La infanta Cristina, al banquillo como cooperadora del fraude de su marido

El juez Jos¨¦ Castro acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y ha decidido que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borb¨®n, debe sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgar¨¢ como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido. El instructor considera que la esposa de I?aki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentar¨¢ en el el banquillo junto a 16 personas m¨¢s, entre ellas, su marido.

El magistrado Castro, al poner el broche a la instrucci¨®n despu¨¦s de cuatro a?os, mantiene el criterio que expres¨® en 2013 cuando dict¨® la primera imputaci¨®n contra la Infanta, implicaci¨®n que inicialmente derrib¨® la Audiencia de Palma. Semanas atr¨¢s, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borb¨®n por dos supuestos delitos contra la Hacienda p¨²blica, a pesar de que existe contra ella una ¨²nica acusaci¨®n la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho a?os de c¨¢rcel para la infanta.

El juez ha desatendido las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificaci¨®n del fiscal anticorrupci¨®n Pedro Horrach, de la Abogac¨ªa del Estado y de los letrados de Cristina de Borb¨®n. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, adem¨¢s, subrayaron que era de inexcusable aplicaci¨®n ¨Ca su favor- la llamada doctrina Bot¨ªn, del Tribunal Supremo que se?ala que si no acusan la fiscal¨ªa y la abogac¨ªa estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.

El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscal¨ªa y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay raz¨®n por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusaci¨®n de doble delito fiscal, cabr¨ªa declarar a la Infanta "part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de los dem¨¢s supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".

El juez pide que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide m¨¢s de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo.

Cristina de Borb¨®n ha protagonizado desde 2013 ¨Cy desde su declaraci¨®n ante el juez como imputada de febrero de 2014- gran parte de las informaciones sobre el caso Urdangarin tambi¨¦n llamado caso N¨®os.

El asunto judicial se abri¨® en 2010 para investigar la supuesta malversaci¨®n de seis millones de fondos p¨²blicos de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por I?aki Urdangarin y su socio Diego Torres, a trav¨¦s del Instituto N¨®os. La lupa escrutadora se centr¨® en la presencia de Cristina de Borb¨®n en la junta de N¨®os y, especialmente, en su papel de copropietaria con su marido de la compa?¨ªa Aizoon en la que se drenaron cantidad supuestamente defraudadas.

El ¨²ltimo escrito determinante en la causa del juez Castro, el auto de apertura del juicio oral, contiene el relato de hechos bajo sospecha, el abanico de supuestos delitos y as¨ª como el listado de acusados que han de estar en el banquillo para ser juzgados. El socio Diego Torres, su esposa Ana Maria Tejeiro y sus dos hermanos colaboradores de N¨®os. El ex presidente Jaume Matas y cuatro de sus colaboradores, cargos de Madrid 2016 y de la Comunidad Valenciana.

El fiscal quiere una petici¨®n de pena m¨¢xima de 19, 5 a?os de prisi¨®n contra I?aki Urdangarin y una multa de 3,5 millones mientras que para el expresidente balear Jaume Matas la pena reclamada es de 11 a?os. Para Diego Torres son m¨¢s de 16 a?os. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no ve culpable a la Infanta pero le exige el pago de casi 600.000 euros por su responsabilidad civil a t¨ªtulo lucrativo de los fondos fraudulentos operados en Aizoon aun sin saber su procedencia ilegal y no ser administradora de la compa?¨ªa. La Infanta deposit¨® esta partida en el juzgado. Al abonar esta cantidad (de no ir a juicio) evitaba ser parte ¨Ccivil- en la causa y ser citada como solicita el fiscal.

I?aki Urdangarin se enfrenta a acusaciones por los supuestos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, estafa, prevaricaci¨®n, falsedad en documento p¨²blico, falsedad en documento mercantil, fraude a la administraci¨®n, dos delitos contra la hacienda p¨²blica y uno delito de blanqueo de capitales.