Petici¨®n de diez a?os de c¨¢rcel para dos excargos del PP balear

Dos antiguos gerentes con el PP del Instituto balear del Turismo (Ibatur), entidad p¨²blica del Gobierno de Baleares que manej¨® presupuestos de m¨¢s de 20 millones anuales, se enfrentan a peticiones de diez a?os de c¨¢rcel por supuesta corrupci¨®n. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acusa a Juan Carlos Al¨ªa y a Raimundo Alabern por el supuesto cobro de comisiones de hasta el 15 % y exigir regalos y la realizaci¨®n de trabajos particulares a las empresas suministradoras de servicios con las que se concertaban.

Los supuestos delitos investigados son los de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, cohecho, fraude a la administraci¨®n, prevaricaci¨®n, falsedad en documento mercantil y tr¨¢fico de influencias. Alabern, seg¨²n el escrito judicial de final de la instrucci¨®n del juez Pedro Barcel¨®, lleg¨® a reclamar a una suministradora la impresi¨®n de folletos para la bodega de su familia, Son Puig.

Al¨ªa, tras salir del cargo de gerente, por un esc¨¢ndalo p¨²blico de gastos de fondos p¨²blicos en un club er¨®tico de Mosc¨², qued¨® bajo la protecci¨®n pol¨ªtica del PP y fue compensado econ¨®micamente: factur¨® mensualmente a Ibatur por la realizaci¨®n de supuestos trabajos.

En total se han detectado el cobro de d¨¢divas por 128.400 euros en el per¨ªodo de 2004-2007. La acusaci¨®n, ejercida por el fiscal Juan Carrau, indica que los imputados aprovecharon sus cargos para contratar de manera ilegal y arbitraria y favorecer con fondos p¨²blicos a empresarios de los que obten¨ªan beneficios, un porcentaje sobre las adjudicaciones. A los acusados se les reclama una responsabilidad civil de unos 321.000 euros.

Con los dos ex altos cargos estar¨¢ en el banquillo el tercer pe¨®n de la trama, el jefe de la asesor¨ªa jur¨ªdica de Ibatur, Miguel ?ngel Bonet, con una petici¨®n de cinco a?os de c¨¢rcel. Bonet tiene una condena por malversaci¨®n y figura imputado en el ¡®caso N¨®os¡¯.

Tres empresarios (Kamal Dorai, Tolo Morey y Francisca Jaume) que se concertaron con los cargos p¨²blicos se enfrentan a posibles condenas de entre tres a?os; uno de ellos, el editor Morey que ayud¨® a destapar la trama y confes¨® los delitos al ser detenido, merece atenuantes de colaboraci¨®n con la justicia y pact¨® una posible pena de un a?o y medio de prisi¨®n. Los miembros del clan corrupto evitaron que otros empresarios pudieran concurrir a las adjudicaciones y fragmentaban los importes y traficaban con facturas.