La polic¨ªa no detendr¨¢ a los 20 cargos franquistas como pide Interpol
Espa?a alega ante la secretar¨ªa general del organismo y consigue que retire el c¨®digo rojo Una juez argentina solicit¨® su arresto y extradici¨®n el pasado 30 de octubre
La polic¨ªa espa?ola no tiene previsto detener a los 19 excargos franquistas reclamados desde Argentina e imputados por cr¨ªmenes de lesa humanidad y torturas, a pesar de la orden de Interpol que ha recibido este mi¨¦rcoles. Tras recibir la orden, la Polic¨ªa se ha limitado a trasladarla a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional pese a que a lo largo de la tarde un portavoz hab¨ªa asegurado, por error, que tambi¨¦n hab¨ªan presentado una alegaci¨®n ante la Secretaria General de Interpol, con sede en Lyon, en base a una resoluci¨®n de 2010 de ese organismo que permite paralizar ¨®rdenes de arresto relacionadas con delitos de genocidio, cr¨ªmenes contra la humanidad y de guerra si el pa¨ªs al que pertenece el reclamado protesta. La polic¨ªa no ha dado tal paso, seg¨²n aclar¨® m¨¢s tarde, aunque tampoco piensa detener a los 19 reclamados por Argentina de momento.
Interpol Argentina notific¨® el pasado 4 de noviembre a Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa, la juez que investiga desde Buenos Aires la ¨²nica causa abierta en el mundo contra los cr¨ªmenes del franquismo, que hab¨ªa remitido a su oficina de Madrid? una "comunicaci¨®n muy urgente" solicitando la detenci¨®n de los exministros Jos¨¦ Utrera Molina y Rodolfo Mart¨ªn Villa y los otros 18 cargos franquistas cuyo arresto y extradici¨®n reclama la magistrada. Uno de los reclamados, Antonio Barrera de Irimo, falleci¨® recientemente.
El Gobierno ya ha hecho saber que no cree que la petici¨®n de la juez argentina vaya a prosperar. El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, ha mostrado esta tarde su convencimiento de que se denegar¨¢ la entrega de los 19 imputados porque los delitos que les imputa Servini de Cubr¨ªa ¡°est¨¢n prescritos en Espa?a¡± y ¡°por la ley de Amnist¨ªa de 1977¡±. El ministro ha recordado que as¨ª se hab¨ªa procedido cuando en septiembre de 2013 la misma juez reclam¨® la detenci¨®n y extradici¨®n del expolic¨ªa Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Pacheco, Billy el Ni?o, y el ex guardia civil Jes¨²s Mu?ecas, ambos imputados por torturas en la misma causa por delitos de lesa humanidad. Tampoco ellos llegaron a ser detenidos, aunque s¨ª fueron citados en la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz les retir¨® el pasaporte hasta que se resolvi¨® no conceder la extradici¨®n a Argentina por considerar prescritos los delitos de que les imputaba Servini.
¡°Es increible que un ministro de Justicia diga eso: ?Que los pol¨ªticos dejen actuar a los jueces, y en todo caso, que colaboren con la justicia¡±, se queja el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy. El letrado recuerda que la ley espa?ola de Extradici¨®n Pasiva (1985) establece que una vez recibida la orden de detenci¨®n se debe proceder a la detenci¨®n de los reclamados y ponerlos a disposici¨®n del juzgado de guardia ¡°en un plazo no superior a 24 horas¡±. Slepoy insiste en que ¡°las leyes de amnist¨ªa o punto final no pueden aplicarse sobre delitos de lesa humanidad, como este caso¡± y que as¨ª se lo ha reprochado la ONU a Espa?a. Naciones Unidas recomienda que los cr¨ªmenes del franquismo sean juzgados aqu¨ª. ¡°Presentaremos denuncias en todo el pa¨ªs. Queremos deslegitimar la impunidad¡±, a?ade el abogado.
Servini imputa a Utrera Molina (88 a?os) por haber convalidado la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil en 1974, y a Mart¨ªn Villa por la llamada matanza de Vitoria, en la que murieron cinco trabajadores.?Completan la lista de reclamados por la justicia argentina Abelardo Garc¨ªa Balaguer, ginec¨®logo acusado del robo de un beb¨¦ en 1967 en un hospital de La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz); Antonio Carro Mart¨ªnez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975, Licino de la Fuente, ministro de Trabajo entre 1969 y 1975 y Carlos Rey, capit¨¢n auditor del Cuerpo Jur¨ªdico del Ej¨¦rcito, por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich; Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Ventura Pascual, Fernando Su¨¢rez y Jes¨²s Cejas Mohedano, por haber firmado la sentencia de muerte de Xox¨¦ Humberto Baena, Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Bravo, Ram¨®n Garc¨ªa Sanz, Juan Paredes y ?ngel Otaegui, fusilados el 27 de septiembre de 1975; Alfonso Osorio y Jes¨²s Quintana, por su "responsabilidad" en la conocida como "matanza de Vitoria", el 3 de marzo de 1976; Antonio Troncoso, por "tentativa de homicidio"; Jes¨²s Gonz¨¢lez Reglero,Ricardo Algar Barr¨®n,F¨¦lix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jes¨²s Mart¨ªnez y Benjam¨ªn Solsona, por haber participado en torturas; y Atilano del Valle, exmiembro de la Brigada Pol¨ªtico Social, al que la juez imputa el "haber disparado y arrojado por la ventana" a Miguel Jim¨¦nez Hinojosa tras su detenci¨®n en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) exige "el estricto e inmediato cumplimiento" de la orden de detenci¨®n realizada por la juez argentina y recuerda la plena vigencia del Tratado Bilateral de extradici¨®n y asistencia jur¨ªdica suscrito entre Espa?a y Argentina en marzo de 1987.
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