La Fiscal¨ªa pide archivar la causa de nueve empresarios del ¡®caso B¨¢rcenas¡¯
Anticorrupci¨®n no halla v¨ªnculos entre los pagos a la caja b del PP y adjudicaciones p¨²blicas, por lo que descarta el cohecho
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado al juez Pablo Ruz que archive la causa abierta contra nueve empresarios que figuran como pagadores en los llamados papeles de B¨¢rcenas, la contabilidad secreta del extesorero del Partido Popular. El representante del ministerio p¨²blico, Antonio Romeral, entiende que no existe una correlaci¨®n entre las cantidades que figuran como recibidas de los empresarios en la caja b del PP y adjudicaciones p¨²blicas, por lo que no ve justificada la imputaci¨®n de delitos de cohecho, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias o alteraci¨®n de precios en concurso p¨²blico.
El fiscal Romeral asume las tesis de las defensas de los empresarios Jos¨¦ Mayor Oreja (FCC), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Antonio Vilela Jerez (Rubau), Luis del Rivero (Sacyr), Joaqu¨ªn Molpeceres, Rafael Palencia, Jos¨¦ Luis Su¨¢rez (Copasa), Cecilio S¨¢nchez y Ram¨®n Aig¨¦ (Copisa). La decisi¨®n sobre levantarles la imputaci¨®n depender¨¢ del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso G¨¹rtel y la pieza separada sobre los papeles de B¨¢rcenas, que public¨® EL PA?S el 31 de enero de 2013. En estos documentos manuscritos B¨¢rcenas consigna ingresos por 7,5 millones de euros por parte de empresarios entre 1990 y 2008. Estos fondos, seg¨²n la contabilidad y seg¨²n ha admitido el propio B¨¢rcenas ante el juez en varias ocasiones, se destinaron al pago de gastos ordinarios del partido, campa?as electorales y sobresueldos a miembros de la c¨²pula de la formaci¨®n conservadora.
El representante del ministerio p¨²blico contesta favorablemente una por una las peticiones de los empresarios, pero todos los escritos son del mismo tenor: de lo investigado hasta ahora no se puede determinar si las entregas de dinero de los empresarios ¨Cque siempre han negado los pagos- ¡°han podido influir en la obtenci¨®n y consecuci¨®n de los contratos p¨²blicos¡±. El fiscal explica que ¡°solo en este caso¡± [que haya correlaci¨®n entre pagos y contratos] las presuntas donaciones tendr¨ªan relevancia penal¡±.
El fiscal cita dos informes elaborados para el juez por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa en abril y octubre de 2014. Estos dosieres no encuentran relaci¨®n entre los pagos de los empresarios y los contratos otorgados por las distintas Administraciones a las empresas que dirig¨ªan o para las que trabajaban. Tambi¨¦n cita tres informes de t¨¦cnicos de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, y que est¨¢n adscritos a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
Uno de los casos m¨¢s llamativos era el de Antonio Vilela, de la empresa Rubau, que realiz¨® en 2004 dos entregas de 50.000 euros cada una y que supuestamente compr¨® en octubre de 2004 acciones de Libertad Digital con fondos opacos del Partido Popular. Seg¨²n el fiscal, en este caso no hay elementos probatorios suficientes que Vilela participara en un delito de apropiaci¨®n indebida al recibir el dinero negro de G¨¦nova 13 para la adquisici¨®n de los t¨ªtulos del grupo de medios de Federico Jim¨¦nez Losantos.
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