El juez procesa a 19 personas por la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano
El magistrado cree que constructores pagaron parte de las campa?as de 2007 y 2008
El juez Jos¨¦ Ceres, que instruye el?caso G¨¹rtel en Valencia, proces¨® el pasado lunes a 19 personas?por supuestos delitos electorales (nombre t¨¦cnico de la financiaci¨®n ilegal) en las campa?as de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, adem¨¢s de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la direcci¨®n regional de la formaci¨®n en aquella ¨¦poca: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campa?a Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todav¨ªa gerente Cristina Ib¨¢?ez; el exvicesecretario de Organizaci¨®n David Serra, y la extesorera Yolanda Garc¨ªa.
El sistema de financiaci¨®n y pago se hac¨ªa de modo dual, seg¨²n Ceres
Con el procesamiento de los imputados se cierra la fase de investigaci¨®n de la causa, que queda ahora a la espera de que las partes presenten sus escritos de calificaci¨®n y soliciten la apertura o no de juicio.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana proces¨® tambi¨¦n a los cabecillas de la red G¨¹rtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Y a una decena de empresarios del sector de la construcci¨®n y la obra p¨²blica, adjudicatarios de contratos de la Generalitat en una ¨¦poca de gran desarrollo inmobiliario y de infraestructuras, que habr¨ªan realizado aportaciones irregulares. El instructor dej¨® fuera de la causa, en cambio, al extesorero nacional del partido Luis B¨¢rcenas.
¡°De lo investigado¡± durante seis a?os, indica el auto del juez Ceres, resulta que el ¡°sistema de financiaci¨®n y pago por el Partido Popular de los gastos en que incurr¨ªa por los servicios y organizaci¨®n de actos que realizaba Orange Market¡±, una de las empresas del grupo de Correa, ¡°se abon¨® presuntamente de forma dual¡± por parte de la formaci¨®n. ¡°Es decir, que al menos en una parte relevante se abon¨® con cantidades econ¨®micas ajenas al circuito econ¨®mico legal, denomin¨¢ndose en los archivos internos de Orange Market Barcelona, junto a otra parte que se abonaba de forma legal, en Alicante seg¨²n dichos archivos, mediante emisi¨®n de factura¡±.
Seg¨²n las estimaciones de los inspectores de Hacienda que han analizado la contabilidad de la red de Correa y la de los populares valencianos, el ¡°total de ingresos¡± que no fueron ¡°incluidos en la contabilidad oficial del PP¡± en el a?o 2007 fue de al menos 2,5 millones de euros. Y en 2008, la suma de presuntos pagos ¡°en b¡± y realizados ¡°por terceros¡± (los constructores procesados) alcanz¨® el mill¨®n de euros.
Los partidos han planteado ampliar el alcance del delito electoral en la reforma del C¨®digo Penal. El juez Ceres recuerda, sin embargo, que en el momento de los hechos este delito estaba limitado a la ¡°financiaci¨®n irregular¡± cometida ¡°en campa?as electorales¡±. En 2007 hubo comicios locales y auton¨®micos y en 2008, generales. Las ¡°presuntas irregularidades de gastos e ingresos¡± detectadas en esos ejercicios pero fuera del periodo de campa?a tambi¨¦n revisten para el magistrado car¨¢cter delictivo, pero quedar¨ªan englobadas bajo la figura de las ¡°falsedades¡±. El instructor deja para una eventual sentencia la concreci¨®n del tipo de falsedades cometidas.
El marco legal
- El delito electoral recogido en el art¨ªculo 149 de la Ley del R¨¦gimen Electoral General establece en su redacci¨®n aplicable a este caso que "los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminuci¨®n de las partidas contables" ser¨¢n castigados a penas de "uno a cuatro a?os de c¨¢rcely multa de 12 a 24 meses".
- El juez Ceres a?ade, citando una sentencia del Supremo, que, para ser delictiva, la financiaci¨®n irregular "debe cometerse en las campa?as"; "si bien ello no es ¨®bice" para que las irregularidades fuera de ese periodo puedan encajar en otros tipos penales, como los de falsedad.
La investigaci¨®n de la supuesta financiaci¨®n irregular, iniciada por el entonces titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero cinco de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, se centr¨® en sus albores en los pagos de m¨ªtines y actos electorales por parte de ocho empresas de la construcci¨®n. Ceres llega seis a?os despu¨¦s a la misma conclusi¨®n al mantener que ¡°se produc¨ªan unos ingresos indirectos en el partido mediante disminuci¨®n del d¨¦bito mantenido¡± por la formaci¨®n ¡°con Orange Market a trav¨¦s de pagos que diversas sociedades realizaban¡± a esta empresa, organizadora en exclusiva de las campa?as de los populares valencianos, y que se enmascaraban ¡°mediante contratos aparentes¡± que no implicaban ¡°una real prestaci¨®n de servicios¡±.
Entre los empresarios procesados figuran algunos que se han visto salpicados por otros esc¨¢ndalos. Es el caso de Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino), a quien la semana pasada se le abri¨® juicio en otro procedimiento por delito fiscal junto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja Jos¨¦ Luis Olivas. El del constructor Enrique Ortiz, imputado con la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo en el caso Brugal. Y tambi¨¦n el del exresponsable de la patronal de Alicante Rafael Mart¨ªnez Berna. El resto de empresarios procesados son Enrique Gimeno (Facsa), Alejandro y Antonio Pons (Piaf) y Gabriel Alberto Batalla y (Lubasa).
El magistrado atribuye la responsabilidad exclusiva de haber contratado con Orange Market, la filial valenciana del grupo de Correa, a la direcci¨®n regional de los populares. Y dicta el sobreseimiento provisional de B¨¢rcenas y del exgerente nacional Crist¨®bal P¨¢ez al considerar que, si no se les comunicaron las contrataciones ¡°dif¨ªcilmente puede partirse de conocimiento alguno¡± por su parte.
Victorias populares cuestionadas
Los socialistas valencianos, que ejercen la acusaci¨®n en la causa desde 2009, reaccionaron el pasado lunes al procesamiento de la antigua c¨²pula del PP regional por financiaci¨®n ilegal cuestionando las victorias electorales conseguidas por sus rivales. En especial, las de 2007, cuando el expresidente de la Generalitat Francisco Camps afianz¨® su mayor¨ªa absoluta en el Parlamento auton¨®mico y el partido reforz¨® su dominio en la mayor¨ªa de municipios valencianos. ¡°La justicia ha dictaminado que el PP iba dopado a las elecciones¡±, declar¨® el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que consider¨® ¡°ileg¨ªtimo¡± aquel Ejecutivo ¡°porque gan¨® las elecciones haciendo trampas desde el minuto uno¡±. Puig afirm¨® que ¡°en cualquier democracia se tomar¨ªan ahora mismo decisiones fundamentales¡±, como la convocatoria anticipada de elecciones.
Dos de los procesados, el ex secretario general Ricardo Costa y la extesorera Yolanda Garc¨ªa, siguen siendo diputados del PP en la C¨¢mara auton¨®mica. En declaraciones a la agencia Efe, Costa asegur¨® el lunes que dejar¨¢ su esca?o a lo largo del mes de enero. Si Garc¨ªa sigue los pasos de su compa?ero de bancada, la decisi¨®n provocar¨¢ un par¨®n en el procedimiento, que ser¨¢ probablemente trasladado a la Audiencia Provincial de Valencia al no quedar ning¨²n aforado en esa parte del caso G¨¹rtel que justifique su permanencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Supremo ha zanjado que el momento a partir del cual la competencia de un tribunal no puede cambiar es el auto de apertura de juicio.
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