El Supremo cuestiona el uso policial de pistolas en centros de extranjer¨ªa

El Tribunal Supremo ha cuestionado la idoneidad de la decisi¨®n del Gobierno de que los encargados de la seguridad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lleven pistolas en su interior. En la sentencia que anula varios art¨ªculos del reglamento que regula estas instalaciones, difundida este lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo incide en que no resulta lo "m¨¢s adecuado, en abstracto" que all¨ª se porten armas de fuego "en situaciones ordinarias". Aunque los magistrados a?aden que a los polic¨ªas, en quienes se ha delegado la vigilancia, no se les puede impedir que lleven pistola porque esta medida, incluida en el punto 11.4 del Reglamento, no contradice ninguna normativa. Una interpretaci¨®n que gener¨® los votos discrepantes de dos de los jueces del Supremo.

"Podr¨¢ considerarse una medida equivocada atribuir la protecci¨®n de la seguridad en los CIE a los miembros del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (CNP). Pero, una vez establecida, no resulta contrario a derecho que presten servicio de forma ordinaria con sus armas de fuego reglamentarias", subraya la sentencia, que rechaza, en parte, el recurso presentado por tres ONG ¡ªAndaluc¨ªa Acoge, SOS Racismo y APDHA¡ª, que supuso en enero la anulaci¨®n de otros cuatro art¨ªculos del Reglamento.

Seg¨²n defienden los colectivos sociales, la tenencia de pistolas debe limitarse a situaciones de grave alteraci¨®n del orden: "Al igual que en la normativa penitenciaria, inclusive la de car¨¢cter militar". Aunque, como repite el dictamen del Supremo, en las c¨¢rceles son los funcionarios de prisiones quienes se encargan de la vigilancia, y no los miembros del CNP.

"Cabe pensar, en abstracto, que resulta m¨¢s adecuado para un internamiento preventivo y cautelar de car¨¢cter no penitenciario, como el de los CIE, que el personal a cargo de la seguridad no lleve armas de fuego", insiste el tribunal, que a?ade inmediatamente m¨¢s matices a su argumentaci¨®n. Adem¨¢s de recalcar que su tenencia "no resulta contraria a derecho"; los magistrados destacan que, aunque los agentes porten pistolas, "no supone que deban emplearlas como medio ordinario para mantener la seguridad"; y que, en circunstancias extremas, siempre "habr¨ªa necesidad de encargar el restablecimiento del orden a las fuerzas de seguridad provistas de sus armas reglamentarias, tal como ocurre en los centros penitenciarios".

Toda esta argumentaci¨®n y matices, precisamente, ha generado discrepancia entre los miembros del Supremo. El magistrado Jorge Rodr¨ªguez-Zapata ha emitido un voto particular donde se?ala que comparte que no puede impedirse el uso de las armas de fuego, pero que las consideraciones incluidas en la argumentaci¨®n del tribunal incluyen "manifestaciones innecesarias para desestimar el punto controvertido".

El juez Jes¨²s Ernesto Peces se ha manifestado en el sentido contrario a su compa?ero y se opuso directamente a que los agentes lleven pistola en estas instalaciones. "Si se tiene en cuenta el car¨¢cter y finalidad de los CIE y las personas en ellos ingresadas [menores y familias], no es coherente con aquellos la prestaci¨®n del servicio con armas de fuego por los graves riesgos que de ello se derivan", ha escrito el magistrado en su voto particular, donde ha a?adido que, en su opini¨®n, el art¨ªculo 11.4 del Reglamento deber¨ªa anularse.

Las ONG que presentaron el recurso han valorado la sentencia porque cuestiona el uso de armas y ve "comprensible" la sorpresa que ello genera. Adem¨¢s, ven bien la "interpretaci¨®n restrictiva" que se hace de otros art¨ªculos que no se anularon. "La resoluci¨®n afirma que los CIE tienen que presentar unas condiciones superiores a los centros penitenciarios. Dice que las instalaciones que no pueden usarse para los reos, no deben utilizarse para los inmigrantes inmersos en un proceso de expulsi¨®n. Como pasa con el CIE de Algeciras, una antigua c¨¢rcel", ha destaca Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, abogado de uno de los colectivos.