Aguallo, los Albertos y Juan Carlos I

El magistrado Angel Aguallo elabor¨® el informe, en calidad de letrado del Tribunal Constitucional, que sirvi¨® de borrador a la sentencia que el 20 de febrero de 2008 libr¨® de la pena de tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n, impuesta por el Tribunal Supremo, a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a trav¨¦s de una reinterpretaci¨®n de la doctrina vigente sobre la prescripci¨®n.

Aguallo, que pas¨® m¨¢s tarde a ser magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo, la contencioso-administrativa, participaba por aquellas fechas junto con I?aki Urdangar¨ªn, yerno del rey Juan Carlos, en un comit¨¦ de gesti¨®n de Pernod Ricard Espa?a, filial de la multinacional productora y distribuidora de bebidas alcoh¨®licas, vinos y espirituosos. Urdangar¨ªn ya hab¨ªa abandonado sus negocios con el Instituto N¨®os.

Manuel Gonz¨¢lez Peeters, abogado de Diego Torres, ex socio de Urdangar¨ªn, ha propuesto en su escrito de defensa a Aguallo y a otro miembro del citado comit¨¦, el fiscalista Francisco Ortiz, como testigos en el juicio oral del caso N¨®os. Torres quiere probar que las facturas que present¨® para cobrar por un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC) para Pernod Ricard son veraces. La Agencia Tributaria dice que son falsas.

Diversos correos cruzados entre Urdangar¨ªn y Aguallo, registrados en sus cuentas del Constitucional y del Supremo, atestiguan numerosas reuniones a lo largo de meses para evaluar el proyecto de RSC.

Mientras esto ocurr¨ªa en Pernod Ricard, el letrado Aguallo preparaba en el Constitucional, en febrero de 2008, un informe para la sentencia en el caso de los Albertos. El letrado, que es experto en fiscalidad mas no en derecho penal, escrib¨ªa el borrador de la sentencia para que, a su vez, el ponente, el magistrado Pascual Sala, especializado en contencioso-administrativo, hiciera su exposici¨®n y redactara la sentencia.

Todo empieza el 25 de enero de 2001. La secci¨®n s¨¦ptima de la Audiencia Provincial de Madrid, formada por Mar¨ªa Luisa Aparicio, Ana Mar¨ªa Ferrer y Jos¨¦ Antonio Alonso, confirma la estafa, pero absuelve a los empresarios. Considera prescrito el delito. Ambos enga?aron en 1987 a sus socios en la negociaci¨®n de la venta del conjunto de Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en la madrile?a Plaza de Castilla. A los socios minoritarios de Urbanor se les ofreci¨® una suscripci¨®n preferente sobre los solares a un precio de 150.000 pesetas metro cuadrado. Pero Cortina y Alcocer hab¨ªan pactado previamente con los vendedores un precio de 231.000 pesetas.

?Cu¨¢l es, entonces, el problema? El 6 de enero de 2003, un d¨ªa antes de finalizar el plazo legal para la prescripci¨®n, se presenta una querella por falsedad y estafa contra los dos primos con defectos a subsanar. Ello no resta validez, seg¨²n la jurisprudencia del Supremo, a la interrupci¨®n del plazo de prescripci¨®n. Sin embargo, la Audiencia Provincial absuelve a los empresarios por esa raz¨®n.

Los afectados y la Fiscal¨ªa recurren. El Tribunal Supremo falla a favor de los recursos y restituye la doctrina vigente: una querella cumple el requisito de la ley cual es ¡°dirigir el procedimiento contra el culpable¡± e interrumpe los plazos de prescripci¨®n del delito.

Los empresarios son condenados el 14 de marzo de 2003 a tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n cada uno. Piden indulto al Gobierno y amparo al Constitucional. El TC admite a tr¨¢mite el recurso en julio; los primos se salvan de la prisi¨®n.

 Y cuando toca mover baza al Constitucional entra en escena Aguallo. En paralelo, los d¨ªas 20 y 21 de febrero se concreta una comida-reuni¨®n donde Aguallo, Urdangar¨ªn, Ort¨ªz, y el presidente y director general de Pernod Ricard Espa?a, Philippe Coutin, escuchar¨¢n a Diego Torres.

El 25 de febrero, en la sobremesa que mantienen en el restaurante Gaztelupe, seg¨²n fuentes consultadas, Aguallo exhibe su euforia por la sentencia y, ufano, dice que est¨¢ muy contento porque esa noche ha sido invitado a una cena para celebrarlo con ¡°el se?or¡±, en referencia al rey Juan Carlos. Aguallo hac¨ªa gala de su estrecha relaci¨®n con el monarca, quien, por otro lado, mantiene una larga amistad con los empresarios Cortina y Alcocer.

Tres semanas despu¨¦s de la sentencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba, el 12 de marzo de 2008, el acuerdo para ¡°nombrar para esta plaza [sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo] a D. Angel Aguallo Avil¨¦s, Catedr¨¢tico de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de C¨®rdoba, y Letrado del Tribunal Constitucional¡±.

Fuentes jur¨ªdicas se?alaron ya entonces que el nombramiento fue precipitado a ¨²ltima hora, desplazando a otro jurista con cualificaciones mayores, reflejo de los lazos que un¨ªan a Aguallo con el rey Juan Carlos. El magistrado que pierde ser¨¢ pocos meses despu¨¦s, por sus propios m¨¦ritos, nombrado para la sala tercera del Tribunal Supremo.

La sentencia del 20 de febrero de 2008 provoca un terremoto en las instituciones judiciales. A los susurros sobre el v¨ªnculo de Aguallo con el Rey, se une la decisi¨®n de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de presentar batalla. Una reuni¨®n plenaria adopta el 26 de febrero un acuerdo. Se acusa al Constitucional de ¡°vaciar de contenido¡± el art¨ªculo 123 de la Constituci¨®n al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria entrando en terreno del Supremo.

Los magistrados de la Sala Segunda explican que para determinar si un delito ha prescrito se debe tomar como referencia la fecha en la que es interpuesta una denuncia o querella, no el momento en que un juez la admite a tr¨¢mite.

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, es quien marca el ritmo. En rueda de prensa, explica que discrepa ¡°total, radical y profundamente con la sentencia del Constitucional¡±, advierte que los empresarios ¡°se quedar¨¢n con el dinero¡±, 50 millones de euros, y concluye que la resoluci¨®n ¡°no es la m¨¢s adecuada para defender a las v¨ªctimas¡±.

El pleno del TC reacciona con una carta dirigida al Gobierno de Zapatero en la que comunica su rechazo e irritaci¨®n por la comparecencia del fiscal general del Estado y pide medidas.

La sentencia salva a los Albertos de ir a prisi¨®n. Pero el Gobierno reforma el C¨®digo Penal en 2010. La presentaci¨®n de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripci¨®n, como quer¨ªa el Tribunal Supremo, pero se le pone al juez un plazo de seis meses para resolver si la admite a tr¨¢mite.

Ni con la doctrina vigente en 2001 ni con esta nueva norma, coinciden juristas consultados, la secci¨®n s¨¦ptima de la Audiencia de Madrid -formada, entre otros, por magistrados del perfil de Jos¨¦ Antonio Alonso, m¨¢s tarde ministro de los gobiernos de Zapatero, y de Ana Mar¨ªa Ferrer, primera mujer que ingresa, en 2014, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo- podr¨ªa haber absuelto por prescripci¨®n a Alcocer y a Cortina.

El magistrado Aguallo, respecto de quien el CGPJ ha solicitado informes por sus v¨ªnculos con la empresa Pernod Ricard ¨Cincompatibles con el ejercicio de la magistratura- sufre desde hace ya cierto tiempo las secuelas de una enfermedad que afecta su movilidad y el habla, lo que ha motivado bajas reiteradas en su actividad.

Ponente y disidente, siete a?os despu¨¦s

Pascual Sala recuerda que la decisi¨®n adoptada en 2008 fue ¡°muy pol¨¦mica, seg¨²n dijo a ¨¦ste peri¨®dico el expresidente del Tribunal Constitucional.

¡°Yo introduje modificaciones en el informe del letrado, que, por lo que recuerdo, sol¨ªa escribir textos muy largos. Tengo que decir que no le conoc¨ªa especialmente. Pero, s¨ª, fue un asunto que se discuti¨® mucho¡±, se?al¨® a preguntas de ¨¦ste diario.

El ¨²nico voto particular el 20 de febrero de 2008 fue el del magistrado Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional.

¡°Me qued¨¦ solo. Ya hab¨ªa presentado voto particular en 2005 cuando se introdujeron cambios en el tema de la prescripci¨®n. Supuso entrar a legislar en una materia que, seg¨²n hab¨ªamos dicho reiteradamente, era terreno del Tribunal Supremo. En 2008, me mantuve en mi posici¨®n de siempre. No estaba de acuerdo con un cambio que, adem¨¢s, beneficiaba a los m¨¢s sinverg¨¹enzas¡±.

Tanto Sala como Rodr¨ªguez Arribas no ocultan su sorpresa por los trabajos que pudo realizar el magistrado Aguallo en la empresa Pernod Ricard, seg¨²n han le¨ªdo en los medios de comunicaci¨®n.