Un informe sit¨²a el gasto estatal en dependencia en su cota m¨¢s baja

El sistema de dependencia se puso en marcha en enero de 2007 para ofrecer una asistencia profesional y universal a todas aquellas personas que no pueden valerse por s¨ª mismas. En teor¨ªa, la administraci¨®n del Estado y la auton¨®mica deb¨ªan soportar de forma equitativa el coste del mantenimiento de los servicios (plazas de residencias para mayores, centros de d¨ªa, prestaciones econ¨®micas para los cuidadores familiares). Sin embargo, ocho a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley, la aportaci¨®n de la Administraci¨®n central se ha reducido a su cota m¨¢s baja, al alcanzar un 17,9% del coste total frente al 62,7% de las autonom¨ªas, seg¨²n el ¨²ltimo informe de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este viernes y elaborado por esta entidad a partir de datos oficiales.

El 19,4% restante corresponde a los usuarios que, por vez primera, asumen una mayor aportaci¨®n que el Estado. A pesar que desde el principio la norma contaba con que los beneficiarios sufragar¨ªan una parte del coste del servicio, el copago se ha incrementado -en especial en algunas autonom¨ªas- hasta el punto de que el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lanzado una Iniciativa Legislativa Popular para reconducir esta aportaci¨®n. Entre otros aspectos, plantea que quede exento quien perciba menos de 1.333 euros al mes.

El coste total del sistema de la dependencia en 2014 fue de 6.367 millones de euros (los datos de diciembre de 2014 son estimados, ya que el Ministerio de Sanidad? y Servicios Sociales a¨²n no ha hecho p¨²blica la estad¨ªstica oficial del ¨²ltimo mes del a?o pasado).

La tasa que corresponde al Estado es incluso inferior a la que recog¨ªa el Tribunal de Cuentas en el informe en el que evalu¨® la evoluci¨®n del sistema entre los a?os 2011 y 2013. Este documento fij¨® la aportaci¨®n finalista del Gobierno para dependencia de 2013 en 1.207 millones, apenas un 19,7% del coste total.

Frente a estos datos, C¨¦sar Ant¨®n, el director general de Imserso, la entidad del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales que gestiona la dependencia, ha pedido "rigor y sensibilidad" a la hora de difundir informaci¨®n sobre el sistema de ayudas para que se eviten las "elucubraciones", informa Efe.? "Se est¨¢ haciendo una evaluaci¨®n precipitada, sin datos definitivos y debieran esperar a los datos oficiales", ha a?adido.

Los motivos del cada vez menor peso de la inyecci¨®n econ¨®mica del Estado en la dependencia que refleja el documento obedecen a los recortes aplicados por parte del Gobierno, como asegura Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n de gerentes. En especial, los incluidos en el real decreto de julio de 2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy de medidas ¡°para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad¡±.

Un ejemplo de ello es la supresi¨®n del llamado nivel acordado, una l¨ªnea de financiaci¨®n destinada a las autonom¨ªas dotada de 283 millones de euros que se elimin¨® en el a?o 2012. En los ¨²ltimos tres a?os, el Estado ha dejado de inyectar por este concepto 850 millones de euros.

La retirada de fondos estatales ha supuesto que las comunidades aut¨®nomas y los usuarios, a trav¨¦s de un copago cada vez m¨¢s elevado, hayan asumido la responsabilidad y el coste de malmantener el sistema Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

Otro ejemplo es la reducci¨®n del dinero que paga el Estado por cada dependiente. El Gobierno financia la dependencia a trav¨¦s una partida denominada ¡°nivel m¨ªnimo¡±. Por cada beneficiario que reconocen las comunidades aut¨®nomas, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se compromete a pagar una cantidad fija en funci¨®n de su estado: a mayor gravedad, mayor ayuda. Mientras que en 2011, por los dependientes m¨¢s graves (grado 3 nivel 2), el Ministerio pagaba 266,57 euros, ahora (grado 3) la subvenci¨®n es de 177,86 euros. La reducci¨®n media de la aportaci¨®n estatal derivada de esta medida fue del 13%.

A ello hay que a?adir las revisiones de grado de dependencia a la baja de oficio en distintas comunidades (a menor grado, el Estado y las autonom¨ªas pagan menos por beneficiario), como han puesto de manifiesto distintas sentencias de usuarios que han ganado en los tribunales las rebajas impuestas por la Administraci¨®n.

La retirada de fondos estatales ha supuesto, seg¨²n explica Ram¨ªrez, que las comunidades aut¨®nomas y los usuarios, a trav¨¦s de un copago cada vez m¨¢s elevado, hayan asumido la responsabilidad y el coste de ¡°malmantener¡± el sistema. ¡°No olvidemos que dos de cada tres dependientes son mayores de 65 a?os y viven de sus pensiones; y el resto son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas¡±. ¡°El peso ha reca¨ªdo sobre los m¨¢s vulnerables¡±, a?ade.

Hay otro aspecto que tiene que ver con la reducci¨®n de la aportaci¨®n de fondos estatales y que enlaza con otro de los problemas que destaca el informe: la ca¨ªda de beneficiarios. ¡°El sistema, con muchas dificultades y problemas de dise?o, fue avanzando hasta inicios de 2012, en el que sufri¨® un frenazo y posterior estancamiento que se alarg¨® hasta 2013 para presentar s¨ªntomas de declive en 2014¡±, destaca el documento.

Los ¨²ltimos datos publicados por el Imserso reflejan una ca¨ªda de 24.529 beneficiarios a lo largo de 2014 hasta finales de noviembre. En total la ¨²ltima cifra de personas atendidas asciende a 229.313 beneficiarios. Son 9.274 menos de los que usuarios atendidos que hab¨ªa cuando en diciembre de 2011 Mariano Rajoy asumi¨® la presidencia del Gobierno.

A esta circunstancia se refiere la asociaci¨®n de gerentes para sostener que el sistema "est¨¢ colapsado" ya que, pese al gran retroceso experimentado en los ¨²ltimos a?os, a¨²n hay 168.000 personas en lista de espera a las que se les ha reconocido como dependientes pero qque a¨²n no reciben ayudas.