Procesado por prevaricaci¨®n el ¡®n¨²mero dos¡¯ del Gobierno de Melilla

Los problemas judiciales cercan al Gobierno de Melilla. El vicepresidente de la ciudad aut¨®noma, Miguel Mar¨ªn Cobos (PP), ha sido imputado por un presunto delito de prevaricaci¨®n administrativa por prorrogar indebidamente el contrato laboral de un arquitecto municipal que deb¨ªa haber dejado el puesto tras el periodo de baja que sufri¨® el titular de la plaza y por haber retenido la convocatoria de oposiciones a ese puesto para favorecer a aquel.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Melilla, Ver¨®nica Marcos, cerr¨® el pasado 20 de febrero la investigaci¨®n sobre estos hechos, que se inici¨® en 2011, y dict¨® el equivalente al auto de procesamiento del n¨²mero dos del Gobierno de la ciudad. La colocaci¨®n de Mar¨ªn a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados coincide con la imputaci¨®n en el Tribunal Supremo del presidente melillense, Juan Jos¨¦ Imbroda, a quien tambi¨¦n se atribuye un delito de prevaricaci¨®n, en este caso por la contrataci¨®n irregular de un abogado.

Los hechos se remontan al 28 de agosto de 2006. Ese d¨ªa, Miguel Mar¨ªn, que era consejero de Administraciones P¨²blicas firm¨® un contrato como interino a tiempo completo con el arquitecto superior Iv¨¢n Reyes. Este contrato tendr¨ªa vigencia hasta la reincorporaci¨®n a su puesto del titular de la plaza, Juan Jos¨¦ Baeza. Reyes trabaj¨® con normalidad en la Asamblea de la Ciudad Aut¨®noma hasta que el 31 de mayo de 2007 Baeza volvi¨® a su trabajo. Sin embargo, el arquitecto interino continu¨® trabajando a pesar de haberse incorporado la persona a la que estaba sustituyendo.

El 31 de junio de 2007 se extingui¨® el contrato inicial de Iv¨¢n Reyes, pero este no dej¨® de trabajar, sino que fue contratado de nuevo el 1 de agosto de ese a?o, en este caso de nuevo como interino para sustituir a un arquitecto superior funcionario que se jubilaba ese d¨ªa. El consejero Mar¨ªn supuestamente incumpli¨® su deber de convocar las oposiciones para cubrir esa plaza.

La Fiscal¨ªa se opuso en octubre de 2013 a la petici¨®n de sobreseimiento que formul¨® Mar¨ªn al entender que este incurri¨® en un delito de prevaricaci¨®n administrativa, que seg¨²n el C¨®digo Penal lo comete la ¡°autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo¡±. Este delito se castiga con penas de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de siete a diez a?os.