El Supremo analiza la responsabilidad de Chaves y Gri?¨¢n en el ¡®caso ERE¡¯
La investidura de Susana D¨ªaz, pendiente de las decisiones que tome el juez Barreiro tras escuchar a los dos expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa
El magistrado Alberto Jorge Barreiro inicia este martes en el Tribunal Supremo los interrogatorios a cinco exdirigentes del Gobierno andaluz ¡ªlos expresidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves; los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarr¨ªas y Mar Moreno, y el de Empleo, Jos¨¦ Antonio Viera¡ª para decidir si, como sostiene la juez Mercedes Alaya, tienen responsabilidad penal por el fraude masivo de los ERE.
La instrucci¨®n del Supremo afecta al futuro pol¨ªtico de la Junta de Andaluc¨ªa, pendiente de la investidura de la socialista Susana D¨ªaz, vencedora de las pasadas elecciones pero sin mayor¨ªa absoluta. Dos de los partidos minoritarios (Podemos, 15 parlamentarios; y Ciudadanos, con nueve) han condicionado su voto a la dimisi¨®n de Chaves y Gri?¨¢n, aun sin conocer cu¨¢l ser¨¢ la decisi¨®n del juez Barreiro sobre los dos expresidentes andaluces y su implicaci¨®n en los hechos.
D¨ªaz ha insistido en que pedir¨¢ el esca?o a sus antecesores en cuanto el alto tribunal concrete el delito del que se acusa a los aforados. En el mismo sentido, el secretario general del PSOE, Pedro S¨¢nchez, ha subrayado que en el momento en que se fije ese delito, si se produce la imputaci¨®n, cumplir¨¢ su palabra y pedir¨¢ a Chaves y Gri?¨¢n sus actas parlamentarias.
Los dirigentes admiten el fraude, pero lo achacan a sus gestores directos
El caso de los ERE destap¨® el descontrol en el gasto p¨²blico por parte de la administraci¨®n andaluza. Durante 10 a?os, la Junta adjudic¨® ayudas p¨²blicas por m¨¢s de 850 millones de euros para financiar las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126, conocidos como intrusos, nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. La Direcci¨®n General de Trabajo, que gestionaba estas ayudas, abon¨® unas comisiones a las aseguradoras que organizaron el pago a los prejubilados muy superiores a los precios de mercado. Este uso indebido de dinero p¨²blico favoreci¨® tambi¨¦n a otros intermediarios que participaron en el proceso.
El superior jer¨¢rquico en casos de corrupci¨®n
'CASO N?OS'. Matas procesado; Camps, exculpado. La adjudicaci¨®n de contratos a dedo para la organizaci¨®n de eventos por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) al Instituto N¨®os, propiedad de I?aki Urdangarin, provoc¨® la imputaci¨®n y procesamiento de Jaume Matas, presidente balear cuando ocurrieron los hechos, por prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, fraude y tr¨¢fico de influencias. En la Comunidad Valenciana, N¨®os logr¨® contratos id¨¦nticos a los de Baleares, pero los jueces exculparon a Francisco Camps, presidente auton¨®mico cuando ocurrieron los hechos, y tan solo han procesado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
'CASO G?RTEL'. Un consejero procesado; el Gobierno absuelto. El juez Pablo Ruz ha procesado a quien fue consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto L¨®pez Viejo, por el ama?o de contratos a favor de la red G¨¹rtel y por cobrar comisiones ilegales de la trama corrupta. Los 400 contratos analizados correspond¨ªan a todas las consejer¨ªas de la Comunidad de Madrid, que aceptaron las condiciones de L¨®pez Viejo para la celebraci¨®n de actos en los que siempre participaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La responsabilidad por ese fraude masivo solo corresponde, seg¨²n el juez, a L¨®pez Viejo.
'CASO B?RCENAS'. El extesorero acusado; la c¨²pula, al margen. Durante 18 a?os, el PP se financi¨® ilegalmente, seg¨²n el juez Pablo Ruz, instructor del denominado caso B¨¢rcenas. El extesorero control¨® una caja b en la que ingresaban donativos ilegales que se usaban para pagar sobresueldos y otros servicios al partido. Por estos hechos, el juez solo considera responsable de un delito fiscal ¡ªno abonar el Impuesto de Sociedades por los donativos ilegales recibidos¡ª a B¨¢rcenas. El extesorero ten¨ªa poderes sobre las finanzas del partido porque se los hab¨ªa delegado la secretaria general, Dolores de Cospedal.
'CASO PALAU'. El extesorero imputado; Gobierno absuelto. Convergencia Democr¨¢tica de Catalu?a, uno de los dos partidos que integran el Ejecutivo catal¨¢n, cobr¨® supuestamente comisiones ilegales por adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas a la constructora Ferrovial, que pagaba estas mordidas a trav¨¦s del Palau. Las comisiones ilegales supon¨ªan el 4% de la obra adjudicada (l¨ªnea 9 del metro, la construcci¨®n de la Ciudad de la Justicia o un pabell¨®n en Sant Cugat del Vall¨¦s). Por estos hechos, el juez ha imputado al extesorero de Convergencia, a directivos de Ferrovial y a los exresponsables del Palau de la M¨²sica.
Los dirigentes socialistas andaluces citados admiten que el fraude se produjo, pero culpan de ese hecho a quienes gestionaron los fondos asignados al plan de ayuda a empresas en dificultades, desvincul¨¢ndolo de la aprobaci¨®n del gasto o de su configuraci¨®n presupuestaria. El magistrado instructor ha ordenado a la Guardia Civil un informe donde detalle qu¨¦ decisiones tomaron los dos exconsejeros de Presidencia imputados, Zarr¨ªas y Moreno, que tengan alguna relaci¨®n con los ERE tramitados en la Direcci¨®n General de Trabajo, dependiente de la Consejer¨ªa de Empleo.
Los expresidentes y exconsejeros andaluces que declarar¨¢n ante Barreiro recuerdan que el Tribunal de Cuentas, que fiscaliz¨® el gasto de los ERE y el fraude cometido, solo vio responsabilidad contable en los tres ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero, Juan M¨¢rquez y Daniel Rivera, que gestionaron el reparto de los fondos. De los tres implicados, Guerrero asumi¨® la direcci¨®n general durante el periodo m¨¢s prolongado en el que se cometi¨® el fraude: desde 1999 a 2008.
La juez Alaya considera que la responsabilidad penal por el fraude destapado no corresponde ¨²nicamente al departamento encargado de gestionar esas ayudas de dinero p¨²blico ¡ªla Direcci¨®n general de Trabajo¡ª, sino a buena parte del Gobierno andaluz. Alaya sostiene que cuando se ide¨® el plan para adjudicar las ayudas a empresas en dificultades, el Ejecutivo socialista decidi¨® utilizar un sistema para transferir el dinero que imped¨ªa el control previo del gasto y favorec¨ªa el fraude.
La juez responsabiliza de estos hechos a los presidentes de la Junta en ese periodo (Chaves y Gri?¨¢n), as¨ª como a los consejeros de Econom¨ªa, de Hacienda, de Empleo y de Presidencia.
Durante la instrucci¨®n del caso, la juez no ha podido acreditar que estos ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa se enriquecieran il¨ªcitamente con las ayudas de los ERE, ni que conocieran el fraude que se estaba produciendo mediante el pago de comisiones por encima de los precios de mercado o la inclusi¨®n en las prejubilaciones de personas que nunca hab¨ªan trabajado en las empresas beneficiadas.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro tiene en sus manos dos informes contradictorios respecto al modo en que se decidi¨® gestionar los fondos para pagar las ayudas de los ERE.
Por un lado, los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado sostienen que el m¨¦todo elegido ¡ªlas llamadas transferencias de financiaci¨®n¡ª es ilegal. Por otro, dos catedr¨¢ticos de derecho tributario, al que encargaron un trabajo los expresidentes andaluces, concluyen que las transferencias de financiaci¨®n son un instrumento legal que no tiene por qu¨¦ implicar que se incurra en irregularidades en la gesti¨®n de los fondos.
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