Sin verdad compartida sobre ETA

Ambrosio Fern¨¢ndez Recio muri¨® en 2007 a los 79 a?os. Falleci¨® por una neumon¨ªa semanas despu¨¦s de quedar a la intemperie al ser desalojado de su vivienda tras el ataque a una sucursal de La Caixa en Mondrag¨®n (Gipuzkoa). Ram¨®n Mayo muri¨® accidentalmente por el atropello de una ambulancia cuando socorr¨ªa a las v¨ªctimas del atentado etarra al cuartel de Vic (Barcelona) en 1991. ?Son ambos v¨ªctimas de la banda terrorista?

Seg¨²n para qui¨¦n. M¨¢s de tres a?os despu¨¦s del cese definitivo de la violencia etarra, es imposible recabar de las autoridades una lista definitiva de fallecidos atribuidos a la organizaci¨®n terrorista. No solo eso: la cifra total var¨ªa seg¨²n a qui¨¦n se pregunte. La web del Ministerio del Interior ofrece la cifra de 828 v¨ªctimas mortales de ETA mientras la Oficina de Asistencia a las V¨ªctimas del Terrorismo ¡ªque depende del mismo ministerio¡ª considera que son 856. Pero asociaciones de v¨ªctimas como Covite suben la cifra a 858. Este ¨²ltimo dato se puede contrastar con los nombres y apellidos de cada uno de los fallecidos. No ocurre lo mismo con la cifra del Ministerio del Interior: es imposible saber los nombres de los 828. Es decir, no se puede saber qui¨¦nes son, para el Gobierno espa?ol, las v¨ªctimas de ETA.

Los colectivos de v¨ªctimas, el Gobierno central y el Ejecutivo vasco tampoco se ponen de acuerdo sobre el n¨²mero de casos sin esclarecer: son 349 para algunas asociaciones de v¨ªctimas; 224 para la Audiencia Nacional y 197 para el Gobierno vasco.

Jos¨¦ Manuel Rodriguez Uribes, exdirector de Apoyo a las Victimas del Terrorismo del Gobierno central con el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (2004-2011) y participante en el informe elaborado por el Ejecutivo vasco, atribuye la gran distancia entre el listado del colectivo de v¨ªctimas de casos sin resolver y el institucional a criterios dispares sobre ese concepto. La Audiencia Nacional, seg¨²n Rodr¨ªguez Uribes, considera esclarecidos los casos en los que ha habido sentencia. Sin embargo, las asociaciones de v¨ªctimas no los consideran aclarados cuando en la sentencia alguno de los encausados no ha sido encarcelado ¡ªpor estar huido u otra circunstancia¡ª.

El n¨²mero de muertos a manos de ETA es 828 para unos y 858 para otros

Tampoco dan la misma cifra de casos sin resolver la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y el Ejecutivo vasco. En este caso, la diferencia no es tan grande, 27 asuntos. En este caso, la diferencia procede de las discrepancias entre administraciones sobre qui¨¦nes son los muertos que se pueden atribuir a ETA. El Gobierno de Vitoria realiz¨® un estudio exhaustivo de 44 casos controvertidos y acab¨® descartando como atentados de ETA m¨¢s de una veintena, seg¨²n indica Rodr¨ªguez Uribes. Estos, por tanto, han desaparecido tambi¨¦n de la lista de casos sin resolver.

De ellos, resulta emblem¨¢tico el de la ni?a Bego?a Urroz, muerta por atentado terrorista en San Sebasti¨¢n en 1960 y que el Ministerio del Interior consider¨® primera v¨ªctima de la banda ETA. Pero otra investigaci¨®n, acreditada con documentos policiales de la ¨¦poca, concluy¨® en 2013 que el autor del atentado fue el DRIL (Directorio Revolucionario Ib¨¦rico de Liberaci¨®n), un grupo libertario portugu¨¦s. Hay otros casos sobre los que no hay acuerdo, como el de Mart¨ªn Merquelanz, que Interior atribuye a ETA y otros, entre ellos, el Gobierno vasco, al Batall¨®n Vasco Espa?ol.

La mayor¨ªa de los casos no esclarecidos se concentran en los a?os de la Transici¨®n. El informe de la Fiscal¨ªa sit¨²a entre 1978 y 1982 los casos de 128 v¨ªctimas sin esclarecer. La cifra baja a 83 entre 1982 y 1996 y ya de manera muy sensible a 12 entre 1996 y 2004. Solo hay uno entre 2004 y 2009, a?o del ¨²ltimo atentado etarra en Espa?a.

Los asuntos sin aclarar var¨ªan entre 349, 224 y 197 seg¨²n la instituci¨®n

Las causas de esta anomal¨ªa las explica el informe de la Oficina de V¨ªctimas del Terrorismo ¡ªdependiente del Ministerio del Interior¡ª, de diciembre de 2013. Varios factores confluyeron: la fren¨¦tica actividad terrorista, sobre todo entre 1978 y 1983; la ausencia de medios inform¨¢ticos; la existencia de solo dos juzgados de Instrucci¨®n frente a los seis de hoy en la Audiencia Nacional, creada en 1977, y la asunci¨®n por parte de los juzgados vascos de causas que no se remit¨ªan a la Audiencia.

Tambi¨¦n hay que a?adir, como hace el informe del Gobierno vasco, la mini amnist¨ªa, materializada entre 1982 y 1985 por los Gobiernos de UCD y PSOE como resultado de la disoluci¨®n de ETA pol¨ªtico-militar. Afect¨® a causas en las que hubo varias decenas de v¨ªctimas mortales por atentados entre 1978 y 1982 pero que aparecen como sobrese¨ªdas.

Rodriguez Uribes considera que con motivo de la elaboraci¨®n del informe del Gobierno vasco ¡ªque se presentar¨¢ en el Parlamento vasco¡ª ¡°se perdi¨® una oportunidad para unificar criterios entre la administraci¨®n vasca y la central¡±. Los autores del documento del Ejecutivo vasco ¡ªel jurista Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn; la catedr¨¢tica de la UPV, Enara Garro; el periodista Carlos Fonseca y el propio Rodr¨ªguez Uribes¡ª denuncian la falta de colaboraci¨®n de la Subsecretar¨ªa y la Secretar¨ªa de Estado de Interior, que no respondieron a sus peticiones de datos. Tampoco lo hizo la direcci¨®n general de Asistencia a las V¨ªctimas del Terrorismo ni la Fundaci¨®n de V¨ªctimas, en la que participan altos cargos gubernamentales. El Ministerio de Interior responde que, siguiendo su protocolo, remitieron las demandas del Gobierno vasco a la Oficina de Asistencia a las V¨ªctimas del Terrorismo. Y este ¨²ltimo no respondi¨® por si se vulneraba la Ley de Secretos Oficiales.

El exdirector de Apoyo a las V¨ªctimas del Terrorismo defiende que esta cuesti¨®n deber¨ªa ser ¡°suprapartidaria¡± y cree que la constituci¨®n de la comisi¨®n mixta, con representantes del Gobierno central y vasco, que va a crear el Centro de la Memoria, ser¨¢ una nueva oportunidad para establecer una verdad compartida.