El tribunal paraliza la votaci¨®n, pero evita un aviso al ¡®president¡¯

El pleno del Tribunal Constitucional suspendi¨® ayer, por unanimidad, la alternativa a la consulta independentista en Catalu?a convocada para el 9-N. Lo hizo de forma autom¨¢tica, tal como marca la ley, al admitir a tr¨¢mite el recurso presentado por el Gobierno. Pero el tribunal no quiso dar un paso m¨¢s, el que reclamaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy: este hab¨ªa instado a los magistrados a que, en su resoluci¨®n, advirtieran al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de la obligaci¨®n de cumplir dicha suspensi¨®n y de las responsabilidades e infracciones que supondr¨ªa ignorarla.

De esta manera, el tribunal suspendi¨® la alternativa a la consulta de la misma manera que, el pasado 29 de septiembre, paraliz¨® la convocatoria original del 9-N. El hecho de que la Generalitat suspendiera la campa?a institucional pero activara otros mecanismos para sacar adelante el ¡°proceso de participaci¨®n para conocer la opini¨®n de los catalanes sobre el futuro pol¨ªtico de Catalu?a¡± motiv¨® la presentaci¨®n de un nuevo recurso por parte del Gobierno.

En este caso no exist¨ªa un acto formal determinante de esa llamada a las urnas ¡ªun decreto de convocatoria¡ª, pero el Constitucional considera que elementos como las cartas a los alcaldes reclamando la cesi¨®n de locales, la web informativa activada para el 9-N o la publicidad que la Generalitat ha ordenado emitir en diversos medios para promover la participaci¨®n tienen el mismo efecto que un decreto de convocatoria.

La contestaci¨®n del tribunal a esta segunda impugnaci¨®n fue la de suspender ¡ªde forma cautelar, hasta la sentencia definitiva que entrar¨¢ en el fondo de la impugnaci¨®n y cuya ponencia ser¨¢ redactada por la vicepresidenta Adela As¨²a¡ªlas actuaciones y los actos de preparaci¨®n del ¡°proceso de participaci¨®n ciudadana¡±, tal como califica la Generalitat a la convocatoria del pr¨®ximo domingo. En su resoluci¨®n el tribunal paraliza las actuaciones relativas a la convocatoria y ¡°los restantes actos y actuaciones de preparaci¨®n, realizados o procedentes, para la celebraci¨®n de dicha consulta, as¨ª como cualquier otra actuaci¨®n a¨²n no formalizada jur¨ªdicamente, vinculada a dicha consulta¡±. El Constitucional alude a las actuaciones promovidas desde el 31 de octubre (fecha en la que la Abogac¨ªa del Estado present¨® el recurso) y las que la Generalitat promueva a partir de ahora.

Los doce magistrados que componen el pleno del tribunal fueron un¨¢nimes en la consideraci¨®n de que las actuaciones de la Generalitat, aun no teniendo un car¨¢cter jur¨ªdico formal, son suficientes para impugnarlas y suspenderlas. Y, de la misma forma, fueron un¨¢nimes en su intenci¨®n de no emitir una decisi¨®n diferente a la de otras ocasiones, no aprobar una resoluci¨®n in¨¦dita. Por ello, optaron por eludir la reclamaci¨®n del Gobierno sobre la advertencia a Mas. ¡°Es un problema pol¨ªtico y han de resolverlo los pol¨ªticos¡±, alegaron ayer varios magistrados, tanto del sector conservador como del progresista. ¡°Ten¨ªamos que mostrar nuestra neutralidad y presentar una resoluci¨®n que es la aplicaci¨®n pura y dura de lo que nos manda la Constituci¨®n¡±, a?adieron en referencia al mandato constitucional de suspender el objeto impugnado si el Gobierno as¨ª lo pide. ¡°No vamos a echar ni una gota de gasolina¡±, describi¨® uno de los magistrados.

El pleno tampoco ha debatido, desde que suspendi¨® la consulta original el 29 de septiembre, cu¨¢l ser¨ªa el mecanismo para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. Seg¨²n los magistrados consultados, el tribunal no tiene previsto adoptar ninguna medida excepcional. As¨ª, la v¨ªa ser¨ªa que la Fiscal¨ªa General del Estado tomara la iniciativa alegando la comisi¨®n de alg¨²n presunto delito, una decisi¨®n jur¨ªdica de alto contenido pol¨ªtico.

Tampoco entr¨® a valorar el Tribunal Constitucional las alegaciones presentadas el lunes por la Generalitat de Catalu?a, que intent¨® que la suspensi¨®n de la alternativa a la consulta no se produjera. Estas han sido incorporadas a los procedimientos abiertos en septiembre contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N.