Una legislatura de rectificaciones en pol¨ªtica judicial

La revisi¨®n de las tasas judiciales para pr¨¢cticamente suprimirlas ¡ªque Mariano Rajoy anunci¨® casi en voz baja el pasado martes¡ª es la ¨²ltima rectificaci¨®n de un Gobierno que en esta legislatura ha dado varias veces marcha atr¨¢s en su pol¨ªtica judicial (desautorizando de paso buena parte de lo hecho por el exministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n). Ha ocurrido tambi¨¦n en otros ministerios ¡ªquiz¨¢ la mayor rectificaci¨®n de la legislatura sea la hist¨®rica subida de impuestos acometida por un Gobierno que preconizaba lo contrario en su programa¡ª, pero Justicia tiene el r¨¦cord. Estas son algunas medidas a las que Rajoy ha renunciado. Todas, salvo las tasas, aparcadas antes de llegar a aprobarse:

Tasas. Las tasas judiciales ya exist¨ªan antes de Gallard¨®n, pero solo las pagaban las empresas con cierto nivel de facturaci¨®n. El exministro las extendi¨® a todas las empresas y ¡ªeste fue el principal cambio¡ª a las personas f¨ªsicas (ciudadanos particulares); adem¨¢s, duplic¨® las cuant¨ªas. Ante las protestas generalizadas, Gallard¨®n suaviz¨® su ley ya en febrero de 2013, apenas dos meses despu¨¦s de que entrara en vigor: rebaj¨® las cuant¨ªas y aument¨® los grupos de poblaci¨®n exentos de pagar. Finalmente, con otro ministro y en a?o electoral, el Ejecutivo ha decidido eliminar del todo las tasas a ciudadanos particulares.

Ley del aborto. La retirada de este proyecto de ley ¡ªcuando ya hab¨ªa sido aprobado por el Consejo de Ministros y, por tanto, avalado por Rajoy¡ª ha sido una de las rectificaciones m¨¢s sonoras del mandato del PP. El proyecto supon¨ªa acabar con el modelo de plazos (en el que la mujer tiene derecho a abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas) y regresaba al modelo de supuestos que rigi¨® en Espa?a hasta 2010, pero endureci¨¦ndolo. Provoc¨® el rechazo de toda la oposici¨®n, de asociaciones feministas y de colectivos m¨¦dicos (y el de la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos, seg¨²n las encuestas). El pasado septiembre, tras guardarla en un caj¨®n durante meses, Rajoy opt¨® por retirar definitivamente la ley y Gallard¨®n present¨® su dimisi¨®n. El PP solo va a cambiar un aspecto puntual, el que obligar¨¢ a las menores a contar con permiso paterno para interrumpir su embarazo. Acepta por tanto que siga en vigor el modelo de plazos, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ¨¦l.

Elecci¨®n del Poder Judicial. El PP se comprometi¨® en su programa de 2011 a cambiar el sistema de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los jueces), de modo que dejara de estar ¨ªntegramente designado por el Parlamento. Los populares propon¨ªan que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran elegidos por los propios jueces, una reivindicaci¨®n hist¨®rica de las asociaciones judiciales. A mitad de legislatura el PP renunci¨® a ese compromiso. Gallard¨®n lo justific¨® en la necesidad de alcanzar un pacto con el PSOE en un asunto central de la pol¨ªtica judicial.

Fiscales instructores. Uno de los proyectos m¨¢s ambiciosos de Gallard¨®n, el C¨®digo Procesal Penal que iba a sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) del siglo XIX, ha sido tambi¨¦n aparcado. El nuevo ministro, Rafael Catal¨¢, ha optado por una reforma limitada de la LEC. Esa reforma no incluye la principal novedad de aquel proyecto: la cesi¨®n de la instrucci¨®n, que ahora realiza el juez, a los fiscales. En este caso se ha dado, parad¨®jicamente, una doble rectificaci¨®n: la cesi¨®n de la instrucci¨®n a los fiscales era una medida que hab¨ªa sido defendida a?os atr¨¢s por el PSOE y rechazada por el PP; Gallard¨®n, al asumirla en su proyecto,?rectific¨® esa posici¨®n del PP -se supone que con el apoyo del presidente Rajoy-, pero al final el cambio de postura no ha prosperado. La instrucci¨®n seguir¨¢ en manos de los jueces.

Registro Civil. En 2012 Justicia anunci¨® que delegar¨ªa la gesti¨®n del Registro Civil (que llevan los jueces) en los registradores de la propiedad, y abri¨® la puerta a cobrar a los ciudadanos por ciertos tr¨¢mites. Esa medida, que muchos interpretaron como un paso hacia la privatizaci¨®n de ese servicio p¨²blico y gratuito, fue finalmente descartada en 2014. El Gobierno aprob¨® una cesi¨®n progresiva de la gesti¨®n del Registro Civil a los registradores mercantiles, pero comprometi¨® que la titularidad seguir¨ªa siendo p¨²blica y todos los tr¨¢mites gratuitos.