Derecho a saber

Las leyes de transparencia no bastan para erradicar la corrupci¨®n, pero sin ellas no habr¨¢ un avance sostenido. Todas las estrategias de lucha contra la venalidad pol¨ªtica pasan por abrir a los ciudadanos canales de informaci¨®n que permitan un escrutinio permanente de la acci¨®n p¨²blica, criterio que comparten todos los organismos internacionales empe?ados en esta materia. Este mi¨¦rcoles 10 de diciembre entra al fin en vigor la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y buen gobierno.

El pre¨¢mbulo de esta ley dice as¨ª: ¡°Solo cuando los ciudadanos pueden conocer c¨®mo se toman las decisiones que les afectan, c¨®mo se manejan los fondos p¨²blicos o bajo qu¨¦ criterios act¨²an nuestras instituciones podremos hablar de que los poderes p¨²blicos comienzan a responder a una sociedad que es cr¨ªtica, exigente, y que demanda participaci¨®n. Los pa¨ªses con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones m¨¢s fuertes, que favorecen el crecimiento econ¨®mico y el desarrollo social¡±.

A la luz de este alegato resulta incomprensible que nuestros gobernantes, de uno u otro signo, hayan tardado m¨¢s de 35 a?os en cumplir el mandato constitucional del art¨ªculo 105.b. Zapatero lo incluy¨® en su primer programa electoral de 2004 y se olvid¨® de ¨¦l en el segundo. En julio de 2011 aprob¨® un anteproyecto in articulo mortis, en el mismo Consejo de Ministros en el que anunci¨® el final de una legislatura a la que solo le quedaba la controvertida reforma del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n. Esperemos que la nueva ley impida al menos a nuestros gobernantes reservar para sus memorias la carta del BCE que precipit¨® aquella decisi¨®n.

El pasado nos seguir¨¢ persiguiendo hasta que se sustancien en los tribunales los sucesivos contubernios de pol¨ªticos y contratistas p¨²blicos, pero la nueva ley debe servir para que los ciudadanos realicen un escrutinio minucioso de las decisiones pol¨ªticas que evite al menos los delitos m¨¢s groseros. Todos los estudios de la OCDE o la Uni¨®n Europea coinciden en dos puntos: la contrataci¨®n p¨²blica es el gran sumidero del dinero p¨²blico que los partidos desv¨ªan ilegalmente a sus cuentas y las leyes de transparencia son un instrumento imprescindible para poner coto a tales pr¨¢cticas. L¨¢stima que la nueva ley nazca con tantas excepciones y que excluya la publicaci¨®n de borradores o informes previos a la toma de decisiones.

En su informe sobre corrupci¨®n pol¨ªtica publicado por la Comisi¨®n Europea a principios de este a?o (primero de una serie que promete ser bianual) aparece Finlandia como un pa¨ªs ejemplar en materia de control de las finanzas de los partidos tras la aprobaci¨®n de una ley espec¨ªfica en 2010 que les obliga a publicar en su web todos los datos econ¨®micos de la organizaci¨®n, de sus cargos electos, tambi¨¦n de sus fundaciones (uno de los agujeros negros de nuestra normativa).

La ley contra el soborno aprobada en el Reino Unido en 2010 figura como una de las m¨¢s rigurosas del mundo, que contempla la persecuci¨®n de sobornos en terceros pa¨ªses y extiende la responsabilidad penal a sociedades mercantiles que no hayan sido diligentes a la hora de evitarlos. La jurisdicci¨®n extraterritorial (que la reforma Gallard¨®n redujo a la nada) permite perseguir a empresas con actividad en el Reino Unido aunque est¨¦n domiciliadas en el extranjero. ?Recuerda alguien un proceso de estas caracter¨ªsticas en nuestro pa¨ªs? ?Es que nuestros empresarios consiguen sus contratos en el exterior en r¨¦gimen de rigurosa competencia sin apelar nunca a las coimas?

Construcci¨®n, servicios de basuras, energ¨ªa, transporte, defensa y sanidad son a juicio de la Comisi¨®n Europea los sectores m¨¢s vulnerables a la corrupci¨®n, con especial incidencia en la contrataci¨®n local y regional. De ah¨ª que algunos pa¨ªses hayan acentuado el escrutinio de las adjudicaciones locales mediante la creaci¨®n de bancos de datos nacionales. En Grecia ninguna adjudicaci¨®n p¨²blica de ninguna administraci¨®n puede ser aplicada a menos que se inscriba en el programa denominado Claridad. Eslovaquia ha firmado un acuerdo con Transparencia Internacional para que supervise los contratos de un centenar de ciudades. Alemania ha creado organismos centrales con el mismo fin. Eslovenia ha puesto en marcha el programa Supervizor que ofrece un panorama completo de lo que cada a?o gasta el Estado y a qui¨¦n adjudica sus contratos. Portugal hace lo propio con su programa BASE.

Nuestro pa¨ªs lleva un notable retraso en este ¨¢mbito, en el que se le han anticipado las democracias poscomunistas. Aparte de ser el ¨²ltimo en aprobar una ley de transparencia, su entrada en vigor parece haber pillado de sorpresa al propio Gobierno. Para empezar, no se ha nombrado a¨²n a los miembros del Consejo de Transparencia que presidir¨¢ Esther Arizmendi, hasta ahora directora general de modernizaci¨®n administrativa; ni se ha presentado el Portal de la Transparencia que debe centralizar el tr¨¢fico informativo, ni se ha aprobado el reglamento, de importancia capital para una norma de contenidos sumamente gen¨¦ricos. El silencio administrativo negativo anticipa una elevada litigiosidad contenciosa que agravar¨¢ el atasco en esta jurisdicci¨®n. De las preguntas formuladas en lo que va de a?o m¨¢s de un 50% han recibido la callada por respuesta seg¨²n la web Tuderechoasaber.es, un portal de referencia en el seguimiento de los temas de transparencia en Espa?a y en Europa.

En su discurso de investidura Rajoy se comprometi¨® a presentar la ley en un plazo de seis meses. La tramitaci¨®n parlamentaria y los sucesivos retrasos del Gobierno nos han situado ya en el ¨²ltimo a?o de una legislatura arrasada por los esc¨¢ndalos, que afectan principalmente al partido gobernante, que en el sumario del caso G¨¹rtel figura como ¡°part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo¡±, valoraci¨®n id¨¦ntica a la que origin¨® la dimisi¨®n de la ministra Mato. Solo su mayor¨ªa absoluta ha salvado al PP de mayores cat¨¢strofes. Aunque la norma no entra en vigor en Ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas hasta dentro de un a?o (por cierto, Madrid ni siquiera ha hecho un amago de elaborar su propia ley), cada ciudadano de este pa¨ªs tiene desde el mi¨¦rcoles 10 de diciembre la oportunidad de dirigirse a las Administraciones p¨²blicas en demanda de informaci¨®n. Antes de votar ejerzamos el derecho a saber.