La Fiscal¨ªa ordena a los Mossos identificar a los responsables del 9-N
El fiscal reclama tambi¨¦n una relaci¨®n de locales p¨²blicos que permitan la votaci¨®n Mas: "Cualquier actuaci¨®n fuera de lugar ser¨ªa un ataque a la democracia"
La Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a ha remitido de "forma urgente" a los Mossos d'Esquadra, la polic¨ªa auton¨®mica catalana, una orden para que le informe "de la relaci¨®n de locales o edificios de titularidad p¨²blica (Institutos, Dependencias Municipales u Organismos) en los cuales se desarrolle el denominado Proceso Participativo" de este domingo 9 de noviembre. En la misma orden, el ministerio p¨²blico, que ha abierto diligencias de investigaci¨®n para determinar si el uso de lugares p¨²blicos para la consulta del 9-N constituye alg¨²n delito, exige al cuerpo policial que depende de la Generalitat que identifique a "la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorizaci¨®n se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes" de la consulta de autodeterminaci¨®n.
Fuentes de los Mossos d¡¯Esquadra aseguraron este s¨¢bado a las 22.30 que el dispositivo policial se mantiene como estaba previsto y que b¨¢sicamente actuar¨¢n para garantizar la seguridad ciudadana. Tambi¨¦n aseguraron que no identificar¨¢n a quienes abran los institutos. La Polic¨ªa auton¨®mica asegura que dar¨¢ respuesta a la Fiscal¨ªa, pero se?ala que esta no ha dado plazos concretos para ello, informa Miquel Noguer.
No es el ¨²nico paso que ha dado la Fiscal¨ªa catalana por orden de la Fiscal¨ªa General del Estado. En un comunicado remitido a las 20.30, el ministerio p¨²blico informa de que ha reclamado "al Departament de Ensenyament de la Generalitat a fin de que informe si se han convocado reuniones con responsables de centros p¨²blicos en los que se solicita la puesta a disposici¨®n de los centros para la realizaci¨®n de la consulta, y si existen ¨®rdenes o instrucciones por parte de la Generalitat para la utilizaci¨®n de esos locales".
El mismo comunicado de la Fiscal¨ªa se?ala que se ha ordenado a la empresa Unipost, encargada de transportar el material para la convocatoria suspendida por el Tribunal Constitucional, "a fin de que env¨ªe la hoja de encargo, contrato y cuantos documentos obren en su poder relacionados con la distribuci¨®n o buzoneo de la propaganda relacionada con el denominado Proceso Participativo". Tambi¨¦n le reclama "el presupuesto, factura pro forma o definitiva y, significativa y especialmente, qu¨¦ persona o entidad les suministr¨® el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado".
Se trata de investigar si la cesi¨®n de locales municipales, centros educativos p¨²blicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones p¨²blicas para instalar urnas para dicho proceso podr¨ªa suponer un delito despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.
La respuesta de la Generalitat lleg¨® pasadas las 21.40. En un comunicado, el gobierno catal¨¢n se erig¨ªa en ¡°¨²nico responsable¡± de haber ¡°autorizado el acceso a locales p¨²blicos¡±. El Ejecutivo de Artur Mas se?alaba que act¨²a ¡°con el objetivo de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresi¨®n y la libertad ideol¨®gica¡±. Por tanto, afirma la Generalitat, ¡°no se puede pedir la identificaci¨®n a voluntarios que nada tienen que ver con esta autorizaci¨®n y que pueden desarrollar su tarea con total normalidad¡±.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no espera ninguna resoluci¨®n judicial contra el proceso participativo. En una entrevista en TV-3, grabada antes de la decisi¨®n de investigar, le han preguntado sobre la posibilidad de una actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa: "No s¨¦ qu¨¦ har¨¢n, pero por poco sentido com¨²n que tengan, creo que cualquier actuaci¨®n fuera de lugar ser¨ªa un ataque directo a la democracia".
Esta misma semana, el Constitucional acord¨® por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para ma?ana, as¨ª como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participaci¨®n ciudadana".
El Gobierno catal¨¢n hizo el viernes una ¨²ltima pirueta para garantizar que ma?ana, pese a la suspensi¨®n del Tribunal Constitucional,haya urnas en los colegios electorales catalanes. La Generalitat asegur¨® que mantiene la ¡°responsabilidad¡± de la organizaci¨®n del 9-N pero que la ¡°ejecuci¨®n¡± de la jornada quedar¨¢ en manos de los 40.900 voluntarios reclutados que, en principio, se iba a hacer cargo de las mesas electorales y la log¨ªstica de la jornada.
Hasta ahora, los fiscales catalanes no hab¨ªan recibido ninguna instrucci¨®n ni orientaci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado ante la posibilidad de que el mismo domingo se presenten denuncias que intenten parar la votaci¨®n. La incertidumbre crece, especialmente, entre los fiscales que estar¨¢n de guardia el domingo, que pueden verse en la tesitura de tener que dar al juez su punto de vista sobre las denuncias que hipot¨¦ticamente se presenten.
El consejero catal¨¢n de Interior, Ram¨®n Espadaler, dej¨® claro el jueves que los Mossos d¡¯Esquadra impedir¨¢n el proceso si as¨ª lo ordena la fiscal¨ªa. ¡°Es una hip¨®tesis lejana. Si pasara, los Mossos actuar¨ªan en el marco que corresponda. Atender¨¢n lo que les diga el juez y el fiscal¡±, explic¨®. Espadaler recalc¨® que, si llega esa resoluci¨®n judicial, no dar¨¢ la orden de desobedecerla: ¡°Se tendr¨¢ que atender y el Departamento de Interior no har¨¢ nada para evitarlo¡±.
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