El Supremo pide que se regulen los viajes de diputados y senadores

El Tribunal Supremo ha archivado la querella contra el presidente de la Junta de Extremadura, Jos¨¦ Antonio Monago, por los viajes a Tenerife que realiz¨® con cargo al Senado entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010. Los jueces no advierten que exista delito en este caso, pero aprovechan para pedir a las Cortes una mejor regulaci¨®n del uso de fondos p¨²blicos para los desplazamientos de los diputados y senadores, con el objetivo de evitar que, como ocurri¨® en el caso de Monago, surjan dudas sobre si los viajes son de trabajo o privados.

La querella que ha archivado el Supremo fue presentada por la Asociaci¨®n Pro Justicia Siglo XXI, que atribu¨ªa al presidente extreme?o un posible delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. La Sala de lo Penal no aprecia delito porque el propio grupo parlamentario del PP en el Senado emiti¨® un comunicado en el que respaldaba las explicaciones de Monago, que asegur¨® que los 32 vuelos realizados a Canarias pagados con fondos p¨²blicos eran de trabajo. Seg¨²n las explicaciones del PP, el presidente extreme?o ten¨ªa asignadas como senador labores de apoyo en las comunidades aut¨®nomas de Canarias y Andaluc¨ªa, adem¨¢s de las de Extremadura, por lo que los populares descartaban que Monago hubiera incurrido en un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado y ex fiscal general del Estado C¨¢ndido Conde-Pumpido, remite al contenido del art¨ªculo 24.1 del Reglamento del Senado, que autoriza el pago de los gastos de viaje con cargo al presupuesto de la C¨¢mara. Adem¨¢s, incide en que no se puede afirmar que los viajes de Monago hayan sido fruto de una actividad ¡°ajena a esta funci¨®n p¨²blica¡±, ya que ten¨ªa ¡°una norma de cobertura¡±.

Pero aunque no ven delito, los magistrados aprovechan para pedir al Congreso y al Senado ¡°una regulaci¨®n suficientemente precisa¡± del uso de dinero p¨²blico en los viajes de los cargos p¨²blicos. Con ello se evitar¨ªa, seg¨²n el Supremo, ¡°cualquier duda en el ¨¢mbito de la opini¨®n p¨²blica acerca del empleo correcto de los fondos p¨²blicos en los viajes realizados por los parlamentarios¡±.

Esta regulaci¨®n que reclaman los jueces tambi¨¦n servir¨ªa, seg¨²n el tribunal, para evitar confusiones entre viajes oficiales y desplazamientos privados. ¡°La confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representaci¨®n pol¨ªtica constituye la base del Estado de derecho¡±, advierte el auto, firmado, adem¨¢s de por Conde-Pumpido, por el presidente de la sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Joaqu¨ªn Jim¨¦nez, Alberto Jorge Barreiro y Antonio del Moral.

El tribunal no da m¨¢s pistas de los aspectos que deber¨ªan regularse para garantizar el buen uso del dinero p¨²blico en los viajes de los pol¨ªticos y ni siquiera alude a la f¨®rmula acordada por el PP y el PSOE unos d¨ªas despu¨¦s de que se conocieran los 32 viajes de Monago a Canarias. Los jueces le limitan a pedir una regulaci¨®n ¡°suficientemente precisa¡±.

El acuerdo que adoptaron en noviembre en el Congreso socialistas y populares pasa por que cada grupo controle los viajes de sus diputados y cada tres meses se publique el importe global de los desplazamientos, sin desglosar por parlamentarios ni por partido. Este pacto supone solo un cambio m¨ªnimo sobre el sistema que se aplica desde 1978, que ni siquiera obliga a los diputados a especificar el motivo de su viaje. Algunos de los grupos minoritarios reclamaron una regulaci¨®n m¨¢s amplia y se comprometieron a crear su propio sistema de control.

Seg¨²n el acuerdo entre el PP y el PSOE, los diputados tendr¨¢n que hacer constar si el viaje es a su circunscripci¨®n, si es oficial o si es a un acto de partido. Para el primero no hay control porque el desplazamiento es en ejercico del cargo p¨²blico; para el segundo, el control ya lo ejerce la Mesa, que debe autorizar esos trayectos y las dietas correspondientes; y para los actos de partido, la regulaci¨®n actual acepta que los diputados puedan desplazarse libremente y es el grupo parlamentario el que debe avalar al diputado. Si en 15 d¨ªas no hay aval del grupo, se obliga al parlamentario a devolver el importe.