La sala clave del Supremo protesta por las injerencias del Gobierno

Trece de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que instruye todos los casos en los que hay imputados pol¨ªticos aforados por el Congreso o el Senado, firmaron este jueves un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial. En un gesto ins¨®lito en la historia reciente del Supremo, los 13 magistrados, entre ellos varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura, firmaron una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que act¨²e ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, en las que este calific¨® de ¡°lamentables¡± las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.

El escrito est¨¢ suscrito por todos los miembros de la sala de lo Penal, incluidos los tres em¨¦ritos, excepto el presidente Marchena y los magistrados Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, Antonio del Moral, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta y Carlos Granados. La reacci¨®n de los jueces llega despu¨¦s de que varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, y el titular de Justicia, Rafael Catal¨¢, hayan criticado en p¨²blico las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en Espa?a las penas cumplidas en otros pa¨ªses.

Estas cr¨ªticas han sido recibidas entre miembros de todos los sectores de la judicatura como una intromisi¨®n del Gobierno en la independencia judicial, pero los jueces, hasta ahora, hab¨ªan optado por silenciar en p¨²blico su malestar. El detonante de la carta de los magistrados de lo Penal han sido unas declaraciones de Fern¨¢ndez D¨ªaz en una entrevista publicada el pasado s¨¢bado por La Raz¨®n. El ministro fue preguntado por la acumulaci¨®n de penas a etarras, que el Tribunal Supremo aval¨® en marzo, cuando oblig¨® a la Audiencia a revisar la condena del etarra Jos¨¦ Luis Urrusolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. ¡°Me parece lamentable desde todos los puntos de vista, tambi¨¦n jur¨ªdicamente¡±, respondi¨® el ministro; a la pregunta de si los jueces pod¨ªan estar prevaricando al tomar estas decisiones, contest¨®: ¡°Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad pol¨ªtica o administrativa, quiz¨¢ en estos momentos se le estar¨ªa acusando de un posible delito de prevaricaci¨®n¡±.

Los jueces recogen en su escrito estas declaraciones, as¨ª como otras de la misma entrevista en las que Fern¨¢ndez D¨ªaz lamenta que se haga ¡°un uso alternativo del derecho¡± y sostiene que estas decisiones judiciales ¡°provocan falta de confianza en las instituciones¡±.

Los 13 magistrados que firman la carta, ¡°sin a?adir calificaci¨®n alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno¡±, piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su ¡°desaz¨®n¡± por estas afirmaciones. Los jueces instan a Lesmes a que, si considera que las afirmaciones del ministro ¡°no son adecuadas ni guardan el debido respeto¡± al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida ¡°que ponga coto¡± a manifestaciones como las de su ministro del Interior.

Entre los cinco miembros de la Sala de lo Penal que no han firmado la carta se encuentran Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta y Antonio del Moral, que fueron dos de los cinco magistrados del Supremo que en marzo suscribieron la sentencia que avalaba la acumulaci¨®n de penas del etarra Urrusolo Sistiaga. El alto tribunal celebr¨® el pasado martes un pleno en el que ten¨ªa previsto unificar criterio sobre este asunto, pero, tras un largo debate, decidi¨® aplazar la decisi¨®n hasta, al menos, el pr¨®ximo enero.