Gri?¨¢n y Chaves abren su batalla judicial en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo dirime en las pr¨®ximas semanas el futuro pol¨ªtico y judicial de la c¨²pula del PSOE que gobern¨® Andaluc¨ªa entre 2000 y 2010. Los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como el exconsejero Gaspar Zarr¨ªas, esperan declarar en breve pero han acelerado su defensa judicial entregando al instructor de la causa un informe pericial firmado por dos catedr¨¢ticos de derecho tributario que intenta desmontar los argumentos de la juez Mercedes Alaya.

La instructora del caso ERE destap¨® un fraude multimillonario en la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas para prejubilaciones y despidos en decenas de empresas. La Junta gast¨® 850 millones para las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126 nunca estuvieron empleados en las empresas beneficiadas. Adem¨¢s, se pagaron a las aseguradoras comisiones por la tramitaci¨®n de p¨®lizas que triplicaron los precios de mercado. Ese uso indebido de dinero p¨²blico enriqueci¨® a intermediarios de las operaciones. La juez sostiene que los gobernantes andaluces idearon un instrumento presupuestario supuestamente ilegal, las ¡°transferencias de financiaci¨®n¡±, para conceder las ayudas. Ese mecanismo, aprobado a?o a a?o en el parlamento andaluz en las leyes de presupuestos, facilitaba el fraude al eludir el control previo del gasto, seg¨²n la instructora.

El informe pericial firmado por los catedr¨¢ticos Juan Zornoza (Universidad Carlos III) y Miguel ?ngel Mart¨ªnez Lago (Complutense) sostiene, bas¨¢ndose en la legislaci¨®n vigente, que el instrumento de transferencia de financiaci¨®n es una figura perfectamente l¨ªcita cuyo empleo no tiene por qu¨¦ implicar que se incurra en irregularidades en la gesti¨®n de los fondos que se reciben a trav¨¦s de ellas.

Alaya mantiene que el Gobierno andaluz eligi¨® este procedimiento, y no el de las subvenciones como correspond¨ªa, ¡°para eludir los controles de la Intervenci¨®n de la Junta¡±. El informe pericial asegura que si la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa ¡°lo hubiera considerado conveniente podr¨ªa haber ejercido el control del gasto antes de que las operaciones se realizaran, emitiendo los correspondientes informes de control previo¡±. ¡°Si no lo hizo¡±, a?ade, ¡°debi¨® ser porque no advirti¨® irregularidades relevantes¡±. Los catedr¨¢ticos admiten el fraude pero se?alan que se cometi¨® ¡°en el momento de la ejecuci¨®n del gasto por parte de las autoridades competentes de la Consejer¨ªa de Empleo¡± sin ninguna relaci¨®n con la elaboraci¨®n de los presupuestos por el Gobierno y su aprobaci¨®n por el Parlamento andaluz.

La juez atribuye a la Junta vulnerar la competencia exclusiva del Estado en materia laboral al dar ayudas sin tener competencia para hacerlo. Los catedr¨¢ticos aducen que ¡°el hecho de que el Gobierno de la naci¨®n no planteara en ning¨²n momento el correspondiente conflicto constitucional de competencias, obliga a dar por bueno el ejercicio hecho por la Junta de Andaluc¨ªa¡±.

Alaya basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervenci¨®n General del Estado de diciembre de 2013 que no ha sido ratificado en sede judicial por los peritos, para que las defensas de los imputados puedan someterlo a contradicci¨®n. La juez, pese a las reiteradas peticiones de los abogados de los imputados, fue aplazando este tr¨¢mite y elev¨® la causa al Supremo sin hacerlo.