Jueces de la Audiencia denuncian que el Gobierno ataca su independencia

Tres magistrados de la secci¨®n primera de la Audiencia Nacional han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial al ver perturbada su independencia por las declaraciones realizadas por tres dirigentes del PP, dos de ellos pertenecientes al Gobierno. Los jueces piden al Poder Judicial que intervenga para que cesen estas injerencias.

Manuela Fern¨¢ndez, Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro y Ram¨®n S¨¢ez fueron los tres magistrados que, el 4 de diciembre, firmaron la orden de excarcelaci¨®n del etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, tras aplicar una norma europea y descontar, al periodo m¨¢ximo de 30 a?os de cumplimiento de condena en Espa?a, los diez a?os que pas¨® encerrado en c¨¢rceles francesas. Esta decisi¨®n provoc¨® un aluvi¨®n de cr¨ªticas, entre las que destacaron la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, del ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, y del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, como exponen los magistrados en su escrito de solicitud de amparo presentada al Consejo General del Poder Judicial.

¡°Esto no se puede hacer como lo ha hecho la secci¨®n primera de la Audiencia¡±, dijo Santamar¨ªa. ¡°Me parece lamentable¡±, afirm¨® el ministro Fern¨¢ndez D¨ªaz. ¡°Hay una secci¨®n que est¨¢ a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas¡±, declar¨® Hernando.

Los tres magistrados sostienen que, con sus declaraciones, los dirigentes del PP les se?alaron como jueces ¡°injustos y prevaricadores¡±. ¡°Sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n¡±, entienden los jueces que apelan, adem¨¢s, a la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia como base esencial del Estado de derecho. ¡°La informaci¨®n y la emisi¨®n de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deben minar gratuitamente esa confianza¡±, a?aden. Por ello, piden amparo al ¨®rgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, para que cesen estas injerencias del Gobierno y el PP.

La petici¨®n de amparo se ha presentado despu¨¦s de que 13 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo firmaran, el pasado 18 de diciembre, un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno. En un gesto ins¨®lito, los 13 magistrados, liderados por Luciano Valera y entre los que hab¨ªa varios pertenecientes al sector conservador, calificaron de lamentable, en ese caso, la actitud del ministro del Interior, manifestaron su desaz¨®n y pidieron al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su solicitud de que el Gobierno ¡°ponga coto¡± a estas manifestaciones.

Lesmes no quiso entrar en el fondo de la cuesti¨®n y emplaz¨® a los magistrados a que solicitaron amparo al Poder Judicial. Ahora lo han hecho, y deber¨ªa responderles.

La doctrina aplicable a los etarras sobre la norma europea ha sido objeto de discrepancias. Siete de los nueve magistrados que la semana pasada votaron en contra de que los etarras puedan acumular las penas hab¨ªan dictaminado recientemente a favor de aplicar a los presos espa?oles el acuerdo europeo. Tres de ellos (Antonio del Moral, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta y Jos¨¦ Ram¨®n Soriano) lo hicieron en marzo instando a la Audiencia a descontar los a?os de condena. Otros cuatro (Jos¨¦ Manuel Maza, Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, Francisco Monterde y Andr¨¦s Palomo) firmaron en noviembre una sentencia en la que consideraron que el acuerdo europeo ten¨ªa "efecto directo" sobre la legislaci¨®n espa?ola.

La situaci¨®n ha cambiado entre aquellas resoluciones y la adoptada el pasado lunes sobre el preso Kepa Pikabea, porque el 3 de diciembre entr¨® en vigor la norma espa?ola que transpone el acuerdo europeo y restringe la acumulaci¨®n de penas. Pero al etarra se le aplic¨® una ley inexistente cuando recurri¨® al alto tribunal.

Despu¨¦s de estas divergencias, jueces de dos secciones de la Audiencia Nacional tienen previsto llevar al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea la ley espa?ola que desarrolla el acuerdo marco por el que los presos pueden descontarse en su pa¨ªs los a?os de prisi¨®n que hubieran pasado en otro Estado de la UE. Seg¨²n fuentes judiciales, jueces de las secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Penal preparan la presentaci¨®n de una cuesti¨®n prejudicial que aclare sus dudas sobre la ley org¨¢nica aprobada en Espa?a, que impide aplicar la acumulaci¨®n de penas en las condenas anteriores al 15 de agosto de 2010 (fecha l¨ªmite para que entrara en vigor el acuerdo europeo).

El tribunal de justicia europeo, con sede en Luxemburgo, es el ¨²nico ¨®rgano que puede determinar si la norma espa?ola respeta la disposici¨®n europea. La opci¨®n de preguntar al tribunal europeo ya se plante¨® en noviembre en el pleno de la Audiencia Nacional que pretend¨ªa resolver c¨®mo aplicar el convenio europeo a los etarras, pero no hubo acuerdo. La posibilidad de plantear una cuesti¨®n prejudicial tambi¨¦n se debati¨® y lleg¨® a votarse en el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, pero fue rechazada por nueve votos a seis.