La Infanta insiste en su defensa que firm¨® sin pedir explicaciones
Cristina de Borb¨®n alega desconocer las cuentas de su marido para eludir el banquillo Los abogados de la hermana del rey Felipe VI subrayan que no hay delito fiscal
La infanta Cristina, que ir¨¢ a juicio por supuesta cooperaci¨®n necesaria en dos delitos fiscales en el caso N¨®os, present¨® este mi¨¦rcoles en el juzgado sus argumentos de defensa. Sostiene que tiene ¡°conocimientos m¨ªnimos de fiscalidad¡± y que deleg¨® completamente, por total confianza, en su esposo, I?aki Urdangarin, los temas econ¨®micos familiares. El duque de Palma es el principal imputado, para el que fiscal pide 19,5 a?os de c¨¢rcel. La Infanta ¡°se limit¨®¡± a firmar aquello que le pasaron ¡°muy ocasionalmente¡± y rubric¨® documentos ¡°sin pedir explicaciones¡± en su condici¨®n de ¡°mero socio no administrador¡± de Aizoon, propiedad al 50% de la pareja.
La Infanta concluye, en el alegato jur¨ªdico presentado por sus letrados, que no puede ser acusada como ¡°cooperadora necesaria¡±, ni por conocimiento ni por ignorancia deliberada, de los dos delitos de fraude tributario que la fiscal¨ªa atribuye a su esposo. La tesis de la defensa pivota sobre la inexistencia del supuesto delito fiscal de Urdangarin, en los a?os 2007 y 2008. ¡°Desde su constituci¨®n el ¨²nico administrador de Aizoon fue I?aki Urdandarin, estando [la Infanta] completamente al margen de la direcci¨®n y gesti¨®n cotidiana de la compa?¨ªa¡±, sostienen sus abogados en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Palma.
¡°No ten¨ªa tiempo, ni capacidad, ni motivos¡±, mantiene el alegato de 24 folios presentado este mi¨¦rcoles ante el juez Jos¨¦ Castro. Do?a Cristina subraya que no gestionaba ingresos e inversiones, ni las asignaciones contables y liquidaciones fiscales de Aizoon. La firma creada en 2003 encauz¨® las rentas mal tributadas de las que emana el supuesto fraude fiscal, seg¨²n la Agencia Tributaria, la Abogac¨ªa del Estado y el fiscal que ven los delitos solo atribuibles al esposo administrador, no al simple o mero socio.
La Infanta se sentar¨¢ en el banquillo de la Audiencia de Palma, en un juicio que se celebrar¨¢ en el plazo de un a?o y que puede durar entre tres o cuatro meses. Habr¨¢ 18 acusados, de los que los dos supuestos cabecillas del fraude¡ª una supuesta malversaci¨®n de seis millones de euros de fondos p¨²blicos desde el Instituto N¨®os¡ª son Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Para el antiguo aliado del duque de Palma se piden 16,5 a?os de c¨¢rcel.
Solo tres de los 18 acusados han pagado fianzas
De los 18 acusados, solo tres han depositado su fianza de responsabilidad civil y, de ellos, una, la infanta Cristina, lo hizo parcialmente aunque fue la que m¨¢s pag¨®. Deposit¨® los 587.413 euros que le reclam¨® el fiscal. El juez le impuso 2,7 millones pero no afront¨® la "draconiana" fianza, afirma la defensa. Realiz¨® el pago inicial ¡ªpara lograr la posible atenuante de reparaci¨®n¡ª al ser responsabilizada por el fiscal de lucro como beneficiaria parcial del dinero supuestamente malversado por su marido.
La exconsejera de Madrid 2016, Mercedes Coghen, deposit¨® la totalidad de la fianza, 152.000 euros que le impuso el juez al cerrar la instrucci¨®n. El ex deportista ol¨ªmpico Pepote Ballester, arrepentido colaborador de la fiscal¨ªa, antiguo amigo del Rey y de la Infanta y Urdangarin, pag¨® 52.601 euros. Ballester, que fue director general de Deportes con Jaume Matas, carga con una fianza civil solidaria con Jaume Matas y el ex director general de la Fundaci¨®n Illesport Gonzalo Bernal de 3,5 millones
El juez fij¨® un total de 61,35 millones de euros de fianzas de responsabilidad civil, para asegurar el cobro de indemnizaciones y las multas por parte de la Administraci¨®n perjudicada, en caso de que los acusados sean condenados al probarse los hechos.
I?aki Urdangarin tiene una fianza de 13.646.950 euros. Pagar¨¢ parte con la venta del palacete de Pedralbes por 6,9 millones, pero ¨¦l y su esposa deben amortizar una hipoteca de m¨¢s de cuatro millones. El socio de Urdangarin, Diego Torres, ha de consignar 15,8 millones de euros de manera solidaria con su esposa, Ana Mar¨ªa Tejeiro.
Los asesores Marco Antonio Tejeiro y Miguel Tejeiro deben pagar 4,6 y 9,6 millones, respectivamente. El abogado Salvador Trinxet, 1,2 millones. El ex alto cargo de Turismo balear (Ibatur) Juan Carlos Al¨ªa, 155.421 euros; y el abogado de Turismo Miguel ?ngel Bonet, 167.421 euros. El exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lob¨®n debe pagar 4,1 millones; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) Jos¨¦ Manuel Aguilar, 1,3 millones; el ex director general de Cacsa, Jorge Vela y la exasesora de Cacsa Elisa Maldonado, 2,7 millones de forma conjunta.
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, imputado por la Audiencia de Palma, no tiene fianza fijada.
Cristina de Borb¨®n qued¨® imputada por el juez del caso N¨®os con el refrendo de la sala de la Audiencia de Palma que aval¨® en parte al instructor y mantuvo la causa abierta contra ella por dos supuestos delitos fiscales. La hermana del rey Felipe VI solo es acusada por el grupo Manos Limpias pero sus defensores rechazan la legitimidad del colectivo para llevarla a juicio como ¨²nica acusaci¨®n popular.
El equipo jur¨ªdico que encabeza Miquel Roca junto con el catedr¨¢tico Jes¨²s Silva y Jaume Riutord buscar¨¢, de nuevo, que la Infanta no sea juzgada y que no est¨¦ en el banquillo m¨¢s all¨¢ de lo necesario, quiz¨¢s solo la jornada de inicio de la vista.
Los abogados han anunciado que en las cuestiones previas buscar¨¢n que se le aplique una doctrina del Tribunal Supremo, la llamada doctrina Bot¨ªn que los letrados no nombran, que rechaza que una persona sea juzgada por supuesto delito fiscal sin que ni el ministerio fiscal ni la Abogac¨ªa del Estado, partes afectadas, sean parte acusadora.
La hija de don Juan Carlos, para rebatir el argumento acusador sobre el supuesto fraude fiscal, hace suyo el relato de hechos que plante¨® la defensa de Urdangarin. Asume, adem¨¢s, como propias las pruebas reclamadas por el fiscal Pedro Horrach, que no la incrimin¨® en ning¨²n momento del proceso y al que ve ¡°garante de la legalidad¡±.
La defensa de la Infanta la escuda en su ¡°intensa vida personal, institucional y profesional¡±, entre la fundaci¨®n de La Caixa, la Casa Real y sus cuatro hijos, que le imped¨ªan ¡°estar al corriente de m¨²ltiples gestiones directamente vinculadas con la econom¨ªa familiar¡±. El escrito de calificaci¨®n insiste en dibujarla como una persona absolutamente ajena a la gesti¨®n de Aizoon.
En su relato ante el juez, en febrero de 2014, la Infanta insisti¨® en que ten¨ªa ¡°conocimientos m¨ªnimos de fiscalidad¡± y nunca hizo personalmente la declaraci¨®n de la renta, que estaba bajo la supervisi¨®n del asesor de la Casa Real.
En la sucesi¨®n de c¨ªrculos de protecci¨®n se resalta que la esposa de Urandangarin ¡°no tuvo absolutamente ninguna intervenci¨®n en el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales¡±. As¨ª ¡°siempre ignor¨®¡± si ¡°los gastos propios o familiares eran atribuidos a Aizoon¡±. Tampoco vio c¨®mo ¡°eran procesados desde el punto de vista fiscal y, en fin, si dicho tratamiento era o no jur¨ªdicamente correcto¡±.
Estas circunstancias de distancia de Cristina de Borb¨®n se dieron ¡°desde el d¨ªa de la constituci¨®n¡± de Aizoon, en 2003, momento en el que I?aki Urdangarin asumi¨® ser el ¨²nico responsable administrador. Y no era, seg¨²n el alegato de los abogados, una sociedad tapadera para pagar menos. ¡°No existe un solo indicio en lo actuado que permita sostener que la compa?¨ªa en cuesti¨®n se fundara con el prop¨®sito inicial de cometer defraudaciones fiscales¡±.
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