G¨¹rtel, la corrupci¨®n que coloniz¨® al Partido Popular

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reclama 125 a?os y un mes de prisi¨®n y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, l¨ªder de la red G¨¹rtel, la trama de corrupci¨®n que coloniz¨® al Partido Popular desde finales de los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garz¨®n desbarat¨® el negocio y meti¨® en prisi¨®n a dos de sus cabecillas. Tambi¨¦n pide 42 a?os y medio de c¨¢rcel para Luis B¨¢rcenas, extesorero de la formaci¨®n conservadora, que ocult¨® al fisco una fortuna en Suiza que lleg¨® a sumar 48,2 millones de euros.

El ministerio p¨²blico present¨® ayer su escrito de conclusiones sobre el caso de corrupci¨®n m¨¢s destacado de la historia reciente. A lo largo de 512 p¨¢ginas, las fiscales Concepci¨®n Sabadell y Concepci¨®n Nicol¨¢s diseccionan el funcionamiento de la red de tr¨¢fico de influencias de Correa, al que acusan de utilizar su ¡°estrecha relaci¨®n¡± con algunos miembros clave del PP para ¡°apropiarse de fondos p¨²blicos¡±. Los contratos que diferentes administraciones populares, principalmente la Comunidad de Madrid, le otorgaron de manera irregular entre 2000 y 2008 suman 8,4 millones de euros, seg¨²n la fiscal¨ªa. Adem¨¢s, por comisiones de empresas ajenas a su grupo de sociedades, para las que ejerci¨® como conseguidor de contratos p¨²blicos, Correa obtuvo supuestamente 2,85 millones de euros.

El informe de conclusiones provisionales es el ¨²ltimo acto de la fiscal¨ªa en la instrucci¨®n del caso G¨¹rtel. El juicio oral est¨¢ previsto, seg¨²n fuentes judiciales, para finales de 2015, un a?o cargado de citas electorales donde el PP se juega su hegemon¨ªa en Ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de la naci¨®n.

Las fiscales piden penas de privaci¨®n de libertad para los 41 procesados en la primera fase de la investigaci¨®n. Entre ellos figuran cargos p¨²blicos del PP, como el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto L¨®pez Viejo o los exalcaldes de Pozuelo de Alarc¨®n y Majadahonda (Madrid), Jes¨²s Sep¨²lveda y Guillermo Ortega, y tres extesoreros nacionales del PP, el propio B¨¢rcenas y sus antecesores ?lvaro Lapuerta y ?ngel Sanchis, que manejaron las finanzas del partido durante m¨¢s de 20 a?os.

El informe de conclusiones llega apenas mes y medio despu¨¦s de que el juez de la Audiencia Nacional diera virtualmente por concluida la instrucci¨®n. Las representantes del ministerio p¨²blico hacen suya la conclusi¨®n de mayor calado pol¨ªtico de aquella resoluci¨®n judicial: la que considera ¡°part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo¡± de los delitos de algunos procesados al PP y a la exministra de Sanidad, Ana Mato, separada del exalcalde Jes¨²s Sep¨²lveda.

La fiscal¨ªa considera que Mato se benefici¨® de regalos en forma de viajes, art¨ªculos de lujo y celebraciones de eventos familiares por valor de 28.467 euros que la red corrupta pag¨® a su exesposo a cambio de contratos en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc¨®n, el m¨¢s rico de la Comunidad de Madrid.

La participaci¨®n a t¨ªtulo lucrativo, prevista en el art¨ªculo 122 del C¨®digo Penal, se aplica a las personas que se benefician del fruto de un delito ajeno sin ser conscientes del acto il¨ªcito. De no abonar esta cantidad antes de la celebraci¨®n del juicio ¡ªlo que supondr¨ªa aceptar impl¨ªcitamente haberse beneficiado de dinero sucio¡ª Mato previsiblemente deber¨¢ estar presente, al menos, en la primera jornada de la vista oral. Esta es la pr¨¢ctica habitual en las distintas secciones penales de la Audiencia Nacional en los ¨²ltimos a?os.

El informe tambi¨¦n resalta que las d¨¢divas que la trama de Correa entreg¨® a Sep¨²lveda y a su hom¨®logo de Majadahonda Guillermo Ortega sirvieron para sufragar gastos de campa?a electoral del Partido Popular en las municipales de 2003. Por ello, reclaman a la formaci¨®n conservadora 328.440 euros. La direcci¨®n nacional del PP no quiso ayer comentar nada y se limit¨® a expresar su ¡°respeto¡± por las peticiones de las fiscales.

Anticorrupci¨®n tambi¨¦n sostiene que Correa y el n¨²mero dos de la trama, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, crearon un procedimiento de facturas falsas con una triple finalidad: generar una caja b para sobornar a cargos p¨²blicos, eludir impuestos y encubrir la propiedad y el origen de los fondos conseguidos.

Para camuflar el dinero obtenido tras sobornar a los responsables p¨²blicos, la red de Correa dirig¨ªa estos fondos hacia las sociedades que constitu¨ªan la tapadera legal de la trama. Correa, antiguo botones de hotel, cre¨® una serie de empresas de organizaci¨®n de eventos, publicidad y agencias de viaje que tuvo como principal cliente al Partido Popular durante la ¨¦poca en que lo presidi¨® Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El entramado empresarial de Correa en Espa?a depend¨ªa en ¨²ltima instancia de entidades opacas en para¨ªsos fiscales, como la isla caribe?a de Nevis.

Uno de los pol¨ªticos fundamentales para alimentar a la trama es Alberto L¨®pez Viejo, exconsejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre. L¨®pez Viejo supuestamente recibi¨® 472.465 euros en ¡°gratificaciones¡± de Correa por adjudicar a sus empresas la organizaci¨®n de 386 actos propagand¨ªsticos de la expresidenta del PP de Madrid y autopostulada candidata al Ayuntamiento de la capital de Espa?a.

Las adjudicaciones se realizaban de forma ¡°directa y arbitraria¡± y fraccionando el importe de las facturas al margen de las leyes que regulan los contratos p¨²blicos. El beneficio para Correa fue de al menos 2,66 millones de euros.

El escrito de Anticorrupci¨®n recuerda que las adjudicaciones de actos de Aguirre fueron asumidas por consejer¨ªas distintas de Deportes y Presidencia. Para lograr que los funcionarios encargados de autorizar el pago de las facturas dieran el visto bueno a las irregularidades, L¨®pez Viejo ¡°recurri¨® al despliegue de toda su autoridad y ascendiente derivados de sus relaciones con la Presidencia de la Comunidad de Madrid¡±. Para L¨®pez Viejo la fiscal¨ªa solicita 46 a?os de prisi¨®n y una multa de 5,8 millones de euros.

En esta primera fase del caso G¨¹rtel hay imputados dos empresarios con m¨²ltiples contratos que, seg¨²n la investigaci¨®n, pagaron grandes cantidades en comisiones ilegales para conseguir distintas concesiones en municipios gobernados por el Partido Popular. El fiscal pide c¨¢rcel para ambos.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado que se cite como testigos a decenas de funcionarios de las distintas administraciones implicadas en la adjudicaci¨®n de contratos ama?ados. Tambi¨¦n quiere que se cite a la expresidenta auton¨®mica Esperanza Aguirre, que dirig¨ªa el Gobierno que m¨¢s contratos adjudic¨® a la trama corrupta; y a tres dirigentes pol¨ªticos que recibieron dinero de la caja b con la que, supuestamente, el PP se financi¨® ilegalmente durante al menos 15 a?os.