Chaves defiende en el Supremo su gesti¨®n en el Gobierno andaluz

Manuel Chaves se enfrenta este martes, a punto de cumplir 70 a?os, a uno de los tragos m¨¢s amargos de su carrera pol¨ªtica. El que fuera todopoderoso presidente de la Junta de Andaluc¨ªa durante 19 a?os (de 1990 a 2009) y bar¨®n indiscutible del PSOE a lo largo de dos d¨¦cadas tras ganar en la comunidad m¨¢s poblada de Espa?a elecci¨®n tras elecci¨®n hasta en seis ocasiones, tres de ellas con mayor¨ªa absoluta, est¨¢ citado a declarar ante el Tribunal Supremo por la responsabilidad que le atribuye en el fraude de los ERE la juez Mercedes Alaya.

La magistrada cree que Chaves contribuy¨®, al frente del Gobierno andaluz, a dise?ar y a mantener las ayudas sociolaborales que ella considera ilegales. La declaraci¨®n del expresidente ante el instructor Alberto Jorge Barreiro se produce en plena negociaci¨®n pol¨ªtica por la investidura de Susana D¨ªaz, en la que la renuncia de los dos expresidentes andaluces imputados por el Supremo (adem¨¢s de Chaves, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n) se ha convertido en moneda de cambio. Podemos y Ciudadanos, que m¨¢s all¨¢ del PP son los dos ¨²nicos partidos con capacidad para facilitarle a los socialistas los votos que necesitan, condicionan su apoyo a la dimisi¨®n de Chaves y Gri?¨¢n de sus actuales cargos como diputado en el Congreso y senador, respectivamente.

Una vez m¨¢s la actividad pol¨ªtica de Andaluc¨ªa est¨¢ marcada por la acci¨®n judicial entorno al caso ERE, como ha ocurrido desde que hace cinco a?os la juez Alaya abriera su investigaci¨®n sobre las ayudas de la Junta a empresas en crisis. La primera vez que Alaya se?al¨® con nombre y apellido a Chaves fue el 10 septiembre de 2013, justo el d¨ªa y a la hora en la que los consejeros del primer Gobierno Susana D¨ªaz tomaban posesi¨®n de sus cargos en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. La noticia estall¨® como un ob¨²s cuando los nuevos miembros del Ejecutivo se dispon¨ªan a posar para la primera foto de Gobierno: Alaya extend¨ªa la responsabilidad penal del caso a los dos ¨²ltimos presidentes andaluces y a cinco exconsejeros, a los que acusaba de poner en marcha y alimentar el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de forma arbitraria entre 2001 y 2010.

La Audiencia de Sevilla anul¨® despu¨¦s aquel auto al entender que la juez no hab¨ªa argumentado, ¡°ni siquiera someramente¡±, qu¨¦ hechos concretos constitutivos de delito pudo cometer cada uno de los aforados a los que alud¨ªa Alaya. Esos delitos tampoco est¨¢n concretados ahora, pero el Supremo ha centrado su investigaci¨®n en prevaricaci¨®n y malversaci¨®n, los dos que citaba la magistrada de Sevilla en la exposici¨®n razonada que envi¨® el pasado verano al alto tribunal.

Al contrario que Gri?¨¢n, sucesor Chaves en la Presidencia, que tuvo que responder ante el instructor de las responsabilidades que Alaya le atribu¨ªa en su doble condici¨®n de consejero de Econom¨ªa y Hacienda y jefe del Ejecutivo, el ahora diputado socialista tendr¨¢ que defenderse solo de las acusaciones que le juez asigna como expresidente. Y estas se centran, sobre todo, en que, seg¨²n la magistrada, no solo es ¡°imposible¡± que el m¨¢ximo responsable de la Junta no conociera que se estaba produciendo un fraude, sino que adem¨¢s, contribuy¨® a que se mantuviera.

¡°No se trata de que los Consejeros de Hacienda, Innovaci¨®n o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejer¨ªa de Empleo, es que participaron la mayor parte de ellos en su instauraci¨®n y todos ellos en su mantenimiento¡±, afirma la juez, que cree que hab¨ªa una ¡°directriz pol¨ªtica¡± para que la concesi¨®n arbitraria de las ayudas a empresas y que Chaves la ¡°aval¨®¡±. El sistema puesto en marcha en la Consejer¨ªa de Empleo necesitaba, seg¨²n la juez, de una ¡°coordinaci¨®n de actuaciones con evidentes implicaciones presupuestarias, que debi¨® tener el consenso del presidente de la Junta¡±.