El fiscal pide m¨¢s datos de los delitos que ve en las cuentas de los partidos

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Gonzalo Soler, explic¨® ayer que ha pedido ¡°pruebas complementarias¡± sobre el informe de fiscalizaci¨®n del ejercicio 2012 relativo a los partidos pol¨ªticos y sus fundaciones afines. La fiscal¨ªa redact¨® el pasado 15 de diciembre un exhaustivo y contundente informe de 15 folios en el que aprecia graves delitos tributarios y de falsedad en las cuentas de casi todos los grandes partidos pol¨ªticos, tal como adelant¨® ayer EL PA?S.

Gonzalo aclar¨® que el informe es a¨²n provisional y se?al¨® que, una vez le lleguen y pueda analizar las citadas pruebas complementarias, decidir¨¢ el destino final de las diligencias que mantiene abiertas contra PSOE, PP, Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalu?a, Uni¨® Democr¨¤tica de Catalu?a, PNV y Eusko Alkartasuna por hechos que, de momento, enmarca dentro del C¨®digo Penal.

El fiscal jefe ha solicitado las citadas pruebas al propio tribunal, que es el que ha fiscalizado y auditado las cuentas de 2012 de todas estas formaciones y elaborado el informe en el que se basa el ministerio p¨²blico para entender que concurren indicios de il¨ªcitos penales en todos ellos. Durante la auditor¨ªa, el tribunal suele pedir aclaraciones a los partidos para que consten en el informe de fiscalizaci¨®n. Con todo ello extrae sus conclusiones. No obstante, hecho eso, los partidos tienen derecho a presentar sus alegaciones, que son o no atendidas en cada caso.

El de 2012 es el ¨²ltimo informe de fiscalizaci¨®n sobre los partidos pol¨ªticos que tienen ahora sobre la mesa los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas. Y, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos ejercicios anteriores, los hechos no estar¨ªan prescritos. Nunca el Tribunal de Cuentas ha tomado medidas dr¨¢sticas contra ning¨²n partido (ni tampoco la fiscal¨ªa hab¨ªa emitido antes un informe tan duro sobre las cuentas de los partidos pol¨ªticos).

Fuentes del Tribunal de Cuentas indicaron ayer que el procedimiento sobre las cuentas de estas formaciones sigue abierto (¡°no hay nada archivado¡±) y que al fiscal se le abren ahora dos v¨ªas si no le convencen las pruebas complementarias: una, elevar los delitos hallados a sus colegas fiscales de la jurisdicci¨®n ordinaria para que estos incoen los oportunos procedimientos penales. Y dos: aparte de la v¨ªa penal, tambi¨¦n puede abrir otro procedimiento en el seno del propio Tribunal de Cuentas si entiende que, adem¨¢s, existen infracciones administrativas. En este ¨²ltimo caso, el procedimiento pasar¨ªa a la secci¨®n de Enjuiciamiento para que analice el informe del fiscal y dictamine si archiva o, por el contrario, toma medidas contra los partidos supuestamente infractores. Gonzalo esperar¨¢ a recibir las pruebas solicitadas para decidir qu¨¦ camino sigue en este caso.

El informe fechado por el propio fiscal jefe el pasado 15 de diciembre se ci?e a las infracciones penales de estas formaciones, sin entrar en las administrativas. En su escrito, Gonzalo se queja de la falta de fiscales y medios que existen en su departamento para explicar su tardanza en emitirlo y, adem¨¢s, denuncia que determinados aspectos del informe del tribunal est¨¢n redactados de forma que algunos pasajes se interpreten ¡°en el sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales¡±.

La misi¨®n del Tribunal de Cuentas es auditar las finanzas de los partidos y administraciones p¨²blicas y tratar de recuperar para el Estado el dinero distra¨ªdo o no enviado a su finalidad legal. Y por ello tiene plena facultad para, por ejemplo, ordenar embargos de muebles o inmuebles de infractores e incluso subvenciones estatales en el caso de los partidos que no ajusten sus cuentas a la legalidad. Pero nunca este tribunal, al menos en los ¨²ltimos lustros, ha tomado ninguna medida extrema contra una formaci¨®n pol¨ªtica, a pesar de que le han llegado informes donde se denunciaban graves irregularidades contables e incluso penales, afirman las citadas fuentes. Estos medios a?aden que los frecuentes retrasos en la tramitaci¨®n de los procesos fiscalizadores (de entre cuatro y cinco a?os) han propiciado con anterioridad la prescripci¨®n de muchos expedientes. Ya que, cuando el tribunal se dispon¨ªa a enjuiciarlos, se topaba con que hab¨ªan prescrito debido a las demoras que arrastraban. El tribunal se ha fijado como meta acortar sustancialmente el tiempo de respuesta a los asuntos. De hecho, ahora est¨¢ acabando de resolver el ejercicio de 2012.