Razones para el banquillo: ¡°Hacienda somos todos¡±
El juez usa la publicidad de la Agencia Tributaria para sortear el precedente de la ¡®doctrina Bot¨ªn¡¯ y rechazar el archivo
El juez Jos¨¦ Castro dedica 30 de los 150 folios de su auto de apertura del juicio oral del caso N¨®os a justificar las razones por las que considera que la infanta Cristina, acusada de dos delitos fiscales, debe sentarse en el banquillo. Lo ha hecho ante la controversia planteada, entre otros, por los abogados de la hermana del Rey, quienes interpretaban que hab¨ªa que archivar la causa contra la infanta porque ni el supuesto perjudicado por los supuestos delitos fiscales que se le imputan (la Agencia Tributaria) ni la fiscal¨ªa la acusaban. Con la ¨²nica iniciativa de la acusaci¨®n popular no es posible abrir juicio oral, seg¨²n esta tesis que se basa en la denominada doctrina Bot¨ªn, una sentencia del Tribunal Supremo que respald¨® en 2007 el archivo de una causa abierta contra el presidente del Banco Santander debido a que en la misma no acusaban ni la Abogac¨ªa del Estado ni el fiscal.
Jos¨¦ Castro no ve un dogma irrefutable en esa sentencia: cree que el caso que instruye se puede juzgar a la luz de otras interpretaciones jur¨ªdicas, no solamente la contenida en la doctrina Bot¨ªn.
El instructor recuerda la sentencia del denominado caso Atutxa por la que fue condenado el ex presidente del Parlamento vasco pese a que la acci¨®n s¨®lo fue promovida por la acusaci¨®n popular.
El instructor explica que ¡°en el llamado caso Bot¨ªn formalmente no exist¨ªa perjudicado, ya que quien ostentaba la defensa de esa posici¨®n, la Abogac¨ªa del Estado, se desentendi¨® de todo perjuicio y solicit¨® el sobreseimiento libre de la causa¡±. Castro considera clave esta cuesti¨®n: en el caso N¨®os, subraya, ¡°la Abogac¨ªa del Estado s¨ª que se estima perjudicada, s¨ª que ejercita la acci¨®n penal y consecuentemente interesa la apertura del juicio oral, haci¨¦ndolo justamente por dos delitos de fraude a la Hacienda P¨²blica, que son precisamente de los que acusa a I?aki Urdangarin y similar planteamiento hace el Ministerio Fiscal¡±.
El magistrado abre juicio aunque no hay acusaci¨®n particular ni de la fiscal¨ªa
El juez recuerda los esl¨®ganes de la publicidad oficial de la Agencia Tributaria ¡ª¡°Hacienda somos todos¡± o ¡°Lo que t¨² defraudas lo pagamos todos¡±¡ª para reforzar su tesis a favor de que una acusaci¨®n popular en solitario pida la apertura de juicio oral por un delito contra la Hacienda P¨²blica. Castro recuerda que el Supremo ya admiti¨® en la sentencia del caso Atutxa la posibilidad de juzgar a alguien con la ¨²nica iniciativa de la acusaci¨®n popular siempre que fuera ¡°por delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de car¨¢cter metaindividual¡±.
El juez se pregunta si los delitos contra la Hacienda P¨²blica, como los que se imputan a Cristina de Borb¨®n, afectan a bienes de naturaleza colectiva. Y se responde: ¡°Aunque ya la duda ofender¨ªa, el art¨ªculo 31 de la Constituci¨®n establece entre los deberes de los ciudadanos el de contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos¡±.
Castro cita tambi¨¦n un convenio de 2005 entre la Agencia Tributaria y el Ministerio de Justicia en materia de prevenci¨®n y lucha contra el fraude fiscal: ¡°Los incumplimientos fiscales no s¨®lo perjudican los intereses de la Hacienda P¨²blica, y con ello los de la mayor¨ªa de los ciudadanos, que cumplen con sus obligaciones fiscales, sino que introducen un factor de competencia desleal en el sector en que se producen y, en resumen, en la econom¨ªa espa?ola¡±, dec¨ªa aquel convenio. Estas afirmaciones llevan al juez a concluir que ¡°la naturaleza del delito contra la Hacienda P¨²blica es un atentado a un bien jur¨ªdico colectivo de inter¨¦s general y que por tanto no vulnera un bien jur¨ªdico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria¡±. Y concluye: ¡°Llegar a la conclusi¨®n de que en los delitos contra la Hacienda P¨²blica el perjudicado, o el ¨²nico perjudicado, es la Abogac¨ªa del Estado, ser¨ªa tanto como decir que ante un fraude del que fuera v¨ªctima una comunidad de propietarios el perjudicado ser¨ªa su administrador y no aquellos¡±.
Es decir, que el delito fiscal es contra toda la sociedad; y por tanto puede investigarse aunque solo exista acusaci¨®n popular.
La Infanta recurrir¨¢
Los 30 folios que el juez Jos¨¦ Castro dedica en el auto de apertura de juicio oral a justificar por qu¨¦ no archiva la causa contra la Infanta pese a que no acusan ni la Abogac¨ªa del Estado ni el ministerio fiscal servir¨¢n como base del recurso que presentar¨¢ Cristina de Borb¨®n, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a su defensa. Los abogados de la Infanta consideran que esa reflexi¨®n del juez es en realidad una resoluci¨®n judicial donde responde a la petici¨®n de sobreseimiento. Por esa raz¨®n recurrir¨¢n ante el propio juez y, en ¨²ltima instancia, ante la Audiencia Provincial.
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