El fiscal rebatir¨¢ la acusaci¨®n a la Infanta; pedir¨¢ 18 a?os para su esposo

El caso Urdangarin avanza hacia la apertura del juicio oral. El juez Jos¨¦ Castro recibir¨¢ este martes los escritos de calificaci¨®n de las acusaciones, que estipular¨¢n el abanico de delitos, el listado de acusados y las posibles penas. El fiscal anticorrupci¨®n Pedro Horrach ¡ªimpulsor con Castro de este causa¡ª presentar¨¢ un escrito de cerca de 600 folios, con dos anexos, que el juez deber¨¢ diseccionar antes de resolver qui¨¦nes estar¨¢n en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Audiencia de Palma, que ser¨¢ el sentenciador.

El fiscal tiene previsto reclamar penas que suman m¨¢s de 18 a?os c¨¢rcel para I?aki Urdangarin y 11 a?os de c¨¢rcel al presidente balear Jaume Matas. Pedro Horrach mantendr¨¢ en su alegato que no hay indicios concretos ni mecanismos de interpretaci¨®n de la ley para sentar en el banquillo a la infanta Cristina de Borb¨®n, a quien el juez Castro y Audiencia ven sospechosa de dos delitos fiscales.

Horrach no acusa a la hermana del rey Felipe VI, pero s¨ª le exigir¨¢ que, como responsable civil a t¨ªtulo lucrativo, cerca de 600.000 euros, los que disfrut¨® de la partida il¨ªcita obtenida por Urdangarin. En este sentido, ella ser¨ªa parte (civil) en la vista p¨²blica y deber¨ªa estar representada al inicio del juicio.

En este caso, otros principales imputados ¡ªadem¨¢s de la infanta Cristina y su esposo I?aki Urdangarin¡ª son Diego Torres y su esposa Ana Mar¨ªa Tejeiro y dos hermanos de ¨¦sta, Miguel y Marco, todos ellos gestores del Instituto N¨®os. Adem¨¢s se sentar¨¢n entre los acusados el expresidente Jaume Matas (PP) y cuatro ex altos cargos de su Gobierno balear, que han colaborado con la fiscal¨ªa. Por la rama valenciana del caso, hay cinco cargos pol¨ªticos encausados, encabezados por el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP) y, adem¨¢s, tres dirigentes de la Fundaci¨®n Madrid 2016, con la exconsejera de la candidatura Mercedes Coghen.

El juez Castro, con los escritos acusatorios sobre la mesa ¡ªincluidas las reclamaciones de responsabilidad civil¡ª tendr¨¢ que determinar si incluye a la infanta Cristina en el listado de acusados para el juicio, o, por el contrario, estima la tesis del fiscal, que exonera a la esposa de Urdangarin de ser cooperadora en los delitos fiscales por su esposo, idea que tambi¨¦n defiende la Abogac¨ªa del Estado.

Con una sola acusaci¨®n contra la Infanta, la popular del pseudo sindicato ultra Manos Limpias ¡ªque pedir¨¢ ocho a?os de c¨¢rcel para la hermana del Rey¡ª, el juez debe barajar la aplicaci¨®n de la llamada doctrina Bot¨ªn del Tribunal Supremo, que sostiene que si el Estado, como parte perjudicada ¡ªen un fraude fiscal¡ª, no acusa no cabe celebrar un juicio por el asunto, con una sola acusaci¨®n privada. Es posible, por otra parte, asumir una tesis adversa, la llamada doctrina Atutxa que, seg¨²n valoraciones jur¨ªdicas, avala la acusaci¨®n. La doctrina Atutxa, ideada para aplicarla en un delito de desobediencia, permite que, al carecer de un perjudicado concreto, una ¨²nica acci¨®n popular sirve para instar la apertura de juicio contra la infanta Cristina.

La Audiencia de Palma dej¨® la resoluci¨®n del papel final de la Cristina de Borb¨®n a criterio del instructor y remarc¨® que ¡°existe un matiz¡± en la Infanta, porque ella est¨¢ imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometi¨® su esposo I?aki Urdangarin, fraudes por los que la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado s¨ª act¨²an. El fiscal rechaza la potestad del juez para decidir la situaci¨®n final de la hermana del Rey.

El fiscal Horrach rechaza la potestad del juez para decidir la situaci¨®n final de la hermana del Rey

Un total de veinte personas figuran actualmente como imputados, tras las agregadas en su ¨²ltimo auto por la Audiencia. La sala mantuvo la imputaci¨®n de la Infanta y a?adi¨®, a ¨²ltima hora, un delito de blanqueo a I?aki Urdangarin, que ya cargaba con supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, delito fiscal, falsedad documental, fraude a la administraci¨®n, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y estafa.

La investigaci¨®n penal fue abierta en 2010 por el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, como una pieza separada del caso Palma Arena, de 2008, un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n centrado en las supuestas malversaciones y enriquecimiento del expresidente balear Jaume Matas (PP).

Un total de veinte personas figuran actualmente como imputadas

La pieza del tambi¨¦n denominado caso N¨®os fue dedicada inicialmente a investigar el supuesto desv¨ªo de 2,3 millones de euros p¨²blicos del Gobierno de Baleares de Jaume Matas hacia el Instituto N¨®os, de I?aki Urdangar¨ªn y su socio Diego Torres, en el que la infanta Cristina fue directiva.

El rastreo se ampli¨® a la actividad de N¨®os y Urdangarin en la Comunidad Valenciana, al detectarse un posible fraude con el instituto de m¨¢s de tres millones p¨²blicos de la Generalitat de Francisco Camps y la alcald¨ªa de Rita Barber¨¢. Ambos pol¨ªticos aforados fueron exonerados por el Tribunal Superior valenciano pero se?alados por el juez Jos¨¦ Castro y, m¨¢s recientemente, por la Audiencia de Palma. Ser¨¢n juzgados los subordinados de Camps y Barber¨¢, no aforados.