Decenas de imputados volver¨¢n a ser candidatos en los comicios de mayo

Caso a caso, como pide Mariano Rajoy. El PP est¨¢ cerrando ya las listas para las elecciones municipales y auton¨®micas del 24 de mayo, donde se juega gran parte de su poder institucional, y no ha dudado en confirmar a candidatos que tienen abiertas causas judiciales tras examinar, supuestamente, caso a caso. El PSOE tambi¨¦n mantiene como candidatos a algunos imputados, aunque en menor medida.

Entre los populares hay algunos ejemplos muy sonados: Le¨®n de la Riva, pendiente de juicio por desobedecer una sentencia urban¨ªstica, ser¨¢ de nuevo candidato a la alcald¨ªa de Valladolid; Juan Jos¨¦ Imbroda, presidente de Melilla, intentar¨¢ revalidar el cargo pese a la causa que le ha obligado a declarar como imputado en el Tribunal Supremo por un delito de prevaricaci¨®n en la contrataci¨®n de un abogado; la alcaldesa de Jerez, Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo, ha sido confirmada aunque el juez Pablo Ruz investiga una adjudicaci¨®n supuestamente ama?ada en su municipio a favor de la red G¨¹rtel; Pilar Barreiro, que declar¨® como imputada ante el Supremo por ser senadora, repetir¨¢ como cabeza de lista a la alcald¨ªa de Cartagena (Murcia).

En Galicia, 18 alcaldes en ejercicio ¡ª14 del PP y cuatro del PSOE, entre ellos el regidor de Lugo¡ª encabezar¨¢n sus candidaturas pese a que tienen problemas con la justicia. En la Comunidad Valenciana, especialmente golpeada por casos de corrupci¨®n ¡ªque motivaron en los ¨²ltimos a?os la dimisi¨®n del presidente Francisco Camps un mes despu¨¦s de ser reelegido, de una decena de diputados auton¨®micos y de varios alcaldes¡ª, se mantienen en las listas algunos pol¨ªticos bajo sospecha. Media docena de alcaldes, entre ellos un socialista (Benidorm) y cuatro del PP (La Nucia, Paterna, Cullera y Alboraia) repetir¨¢n como candidatos.

Los populares han llegado a presentar nueve implicados por corrupci¨®n

En la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) ha ratificado a tres regidores con causas abiertas, pero la candidata a la alcald¨ªa subraya que las imputaciones est¨¢n relacionadas con cuestiones administrativas y no de corrupci¨®n.

El PSOE de Madrid asegura que no llevar¨¢ a imputados en las listas, salvo casos excepcionales donde se trata de procesos relacionados con conflictos de personal o similares sin relaci¨®n con la corrupci¨®n. La comisi¨®n gestora del PSOE de Madrid ha llegado a considerar no id¨®neo al candidato ya elegido en primarias en Parla porque la Fiscal¨ªa pide su imputaci¨®n.

En Catalu?a, los dos casos m¨¢s emblem¨¢ticos de alcaldables imputados son el de Teo Romero (PSC), alcalde de Santa Margarida de Montbui (Barcelona) imputado por uso irregular de fondos p¨²blicos; y el de Josep Poblet (CiU), alcalde de Vila-Seca (Tarragona) y presidente de la diputaci¨®n provincial, imputado por seis delitos, entre ellos blanqueo y malversaci¨®n.

Las elecciones del pr¨®ximo 24 de mayo en 13 comunidades y 8.108 municipios de Espa?a medir¨¢n los efectos que tiene sobre cada partido el problema de la corrupci¨®n, convertido durante estos a?os de crisis econ¨®mica en la segunda preocupaci¨®n de los espa?oles tras el paro, seg¨²n las encuestas del CIS.

El coste de la corrupci¨®n fue inapreciable para el Partido Popular en las ¨²ltimas elecciones de 2011, tanto en las municipales y auton¨®micas celebradas en mayo como en las generales de noviembre. Venci¨® en 10 de las 13 comunidades y gan¨® con mayor¨ªa absoluta en 3.317 municipios. Fue con diferencia la fuerza pol¨ªtica m¨¢s votada en Espa?a, pese a estar bajo sospecha debido a las causas judiciales por corrupci¨®n, de enorme impacto social, que ya le afectaban.

Tras su victoria en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP se hizo con el mayor poder institucional de su historia en la reciente etapa democr¨¢tica. Gobernaba en la Administraci¨®n central, en m¨¢s de la mitad de los Ayuntamientos y en 11 de las 17 comunidades aut¨®nomas. Y eso a pesar de que el PP cargaba con dos a?os de lastre por los efectos del caso G¨¹rtel, con m¨¢s de 20 cargos p¨²blicos imputados, entre ellos el ex tesorero nacional Luis B¨¢rcenas, seis alcaldes, consejeros auton¨®micos y el presidente valenciano, Francisco Camps.

El desprestigio pesaba a¨²n m¨¢s por decenas de pruebas conocidas de un pillaje institucional que dur¨® m¨¢s de 10 a?os y que se extendi¨® por numerosas administraciones p¨²blicas gobernadas por el PP (tres comunidades, una decena de Ayuntamientos, alg¨²n ministerio).

El esc¨¢ndalo de corrupci¨®n m¨¢s grave que ha padecido en toda su historia el PP no le rest¨® votos aquel a?o 2011 pues revalid¨® sus mayor¨ªas absolutas en feudos como Madrid o la Comunidad Valenciana, donde la trama delictiva de Francisco Correa hizo sus mayores negocios il¨ªcitos. El PP nacional lleg¨® a aprobar entonces unas listas electorales a la Comunidad Valenciana con nueve candidatos que ya estaban imputados por corrupci¨®n. Y con ese escaparate logr¨® 55 de los 99 esca?os en juego y 1,2 millones de votos, casi el doble que el PSOE, la segunda fuerza en esa comunidad. El presidente Alberto Fabra, que sustituy¨® en el cargo a Francisco Camps, cuando ¨¦ste fue procesado por corrupci¨®n, intentar¨¢ revalidar el puesto y ya ha anunciado que no incluir¨¢ en su candidatura a ning¨²n pol¨ªtico que est¨¦ imputado.

Y es que los partidos han tenido, a lo largo de los a?os y dependeniendo de los cargos, distintas varas de medir. Los estatutos del PP castigan con suspensi¨®n de militancia o incluso expulsi¨®n a quienes incurran en ¡°cualquier forma de corrupci¨®n en el ejercicio de cargos p¨²blicos¡±. Los del PSOE sit¨²an la dimisi¨®n en el momento en el que se abre juicio oral. En los ¨²ltimos a?os, no obstante, el trato dado por los partidos a sus imputados o procesados ha sido muy dispar.

Los partidos han tenido distintas varas de medir para pedir dimisiones

Algunos los ejemplos lo demuestran: El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, fue imputado por el caso G¨¹rtel en 2009. Camps gan¨® las elecciones, sin apearse del cargo, en 2011 poco antes de que se dictara la apertura de juicio oral pero no dimiti¨® hasta que se fij¨® la fecha en la que se sent¨® en el banquillo para ser juzgado. Fue absuelto en enero de 2012. Sin embargo, el consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto L¨®pez Viejo, dimiti¨® solo tres d¨ªas despu¨¦s de que estallara la G¨¹rtel por su supuesta implicaci¨®n en la trama.

En el PSOE, la imputaci¨®n del alcalde de Lugo, Xos¨¦ L¨®pez Orozco, por la Operaci¨®n Pok¨¦mon, el mayor sumario por corrupci¨®n instruido en Galicia, vuelve a ser candidato en la localidad m¨¢s importante con un regidor en activo afectado por el caso. Y el Tribunal Supremo acaba de absolver a la exsenadora del PSOE por Salamanca y exalcaldesa del municipio salmantino de Villamayor, Elena Diego, que dimiti¨® al ser imputado por un supuesto delito de prevaricaci¨®n administrativa.