Vocales del CGPJ rechazan las cr¨ªticas a la excarcelaci¨®n de etarras

Seis vocales de la minor¨ªa progresista del Consejo General del Poder Judicial han solicitado a la Comisi¨®n Permanente del ¨®rgano de gobierno de los jueces que salga p¨²blicamente en defensa de la independencia de cuatro magistrados de la Audiencia Nacional, ante las "descalificaciones personales y profesionales muy graves" a que, seg¨²n ellos, "se est¨¢n viendo sometidos por algunos poderes p¨²blicos" tras su decisi¨®n de excarcelar a presos de ETA al computarles las penas cumplidas en Francia.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PA?S y que ser¨¢ estudiado por la Comisi¨®n Permanente el pr¨®ximo 16 de diciembre, los vocales se refieren expresamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, que el viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que los tres magistrados de la Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia que excarcelaron al exdirigente etarra Santiago Arr¨®spide Sarasola, Santi Potros, y al miembro de la banda Alberto Plazaola, actuaron con un "criterio incomprensible" al aplicar una normativa europea. Otra secci¨®n de la Audiencia, la Segunda, aplic¨® una Ley Org¨¢nica que todav¨ªa no hab¨ªa entrado en vigor y que impide la acumulaci¨®n de condenas cumplidas en el extranjero anterior a agosto de 2010, para impedir que otro etarra, I?aki Bilbao Beaskoetxea, se viera beneficiado en el c¨®mputo de cumplimiento de condena en Espa?a.

En esa comparecencia, la n¨²mero dos del Ejecutivo critic¨® abiertamente la decisi¨®n de la Secci¨®n Primera: ¡°Los ciudadanos no lo entienden y nosotros [el Gobierno] tampoco lo entendemos¡± clam¨® la vicepresidenta. S¨¢enz de Santamar¨ªa critic¨® que la decisi¨®n puede variar en funci¨®n de la sala que la adopte, y apoy¨® la decisi¨®n de la fiscal¨ªa de recurrir esta puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. ¡°Nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso es m¨¢s dif¨ªcil porque, depende de la secci¨®n, se toma una decisi¨®n u otra. La ley es muy clara y el criterio de la Secci¨®n Primera no cabe en esta ley. El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la fiscal¨ªa¡±, asegur¨®.

Junto a lo que consideran una "injerencia" del Ejecutivo en la independencia de los jueces, los vocales mostraron su "honda preocupaci¨®n" por las "invectivas" que los magistrados que decretaron la acumulaci¨®n de las condenas en Francia han sufrido de algunos medios de comunicaci¨®n. "Cuando se vierten en la opini¨®n p¨²blica destacando los datos identificativos y la imagen de los magistrados que las adoptan, acompa?ado de comentarios agresivos y vejatorios y enmarcado todo ello en una puesta en escena calculadamente manipuladora, cabe sostener fundadamente que se est¨¢ instrumentalizando ese derecho a la libre emisi¨®n y difusi¨®n de opiniones para quebrantar la independencia judicial¡±, sostienen los firmantes, Roser Bach, Victoria Cinto, Rafael Mozo, Concepcion S¨¢ez, Pilar Sep¨²lveda y Clara Mart¨ªnez de Careaga.

Seg¨²n los vocales, "son las injerencias entre los poderes del Estado y el abuso en el ejercicio de los derechos lo que contribuye a minar la confianza p¨²blica que debe inspirar en todo momento la actuaci¨®n del Poder Judicial, a disminuir la confianza de los ciudadanos en los juzgados y tribunales y a generar la sospecha de falta de imparcialidad en jueces y magistrados¡±. Por ello, los vocales piden que el CGPJ salga en defensa de los jueces Manuel Fern¨¢ndez de Prado, Ram¨®n S¨¢ez y Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, magistrados de la Secci¨®n Primera que acordaron la acumulaci¨®n de las condenas, y de Jos¨¦ Ricardo de Prada, juez de la Secci¨®n Segunda que emiti¨® un voto particular en el mismo sentido.

La asociaci¨®n JpD, de car¨¢cter progresista, reclam¨® al Ejecutivo ¡°un mayor respeto hacia la actuaci¨®n independiente de los tribunales¡±

La asociaci¨®n Jueces para la Democracia (JpD) rechaz¨® ayer los ataques del Gobierno y de ¡°determinados medios p¨²blicos de comunicaci¨®n¡± a la Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional por la excarcelaci¨®n de presos de ETA al computarles las penas cumplidas en Francia en aplicaci¨®n de una normativa europea. La asociaci¨®n, de car¨¢cter progresista, reclam¨® al Ejecutivo ¡°un mayor respeto hacia la actuaci¨®n independiente de los tribunales¡±.

JpD ha recordado que ¡°las resoluciones de nuestros tribunales pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jur¨ªdicos¡±, pero, afirman, ¡°no resulta aceptable (¡­) la descalificaci¨®n institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros ¨®rganos judiciales se ajusten a los criterios del poder pol¨ªtico¡±. Seg¨²n la asociaci¨®n, ¡°con estas actuaciones, el Gobierno est¨¢ perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la divisi¨®n de poderes¡±.

Tras defender la independencia de los jueces y magistrados, JpD ha lamentado que el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, ¡°no act¨²en ante una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias¡±. La asociaci¨®n ve ¡°inadmisible erosionar nuestro Estado de Derecho¡± y contrario a la ¨¦tica ¡°utilizar el dolor de las v¨ªctimas de manera partidista¡±.

JpD recuerda que ¡°desde la judicatura no se ha mostrado jam¨¢s ninguna comprensi¨®n hacia los cr¨ªmenes terroristas¡± y que ¡°las resoluciones de la Audiencia Nacional han sido fundamentales en la respuesta penal a estos delitos¡±. Tras expresar su solidaridad con las v¨ªctimas de ETA, la asociaci¨®n sostiene que ¡°una democracia constitucional se debilita cuando el poder pol¨ªtico utiliza mecanismos de instrumentalizaci¨®n emocional para atacar las instituciones judiciales¡±.

Por su parte, Pablo Llarena, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial y considerada de tendencia conservadora, consider¨® que las manifestaciones de la vicepresidenta no suponen un ataque a la independencia de los jueces. "Atentar contra la independencia de los jueces y magistrados es dificultarles su labor frente a su propio criterio. Aqu¨ª se observan dos posiciones judiciales, y que el Gobierno discrepe de una de ellas y se posicione a favor de otra tesis, no compromete la independencia", afirm¨®.