Visitas de riesgo para los menores

La ONU conden¨® a Espa?a el pasado verano por no proteger a una ni?a de siete a?os que fue asesinada por su padre pese a las reiteradas denuncias de la madre, que se hab¨ªa separado del homicida tras sufrir a?os de malos tratos. Ocurri¨® en Arroyomolinos (Madrid) en 2003, justo un a?o antes de que entrara en vigor la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero. Desde entonces se ha avanzado mucho en la protecci¨®n de las mujeres v¨ªctimas de maltrato, como reconoc¨ªa el dictamen de la ONU, pero no tanto en la de los hijos. Sucesos como el que acaba de ocurrir en Asturias prueban que la seguridad de los menores, 10 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley, sigue siendo una asignatura pendiente.

El anteproyecto de Ley de Protecci¨®n a la Infancia reconoce por primera vez a los hijos de las maltratadas como v¨ªctimas directas de la violencia machista. Es un paso, desde luego, pero ?en qu¨¦ se traduce eso? ?Qu¨¦ medidas reales implica en la pr¨¢ctica? El anteproyecto solo recoge una: los jueces estar¨¢n obligados a estudiar siempre, y no solo si lo solicita la madre, como ocurre ahora, si deben adoptarse medidas de protecci¨®n cautelares para los hijos de mujeres maltratadas. Y recomienda que, si se observa riesgo, suspendan las visitas y retiren la custodia al maltratador.

La medida podr¨ªa ser ¨²til en situaciones como la de las dos ni?as de Asturias, cuya madre nunca advirti¨® el peligro y no se le ocurri¨® pedir protecci¨®n para ellas, pero no es suficiente porque elude la cuesti¨®n principal, de la que llevan a?os advirtiendo tanto las asociaciones de mujeres como los expertos en violencia de g¨¦nero: el derecho de los padres maltratadores sigue prevaleciendo en los juzgados sobre el derecho a la protecci¨®n de los menores. Lo demuestra el hecho de que solo se suspende el r¨¦gimen de visitas en el 3% de los casos y ¨²nicamente se establecen medidas de seguridad para los ni?os en el 2,2%.

Hace una semana la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidi¨® al ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, que establezca protocolos para favorecer la supresi¨®n de las visitas y las comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos para prevenir as¨ª posibles riesgos. Y recomend¨® que se garantice por ley un examen individualizado del r¨¦gimen de visita de cada menor afectado por una situaci¨®n familiar de violencia de g¨¦nero. El PSOE plante¨® el a?o pasado algo similar en el Congreso en una proposici¨®n no de ley que fue rechazada por el PP, alegando que el Gobierno estaba elaborando normas ¡°m¨¢s incisivas¡±, refiri¨¦ndose en concreto a la Ley de Protecci¨®n a la Infancia. Pero no parece que una simple recomendaci¨®n a los jueces sea m¨¢s ¡°incisiva¡± que un protocolo formal.

No se trata de eliminar el derecho de los padres a ver a sus hijos, sino de garantizar que cada caso sea estudiado con profundidad. Mientras persista el estereotipo de que un padre maltratador no tiene por qu¨¦ ser un mal padre, seguir¨¢ prevaleciendo en los juzgados el derecho del adulto sobre el del ni?o. M¨¢s de 800.000 menores se ven expuestos en Espa?a al maltrato que padecen sus madres, seg¨²n una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas. Medio mill¨®n de ellos no solo lo sufren como testigos, sino como v¨ªctimas directas. Y alrededor de media docena cada a?o acaban muertos.