Ruz da al PP el mismo trato que tuvo Uni¨® en Pallerols o la Infanta en N¨®os

Tras 14 a?os de instrucci¨®n judicial, un tribunal conden¨® a Uni¨® Democr¨¢tica de Catalunya (socio de Converg¨¦ncia en el Gobierno catal¨¢n) a pagar 388.000 euros como responsable civil subsidiario a t¨ªtulo lucrativo de las subvenciones a formaci¨®n de parados que desviaron las academias Pallerols para pagar mobiliario de la sede de la formaci¨®n pol¨ªtica y algunas n¨®minas de sus empleados. Al conocer la sentencia, la clase pol¨ªtica exigi¨® la dimisi¨®n del l¨ªder de Uni¨®, Josep Antoni Dur¨¢n Lleida, debido a que su partido hab¨ªa sido condenado por financiaci¨®n ilegal. Dur¨¢n sostuvo que Uni¨® ignor¨® en todo momento que el dinero recibido proced¨ªa del desv¨ªo ilegal de subvenciones para formar a parados. La infanta Cristina de Borb¨®n se enfrenta al pago de 500.000 euros porque el juez y el fiscal del caso N¨®os consideran que se benefici¨® de los negocios il¨ªcitos de su marido, I?aki Urdangar¨ªn, y tiene que hacer frente al pago de esa cantidad como responsable civil subsidiaria a t¨ªtulo lucrativo. El PP se encuentra ahora en una tesitura semejante a la que sufri¨® Uni¨® en 2013 y a la que amenaza a la infanta.

El juez Pablo Ruz, dos fiscales anticorrupci¨®n y los tres magistrados de la secci¨®n cuarta de la Audiencia Nacional, consideran que hay indicios suficientes en la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel de que el PP se benefici¨® de los manejos corruptos de una trama empresarial, dirigida por Francisco Correa, que hac¨ªa regalos a cargos p¨²blicos del PP a cambio de adjudicaci¨®n de contratos previo ama?o de los mismos. Entre esos regalos se encontraba la organizaci¨®n de actos electorales del PP.

La trama G¨¹rtel no era una trama contra el PP, como sostuvieron sus principales dirigentes cuando estall¨® el esc¨¢ndalo en 2009, sino una trama que benefici¨® al PP, seg¨²n las conclusiones de jueces y fiscales que han investigado el caso durante cinco a?os.

Avalado por las resoluciones de los tres magistrados de la secci¨®n cuarta de la Audiencia que han desestimado los recursos de los imputados, el magistrado Pablo Ruz prepara estos d¨ªas la transformaci¨®n de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garz¨®n en agosto de 2008 por el caso G¨¹rtel en procedimiento abreviado. Es el ¨²ltimo paso para abrir el juicio oral a la fase 1 de la causa, que s¨®lo alcanza a hechos ocurridos entre 1999 y 2005 aunque la trama corrupta sigui¨® delinquiendo hasta que fue desarticulada en febrero de 2009. El juicio oral sentar¨¢ a 45 personas en el banquillo de los acusados en una macrocausa contra la corrupci¨®n que ha puesto al PP bajo sospecha.

Se atribuye al PP haberse beneficiado de actos electorales que la trama corrupta organiz¨® en Pozuelo de Alarc¨®n y Majadahonda por 233.000 euros

Entre los imputados est¨¢n el ex tesorero del PP, Luis B¨¢rcenas, cinco alcaldes de esta formaci¨®n en la Comunidad de Madrid, y un ex consejero que fue estrecho colaborador de Esperanza Aguirre. Un proceso a los manejos de cargos del PP situados en instituciones estrat¨¦gicas o en puestos clave de la formaci¨®n conservadora.

Ruz mantiene imputadas por el caso G¨¹rtel a cerca de 200 personas de las que s¨®lo 45 ser¨¢n juzgadas ahora, y contin¨²a la investigaci¨®n con algunas comisiones rogatorias todav¨ªa pendientes de respuesta. Ha decidido trocear la causa para poder avanzar en su resoluci¨®n judicial en una pieza separada que afecta a la primera etapa de la actividad de la trama corrupta. El magistrado tiene los meses contados en su juzgado, donde trabaja de manera interina desde hace cuatro a?os tras sustituir a Garz¨®n, expulsado de la carrera por prevaricaci¨®n al ordenar escuchas en la c¨¢rcel de los abogados con sus clientes. El Consejo General del Poder Judicial deber¨¢ decidir si saca ahora a concurso la plaza del juzgado, en cuyo caso Ruz deber¨ªa dejar el trabajo en enero, o esperar a junio, cuando concluye el periodo m¨¢ximo que se puede prorrogar su estancia interina en la Audiencia.

El partido puede ser llamado a responder civilmente del da?o causado al haberse beneficiado del mismo

Aunque la trama empresarial que dirig¨ªa Francisco Correa creci¨® a la sombra del PP nacional, donde hizo sus primeros negocios con una agencia de viajes y acab¨® organizando todos los actos electorales de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (alguno regalado, seg¨²n la contabilidad secreta de la red G¨¹rtel), el caso que se juzgar¨¢ en primer lugar apenas toca de refil¨®n al partido de Mariano Rajoy. Tan s¨®lo atribuyen al PP haberse beneficiado de actos electorales que la trama corrupta organiz¨® en Pozuelo de Alarc¨®n y Majadahonda por 233.000 euros. Los alcaldes de estos dos municipios cuando ocurrieron los hechos, Jes¨²s Sep¨²lveda y Guillermo Ortega, est¨¢n imputados por haber recibido regalos de la trama a cambio de contratos ama?ados.

El C¨®digo Penal (art¨ªculo 122) detalla cual puede ser la responsabilidad del PP en lo supuestamente ocurrido: ¡°El que por t¨ªtulo lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, est¨¢ obligado a la restituci¨®n de la cosa o al resarcimiento del da?o hasta la cuant¨ªa de su participaci¨®n¡±.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el responsable civil a t¨ªtulo lucrativo puede ser un partido que aunque no se halle implicado en el proceso penal, como le ocurre al PP en este caso, que puede ser llamado a responder civilmente del da?o causado al haberse beneficiado del mismo. La doctrina de este tribunal defiende que nadie puede enriquecerse indebidamente en virtud de negocios ilegales.