el caso al no encontrar culpables. Las v¨ªctimas, sin embargo, siguen exigiendo justicia, para lo que han acabado recurriendo a los tribunales argentinos.
Por su parte, la magistrada imputa a Utrera Molina "el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich", ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, a los 23 a?os, y recuerda que los hechos "son sancionables con las penas de reclusi¨®n o prisi¨®n perpetua".
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