Espa?a no indemnizar¨¢ a la madre de una ni?a asesinada por su padre

El Estado espa?ol no indemnizar¨¢ a ?ngela Gonz¨¢lez. Seis meses despu¨¦s de la hist¨®rica condena del Comit¨¦ de Naciones Unidas para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW) a Espa?a por no proteger a Gonz¨¢lez, v¨ªctima de violencia de g¨¦nero, y a su hija de siete a?os, a la que su padre maltratador asesin¨® en 2003 en una de las visitas acordadas en el r¨¦gimen de separaci¨®n, el Gobierno considera que no existe base para una reparaci¨®n econ¨®mica. El dictamen vinculante del CEDAW marcaba que la Administraci¨®n deb¨ªa indemnizar ¡°de manera proporcional¡± a Gonz¨¢lez por actuar de manera ¡°negligente¡± al no protegerlas a ella ni a su hija, y daba seis meses a Espa?a para contestar.

Ahora, el Ministerio de Justicia responde al CEDAW que los tribunales espa?oles ya se pronunciaron en contra de Gonz¨¢lez, que no existe base jur¨ªdica para la reclamaci¨®n de la mujer y que ¡°no hay base jur¨ªdica" para que haya una indemnizaci¨®n integral. En la respuesta que Justicia ha enviado al comit¨¦ de la ONU, y que ha podido leer EL PA?S, se apunta tambi¨¦n que no es posible una nueva investigaci¨®n del caso, como ped¨ªa el CEDAW, debido al tiempo transcurrido. ?ngela Gonz¨¢lez hab¨ªa denunciado en m¨¢s de 30 ocasiones a su marido por malos tratos. En 2003, ya divorciada, en una de las visitas pautadas por el juez pese a las alertas del equipo psicosocial que segu¨ªa el caso, el hombre mat¨® a la peque?a Andrea de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid); despu¨¦s, se suicid¨®.

Gonz¨¢lez recurri¨® a todas las instancias judiciales y perdi¨® el caso. Finalmente, acudi¨® a la ONU, que le dio la raz¨®n en julio de 2014. Ahora, tras la negativa del Estado a indemnizarla, Gonz¨¢lez y sus abogadas, la organizaci¨®n Women¡¯s Link Worldwide, han recurrido ante la justicia espa?ola de nuevo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Gema Fern¨¢ndez, una de las abogadas que ha llevado el caso, recuerda que el dictamen del CEDAW es vinculante. Este organismo se ocupa del cumplimiento del tratado que proh¨ªbe la discriminaci¨®n de la mujer, que Espa?a firm¨® y ratific¨®.

¡°Lo m¨¢s preocupante es que siguen sin reconocer la gravedad y la responsabilidad del Estado en el asesinato de la ni?a¡±, afirma Fern¨¢ndez. Gonz¨¢lez y su equipo reclaman tambi¨¦n al Estado un gesto simb¨®lico: una disculpa p¨²blica por lo ocurrido. Algo que, critican, no ha llegado.

El CEDAW tambi¨¦n realiz¨® una serie de recomendaciones a Espa?a, como que se proporcione formaci¨®n especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio...) que tenga relaci¨®n con asuntos de violencia de g¨¦nero. El comit¨¦ de la ONU alert¨® a Espa?a de que, como en el caso de Gonz¨¢lez, estereotipos de g¨¦nero y sobre la naturaleza y gravedad de la violencia de g¨¦nero afectan al derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial; tambi¨¦n a los derechos de visita de los padres maltratadores con sus hijos. Estereotipos que pueden erradicarse con formaci¨®n. No obstante, a pesar de que existen cursos, estos no alcanzan ni al 1% de la judicatura hoy en activo.

La respuesta de Justicia a la ONU por el caso de ?ngela Gonz¨¢lez llega en pleno debate sobre la nueva ley de corresponsabilidad parental ¨Cahora en fase de consultas--, que deja la puerta abierta a que los maltratadores tengan la guarda y custodia de sus hijos o puedan participar del r¨¦gimen de visitas. Una posibilidad que, pese a que los ministros de Justicia, Rafael Catal¨¢, y Sanidad, Asunto Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, han asegurado que no existir¨¢, preocupa a las organizaciones de mujeres y derechos civiles.

De hecho, situaciones como la de ?ngela Gonz¨¢lez se siguen produciendo. En siete a?os, de 2008 a 2014, 20 menores fueron asesinados por sus padres durante el r¨¦gimen de visitas. Visitas que los jueces conceden muchas veces, alegando el ¡°inter¨¦s del menor¡±. Se dan casos, incluso, en que los padres inmersos en un proceso por violencia de g¨¦nero tienen la custodia individual de los hijos.