La Audiencia condena a la etarra Itziar Alberdi por asesinar a tres polic¨ªas

La Audiencia Nacional ha condenado a un total de 119 a?os de c¨¢rcel a la miembro de ETA Itziar Alberdi Uranga por el asesinato de tres artificieros de la polic¨ªa con un paquete bomba el 1 de julio de 1991 en un pol¨ªgono industrial de Madrid. La Secci¨®n Tercera de lo Penal considera que Uranga busc¨® la agencia de transportes de Valladolid desde la que se envi¨® el paquete con la carga explosiva el 25 de junio de ese a?o. Aunque la sala presidida por Alfonso Guevara reconoce que ¡°no existe prueba directa¡± sobre la participaci¨®n de Alberdi en el atentado, considera que existe una ¡°pluralidad de indicios perif¨¦ricos interrelacionados entre s¨ª y acreditados¡± que permiten atribuirle la acci¨®n.

El paquete iba remitido al ministerio de Justicia desde una falsa empresa de artes gr¨¢ficas domiciliada en un solar abandonado de la capital castellana. Como en el ministerio no aceptaron el env¨ªo, el paquete fue depositado, antes de su devoluci¨®n a Valladolid, en la nave central de la empresa el pol¨ªgono de Fuencarral de Madrid. Al no haberse producido la explosi¨®n en Justicia en el periodo previsto, los etarras del comando Ekaitz, liderado por el arrepentido Joseba Urrusolo, avisaron a la empresa de mensajer¨ªa de que el paquete pod¨ªa explotar. Cuando los Tedax acudieron a desactivar el paquete, el dispositivo de trampa que conten¨ªa hizo su efecto. La explosi¨®n mat¨® en el acto al oficial Luis Claraco y al subinspector Pedro Dom¨ªnguez. Otro oficial afectado por la deflagraci¨®n, Jos¨¦ Luis Jim¨¦nez, falleci¨® a las pocas horas en el hospital.

Seg¨²n el relato de hechos probados que hace el tribunal, Alberdi se encarg¨® de buscar la agencia de transportes desde la que se envi¨® el paquete bomba ¡°contribuyendo con ello directamente a la ejecuci¨®n de los hechos que llevaron a la explosi¨®n¡±. La sala tiene en cuenta para este veredicto un cuaderno intervenido a Fernando D¨ªez, otro miembro del comando itinerante Ekaitz. En esta libreta figura, de pu?o y letra de Itziar Alberdi, el nombre y la empresa de mensajer¨ªa, Express Cargo, y la direcci¨®n de su delegaci¨®n en Valladolid. En el mismo cuaderno Urrusolo anot¨® la direcci¨®n de la sede del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo de Madrid.

La terrorista huy¨® de Espa?a en 1992 y fue detenida en febrero de 2014 en Puerto Vallarta (M¨¦xico) donde hab¨ªa iniciado una nueva vida como profesora de yoga junto a su pareja, el tambi¨¦n etarra Juan Jes¨²s Narv¨¢ez Go?i, con quien ten¨ªa dos hijos que viv¨ªan ajenos al pasado de sus progenitores. En el juicio, Alberdi neg¨® haber estado nunca en Valladolid y aleg¨® que en las fechas del atentado se encontraba en Valencia buscando un piso de alquiler para el comando. El tribunal, en cambio, ve insuficiente la coartada: el contrato de alquiler es del 11 de junio de 1991, veinte d¨ªas antes de la explosi¨®n. ¡°Su estancia e incluso residencia en Valencia por aquellas fechas no imped¨ªa su desplazamiento a Valladolid a fin de obtener informaci¨®n relevante que sirvi¨® de base para el env¨ªo del paquete¡±, afirma la sentencia.

La direcci¨®n de la agencia de transportes no es el ¨²nico indicio en el cuaderno del comando que liga a Alberdi a Valladolid. En la libreta incautada a Fernando D¨ªez figura un croquis a mano de la ubicaci¨®n de la comisar¨ªa de Polic¨ªa, el palacio de Justicia y la Capitan¨ªa General de la ciudad castellana. Tambi¨¦n hay referencias a horarios, veh¨ªculos y recorridos de militares que viv¨ªan en el Paseo Zorrilla de esa capital. Todas estas anotaciones, seg¨²n los peritos cal¨ªgrafos, pertenecen sin ning¨²n g¨¦nero de duda a Itziar Alberdi.

Con estos indicios, afirma el tribunal, ¡°puede concluirse que la acusada ostentaba junto a otras personas el codominio del hecho¡± delictivo. Por lo tanto, condena a la etarra, seg¨²n el C¨®digo Penal de 1973, vigente en aquellas fechas y m¨¢s favorable a la acusada, a 119 a?os de prisi¨®n por un delito de atentado, dos asesinatos consumados, un asesinato frustrado y estragos. El l¨ªmite de cumplimiento efectivo es de 30 a?os descontando los beneficios penitenciarios. Adem¨¢s, deber¨¢ indemnizar a los familiares de las tres v¨ªctimas con un total de 1,57 millones de euros.