Greenpeace afronta su juicio m¨¢s duro por una protesta en Cofrentes

Greenpeace se ha acostumbrado a que sus acciones reivindicativas acaben en sanci¨®n despu¨¦s de tres d¨¦cadas de historia de activismo medioambiental en Espa?a. En este momento, tiene 19 expedientes administrativos abiertos en el pa¨ªs, en los que se le reclaman cerca de 623.000 euros. "Nuestras acciones terminan normalmente en una sanci¨®n por des¨®rdenes, que acabamos pagando", apunta Mario Rodr¨ªguez, director en Espa?a de esta organizaci¨®n internacional.

Pero el caso de la central de nuclear valenciana de Cofrentes es diferente. Por los 357.371 euros que se les reclaman y porque los miembros de la ONG que participaron en esta acci¨®n podr¨ªan ser condenados a penas de prisi¨®n. La fiscal¨ªa ha pedido encarcelar durante dos a?os y ocho meses a 16 activistas de Greenpeace y al fotoperiodista Pedro Armestre por haber entrado en estas instalaciones nucleares y haber realizado unas pintadas y colocado una pancarta el 15 de febrero de 2011.

La vista oral comienza este jueves en Valencia y durar¨¢ una semana. Estas 17 personas est¨¢n acusadas de des¨®rdenes p¨²blicos, lesiones y da?os. Greenpeace sostiene que es el "juicio m¨¢s duro" al que se han enfrentado hasta ahora en Espa?a: por el n¨²mero de encausados, por las peticiones de c¨¢rcel y por la sanci¨®n econ¨®mica.

Todo comenz¨® a las 6.20 del 15 de febrero de hace cuatro a?os, cuando el grupo de activistas entr¨® en las instalaciones. La fiscal¨ªa entiende que los acusados se pusieron de acuerdo "mediante un plan preconcebido" para "desestabilizar la organizaci¨®n de la central". "Equipados con monos de color naranja con la inscripci¨®n Greenpeace, accedieron al interior del per¨ªmetro de seguridad", siempre seg¨²n el relato del ministerio p¨²blico. Y cortaron "tres vallas perimetrales de seguridad de acceso, vali¨¦ndose de una radial y otras herramientas que llevaban".

Pedro Armestre, ganador del Ortega y Gasset, es uno de los procesados

El fiscal ¡ªque recuerda que se tuvo que activar el plan de emergencia interior de la central¡ª sostiene que se produjo un forcejeo con los vigilantes de seguridad en el que se golpe¨® a estos trabajadores de Cofrentes. La fiscal¨ªa mantiene que "uno de los acusados, al girarse con la radial en marcha, cort¨® en la zona abdominal" a uno de los agentes de seguridad privada, que result¨® herido leve. Una vez dentro, tres activistas se encaramaron a las torres de refrigeraci¨®n de la central y realizaron las pintadas, adem¨¢s de colocar una gran pancarta. El fiscal asegura que los agentes de la Guardia Civil que acudieron despu¨¦s a la central instaron "en repetidas ocasiones" a que depusieran su actitud. Pero los activistas hicieron "caso omiso".

Greenpeace se define como una organizaci¨®n pacifista, adem¨¢s de defensora del medio ambiente, y sostiene que en Cofrentes tampoco recurri¨® a la violencia, algo que rechaza Iberdrola, propietaria de la central. Mario Rodr¨ªguez entiende que lo que se pretende en este caso es la "criminalizaci¨®n de la protesta pac¨ªfica" y que las penas que se solicitan son "excesivas y desproporcionadas".

El ministerio p¨²blico les acusa de herir con una radial a un vigilante

Algo parecido cuenta Pedro Armestre, un fotoperiodista que este a?o ha ganado los premios Ortega y Gasset y el Rey de Espa?a de Periodismo. "Tensi¨®n s¨ª hubo, pero no violencia ni golpes", asegura este fot¨®grafo independiente que cubri¨® la acci¨®n para Greenpeace. En su opini¨®n, este caso es una "llamada de atenci¨®n" contra las protestas.

Rodr¨ªguez afirma que la pena m¨¢s alta a la que se ha tenido que enfrentar su organizaci¨®n en Espa?a data de 2005. Un juzgado de C¨¢diz conden¨® al capit¨¢n del buque Rainbow warrior, propiedad de Greenpeace, por una protesta contra la guerra de Irak frente a la base de Rota. El marino fue condenado a seis meses de prisi¨®n por desobediencia. A otro de los activistas se le impuso una pena de 10 d¨ªas de c¨¢rcel.