El Tribunal de Cuentas reclama 252 millones a 37 empresas del caso ERE
El ¨®rgano fiscalizador cita el 24 de febrero a los afectados y a seis ayuntamientos
La secci¨®n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha citado para el pr¨®ximo 24 de febrero a la una de la tarde a los representantes de 37 empresas privadas y seis ayuntamientos para reclamarles al menos 252 millones de euros que recibieron de la Junta de Andalucia para financiar Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE), proyectos empresariales e infraestructuras municipales.
La instructora del procedimiento ha citado adem¨¢s a Javier Guerrero, ex director general del Trabajo de la Junta de Andaluc¨ªa (1999-2008), y a su sucesor, Juan M¨¢rquez (2008-2010). Ambos est¨¢n ya imputados en el procedimiento penal que en paralelo instruye la juez Mercedes Alaya en Sevilla, al igual que algunos de los empresarios citados. La Junta de Andaluc¨ªa, personada como administraci¨®n perjudicada, ha se?alado a Guerrero y M¨¢rquez como responsables pol¨ªticos directos del quebranto econ¨®mico a sus arcas p¨²blicas derivado del fondo de los ERE, datado en 855 millones.
La medida responde a la denuncia que present¨® el PP andaluz en 2011
El Tribunal de Cuentas ha seleccionado un ramillete de 37 empresas, que incluyen subvenciones directas y ERE con p¨®lizas para prejubilados, bas¨¢ndose en la documentaci¨®n que le ha suministrado el Ejecutivo aut¨®nomo. Sin embargo, del fondo se han beneficiado m¨¢s de 300 entidades.
La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa penal, ha interrogado en los ¨²ltimos cuatro a?os a muchos de los empresarios beneficiados y la fiscal¨ªa pidi¨® para ellos fianzas millonarias de responsabilidad civil por el da?o causado a las arcas p¨²blicas. En muchos de esos casos, la juez a¨²n no ha resuelto la petici¨®n del fiscal.
La iniciativa del Tribunal de Cuentas tiene su origen en una denuncia presentada por el PP andaluz ante este organismo en 2011. Tras cuatro a?os de instrucci¨®n, la secci¨®n de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas considera que las ayudas no se adecuaron a la normativa y, por tanto, sus beneficiarios tienen que devolverlas dentro de un procedimiento de reintegro por alcance que determina qui¨¦nes son los presuntos responsables, a los que cita para practicarles la denominada liquidaci¨®n provisional. El Tribunal de Cuentas, que se suma a la tesis de Alaya, la fiscal¨ªa y la Guardia Civil sobre la ilegalidad de la partida, requerir¨¢ a los supuestos responsables para que ¡°depositen o afiancen el importe provisional del alcance, m¨¢s el c¨¢lculo tambi¨¦n provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo¡±.
Algunas de esas empresas han indicado que el pago de las cantidades que reclama ahora el Tribunal de Cuentas podr¨ªa causar la quiebra de la sociedad. Otras, adem¨¢s, ya tienen impuestas fianzas tras comparecer sus propietarios ante Alaya.
La C¨¢mara de Cuentas andaluza consider¨® en un informe de 2012 que las ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa a estas empresas se dieron siguiendo un procedimiento ¡°al margen del previsto en la legislaci¨®n vigente¡±; detect¨® ¡°situaciones de irregularidad en un n¨²mero determinado de beneficiarios [que nunca trabajaron en las empresas que recibieron las ayudas pero que fueron incorporadas a los expedientes de regulaci¨®n de empleo]¡±; y concluy¨® que de esas situaciones podr¨ªan derivarse ¡°responsabilidades contables¡±.
Las 37 empresas citadas ahora por el Tribunal de Cuentas recibieron, seg¨²n el informe de la C¨¢mara de Cuentas andaluza, 253 millones en distintas ayudas p¨²blicas. Entre ellas destacan A Novo Comlink y Astilleros de Sevilla, cuyos representantes acudir¨¢n junto a Ayuntamientos ¡ªtodos ellos sevillanos¡ª como Camas, Guadalcanal o Los Palacios.
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