Sin ADN para el archivo criminal

Antonio Ortiz Mart¨ªnez, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, ya en dependencias policiales se neg¨® a que se le tomara una muestra de saliva, es decir, de su ADN. Se acogi¨®, acompa?ado de su abogado, al ¡°derecho a la intimidad personal del detenido¡±. No ha sido el ¨²nico. Las inscripciones de rese?as gen¨¦ticas de detenidos han bajado m¨¢s de un 50% en los ¨²ltimos tres a?os. Seg¨²n la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que controla esa base de datos alimentada por todas las fuerzas de seguridad (incluidas las auton¨®micas y el Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa y Ciencias Forenses), en 2012 se inscribieron un 26% de perfiles menos que en 2011, y en 2013 un 28% menos que los inscritos el a?o anterior. El descenso comenz¨® en 2011. Anteriormente, siempre hab¨ªa habido un incremento anual del n¨²mero de perfiles registrados.

Hasta ese momento, la polic¨ªa entend¨ªa que, seg¨²n la Ley Org¨¢nica 10/2007, reguladora del banco de ADN, no era necesario para hacer un frotis bucal a los detenidos que estos estuvieran asistidos de abogado. Pero una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2010 relativa a un caso de terrorismo cambi¨® esa pr¨¢ctica.

Los jueces del alto tribunal defienden que es una garant¨ªa jur¨ªdica necesaria y han impuesto la obligaci¨®n de que un letrado asesore a los arrestados. La resoluci¨®n del Supremo a?ade que, si estos no consienten, para tomar muestras de ADN ser¨¢ indispensable una autorizaci¨®n judicial que podr¨¢ hacerse efectiva siempre y cuando no se violente al acusado. La fiscal¨ªa del Supremo, la Polic¨ªa y la Guardia Civil, sin embargo, opinan que estas garant¨ªas ponen en peligro el sistema, reducen dr¨¢sticamente el banco de ADN ¡ªque ya ha ca¨ªdo en picado¡ª y dejar¨¢n muchos cr¨ªmenes sin resolver.

¡°Lo habitual es que los abogados se acojan a ese supuesto derecho a la intimidad de los acusados y les aconsejan no facilitar la muestra¡±, coinciden fuentes policiales y de la Fiscal¨ªa. ¡°Y lo normal, ante la negativa, es que recurramos a pedir la prueba al juez de instrucci¨®n¡±, reconocen altos responsables de la Polic¨ªa Nacional y de la Guardia Civil. De este modo, todo queda en manos del juez, que ordenar¨¢ o no la obtenci¨®n de la prueba seg¨²n su criterio. O ni siquiera, porque incluso si la ordenase, seg¨²n esa sentencia de 2010, no puede forzarse f¨ªsicamente al detenido.

Una base de ADN en proceso de extinci¨®n abre, seg¨²n se?alan fuentes de la Polic¨ªa Nacional y de la Guardia Civil, un importante agujero en el sistema de seguridad. ¡°Se resquebraja¡±, se?alan, ¡°una herramienta crucial para el esclarecimiento de delitos graves, homicidios, agresiones sexuales y terrorismo, principalmente¡±. Denuncian que se ha debilitado esa especie de detector cient¨ªfico de culpables o inocentes que puede servir ¡ªcon una posibilidad de error de uno entre un bill¨®n¡ª para incriminar o exculpar, para incluir o descartar presuntos criminales. Como ocurri¨® por ejemplo en el caso del asesinato de la joven Roc¨ªo Wanninkhof, donde la prueba del ADN obtenida de un cigarrillo encontrado junto al cad¨¢ver sirvi¨® para localizar a?os m¨¢s tarde y tras un segundo asesinato (el de Sonia Carabantes) al verdadero culpable, Tony Alexander King, y redimir a Dolores V¨¢zquez, la madrina de la primera v¨ªctima, que estaba pagando por el crimen despu¨¦s de que un jurado popular la declarase culpable.

En otros pa¨ªses europeos como Alemania, Reino Unido o Francia, en los que no se requiere la asistencia letrada ni el consentimiento informado del detenido para hacerle el frotis bucal con un hisopo de algod¨®n ¡ªdel mismo modo que en Espa?a no se requiere para una prueba de alcoholemia¡ª, los datos de esa memoria criminal gen¨¦tica se cuentan por millones; de tres a cinco, seg¨²n datos que maneja la Fiscal¨ªa del Supremo. Tampoco en Estados Unidos se requiere autorizaci¨®n judicial ni consentimiento para la toma de esta prueba.

El debate est¨¢ muy encendido. A la jurisprudencia creada por aquella sentencia del Supremo de 2010 la contradice otra del Tribunal Constitucional del pasado 8 de septiembre. El alto tribunal resolv¨ªa sobre un caso de homicidio y entend¨ªa que se deb¨ªa considerar v¨¢lida la prueba de ADN porque el detenido, aunque no hab¨ªa sido asistido por letrado, hab¨ªa comprendido y aceptado la toma de muestras. Esta resoluci¨®n exige el consentimiento informado pero no la presencia de abogado.

D¨ªas despu¨¦s de la sentencia del Constitucional, el 24 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo promulg¨® un acuerdo con el fin de ¡°unificar doctrina en la materia¡±. El pleno de la sala que dirige Manuel Marchena insist¨ªa y ratificaba lo argumentado en la resoluci¨®n de 2010 y establec¨ªa que, al amparo de la defensa de un derecho fundamental como el de la intimidad, ¡°la toma biol¨®gica de muestras para la pr¨¢ctica de la prueba de ADN con el consentimiento del imputado necesita la asistencia del letrado cuando el imputado se encuentra detenido, o, en su defecto, autorizaci¨®n judicial¡±.

El fichero INT-SAIP (de inter¨¦s criminal) ten¨ªa el pasado 16 de octubre 289.176 perfiles indubitados ¡ªrese?as gen¨¦ticas de origen conocido, correspondientes a personas identificadas: sospechosos, detenidos, imputados¡ª y 82.233 perfiles dubitados, es decir, ¡°perfiles gen¨¦ticos problema¡± que no se sabe a qui¨¦n corresponden. Son rese?as gen¨¦ticas obtenidas de las escenas del crimen (restos humanos no identificados, manchas de sangre o de semen, tejidos¡­). Permanecen ah¨ª para exclusivo uso de la investigaci¨®n criminal, por si un d¨ªa se detiene a su propietario y se resuelve el caso.

Seg¨²n explica la inspectora de la unidad de Polic¨ªa Cient¨ªfica Elena Rivas, un perfil gen¨¦tico est¨¢ hecho a base de una serie de marcadores (hasta 21) pertenecientes al ¡°ADN no codificante¡±, aquel que no desvela informaci¨®n f¨ªsica ni fenot¨ªpica del individuo y que, por tanto, no permite conocer ni sus rasgos, ni su etnia, ni el color de ojos, ni del pelo, ni la predisposici¨®n a enfermedades. La pol¨¦mica est¨¢ abierta. ?Hasta qu¨¦ punto vulnera esa informaci¨®n el derecho a la intimidad? ?Qu¨¦ debe primar, la garant¨ªa de derechos del detenido o la seguridad del sistema?

Entre tanto, la defensa de Antonio Ortiz podr¨ªa solicitar la nulidad de la muestra que se le tom¨® por un delito de pederastia en el a?o 1999, por no haberse hecho con las garant¨ªas que se reconocen ahora. Y la magistrada Mar¨ªa Antonia de Torres, que instruye el caso, se encontrar¨ªa en la tesitura de tener que dirimir no solo sobre un escabroso caso de abusos sexuales de menores sino sobre la pol¨¦mica jurisprudencia en torno al archivo criminal de ADN.