Ruz exige a Hacienda que responda a su petici¨®n sobre el fraude del PP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no est¨¢ dispuesto a que la jefa antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita Garc¨ªa-Valdecasas, siga incumpliendo sus requerimientos sobre el fraude fiscal derivado de las donaciones ilegales recibidas por el PP en 2008. El magistrado, tras consultar con la fiscal¨ªa, ha redactado un auto ¨Cresoluci¨®n razonada- en el que exige a la m¨¢xima responsable de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n sobre el Fraude (ONIF) que en el plazo m¨¢ximo de cinco d¨ªas calcule la cuota que supuestamente evadi¨® la formaci¨®n conservadora por los donativos opacos que exced¨ªan los l¨ªmites de la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos.

Ruz considera ¡°infundado¡±, ¡°err¨®neo¡± e ¡°improcedente¡± el criterio de Garc¨ªa-Valdecasas por el que se neg¨® a prestar el auxilio requerido por el juez de calcular la cuota. El magistrado cree que la inspectora jefa ¡°parte de un deficiente entendimiento¡± de lo que es la labor de auxilio judicial de la ONIF y ha enviado a un funcionario judicial a su despacho para entregarle en mano la resoluci¨®n.

El auto, de 11 p¨¢ginas, no solo obliga a la ONIF, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a que se calculen las cuotas que el magistrado entiende defraudadas por los donativos irregulares de 2008, sino que da un paso m¨¢s. El magistrado reclama a los inspectores de Hacienda que act¨²an en funciones de auxilio a su juzgado que calculen el IVA que el partido del Gobierno se ahorr¨® al pagar en dinero negro 1,7 millones de euros parte de la obra de reforma de su sede central en la calle G¨¦nova 13 de Madrid entre 2005 y 2010.

El pasado 3 de marzo, Garc¨ªa-Valdecasas envi¨® un escrito al juez Ruz en el que se negaba a atender su providencia del 25 de febrero en el que le solicitaba que calculara la cuota que ¨¦l entiende defraudada por los donativos irregulares de 2008. En folio y medio, Garc¨ªa-Valdecasas recordaba a Ruz que el criterio de los t¨¦cnicos de Hacienda es que los ingresos en negro de la formaci¨®n conservadora no est¨¢n sujetos a tributaci¨®n de acuerdo con la Ley de Financiaci¨®n de Partidos. Por ello, le anunciaba que no iba a cumplir su orden y le retaba a que buscara otros expertos para calcular esa cuota.

La providencia del 25 de febrero de Ruz ocupaba apenas un folio. La respuesta de hoy abarca un total de 11. En ella, el magistrado recuerda los art¨ªculos legales que obligan a ¡°todas las personas y entidades p¨²blicas y privadas¡± a colaborar con los jueces cuando estos lo requieran y, en especial, los que regulan el auxilio judicial de la Agencia Tributaria y los organismos especializados que dependen de ella. Tras repasar las leyes y la jurisprudencia, que determinan que la actuaci¨®n de los peritos de Hacienda ¡°debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales¡±, Ruz desarrolla por qu¨¦ ve ¡°infundado y contradictorio¡± el criterio de la inspectora jefa Garc¨ªa-Valdecasas.

En su escrito, la inspectora jefa de la ONIF le dec¨ªa a Ruz que si el criterio de los peritos de Hacienda ¡°no resulta provechoso o convincente (¡­) podr¨¢ prescindirse de ¨¦l¡± y no tomarlo en consideraci¨®n como base o fundamento para sus resoluciones. Garc¨ªa-Valdecasas le suger¨ªa que si no est¨¢ de acuerdo con los peritos de la Administraci¨®n, que recurra ¡°a la opini¨®n t¨¦cnico-jur¨ªdica de otra persona o entidad distinta¡±. ¡°Lo que no se puede pretender es constre?ir al autor de un informe a emitir una opini¨®n distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores¡±. Sobre esta base, Garc¨ªa-Valdecasas le respond¨ªa a Ruz que la Agencia Tributaria ¡°no est¨¢ en disposici¨®n de cumplimentar el informe¡± que le requiri¨® el 25 de febrero.

El magistrado considera que la decisi¨®n de la m¨¢xima responsable de la ONIF de negarle el c¨¢lculo de la cuota revela un ¡°deficiente entendimiento¡± de la labor de los peritos judiciales que dependen de ella y ¡°una err¨®nea comprensi¨®n¡± de la funci¨®n investigadora de los jueces. Si se diera por v¨¢lida la negativa lanzada por Garc¨ªa-Valdecasas ¡°se estar¨ªa privando al instructor de la direcci¨®n de investigaci¨®n¡±, expone Ruz. ¡°Es solo desde ese err¨®neo e improcedente posicionamiento desde donde pueden sostenerse las afirmaciones que se contienen en el escrito, relativas a que el ¨®rgano judicial penal carece de competencias revisoras¡± de la labor de los peritos de la Agencia Tributaria.

Ruz asegura que el c¨¢lculo de la cuota tributaria de 2008 que ¨¦l entiende defraudada es ¡°¨²til, necesaria, id¨®nea y posible¡± para la investigaci¨®n de los papeles de B¨¢rcenas, y recuerda que la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional ha concluido que los donativos irregulares est¨¢n sujetos a tributaci¨®n y que ¡°s¨®lo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado¡±.

El juez asegura que el c¨¢lculo de la cuota tributaria de 2008 es ¡°¨²til, necesaria, id¨®nea y posible¡±

El juez reprocha a la ONIF que su criterio de que las donaciones irregulares est¨¢n libres del Impuesto de sociedades, es ¡°contradictorio¡± con lo expuesto en otros informes de la Agencia Tributaria en el caso G¨¹rtel de corrupci¨®n en el PP. En febrero de 2013, los peritos dejaban en manos del juez instructor la decisi¨®n sobre levantar el velo sobre las sociedades del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Tambi¨¦n recuerda que en marzo de 2014, los peritos accedieron a prorratear las cuotas fiscales defraudadas por Luis B¨¢rcenas y su esposa, Rosal¨ªa Iglesias entre 2000 y 2011, que los propios peritos hab¨ªan presentado de forma conjunta.

Ruz incorpora a su auto la orden a los peritos de la ONIF de que calculen, tambi¨¦n en cinco d¨ªas, el IVA que se ahorr¨® el PP al pagar con cargo a su caja b las obras de reforma de G¨¦nova 13. La tributaci¨®n del IVA corresponde a la empresa Unifica Servicios Integrales, del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reform¨® la sede, pero la doctrina tributaria convierte en responsable solidario a la parte que se beneficia de no pagar este impuesto indirecto en primera instancia, en este caso el PP. La diligencia pedida ahora por Ruz abre la v¨ªa a una posible responsabilidad civil del PP en la pieza separada sobre los papeles de B¨¢rcenas, la contabilidad secreta del extesorero del partido.