El Supremo duda de que el plan de ahorro de Cospedal sea constitucional
El tribunal cuestiona que tenga competencias para reducir el salario de los funcionarios
El Tribunal Supremo ha dejado en el aire el plan de ahorro puesto en marcha en Castilla-La Mancha por Dolores de Cospedal tras acceder a la presidencia de la comunidad en 2011. En un auto en respuesta al recurso planteado por los sindicatos CC OO y UGT, el alto tribunal expone ¡°serias dudas¡± sobre tres de los aspectos m¨¢s destacados de este plan que afecta a 70.000 funcionarios: la reducci¨®n salarial, el aumento de jornada de los empleados p¨²blicos y las limitaciones al complemento por incapacidad temporal. El Supremo pide el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que determine si el Gobierno de Cospedal invadi¨® competencias estatales al aprobar estas medidas.
En agosto de 2011, tres meses despu¨¦s de ganar por mayor¨ªa absoluta las elecciones auton¨®micas, Cospedal present¨® su Plan de Garant¨ªa de los Servicios Sociales B¨¢sicos como un ¡°ejemplo para toda Espa?a¡±. Con ¨¦l se pretend¨ªa ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012 para, seg¨²n explic¨® entonces la presidenta regional y secretaria general del PP, sacar a la comunidad de la ¡°ruina¡± en la que la hab¨ªa dejado el PSOE. Las medidas se regularon por una ley que entr¨® en vigor el 1 de marzo de 2012 y que es sobre la que ahora se pronuncia el Supremo.
El recurso de los sindicatos se centr¨® en los art¨ªculos 1, 5 y 20 de la ley, los que regulaban la reducci¨®n salarial, el aumento de jornada y los ajustes en la prestaci¨®n por incapacidad temporal. ¡°Es una realidad indiscutible que las medidas de reducci¨®n del gasto y d¨¦ficit han incidido en los ¨²ltimos a?os en las condiciones laborales de quienes prestan servicios en la Administraci¨®n y en el sector p¨²blico en general. Tales medidas se encuentran en esa competencia estatal b¨¢sica que act¨²a de techo para las Comunidades Aut¨®nomas¡±, se?ala la Sala de lo Social, en un auto del que ha sido ponente la magistrada Lourdes Arastey. En el caso de Castilla-La Mancha, seg¨²n el Supremo, la legislaci¨®n estatal ¡°no parece dar cobertura a lo que se plasma en la ley¡± auton¨®mica.
El tribunal recuerda que algunos de los aspectos que regula la ley castellano-manchega, como la jornada laboral o los sueldos, ya se vieron afectados en 2010 por un decreto estatal que se desarroll¨® en Castilla-La Mancha mediante una norma auton¨®mica; y que, ya con el PP en el Gobierno central, se aprob¨® otro real decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria que regulaba algunos de estos aspectos, pero que no sirve a Castilla-La Mancha de ¡°marco estatal¡± en el que dar encaje legal a su plan. La reducci¨®n salarial de personal y altos cargos p¨²blicos o la ampliaci¨®n de la jornada laboral aprobadas por Cospedal ¡°exceden ampliamente¡±, seg¨²n el Supremo, algunas de las acordadas por el Gobierno central.
Los magistrados consideran que Castilla-La Mancha pudo excederse en sus competencias pero es al Tribunal Constitucional al que le corresponde dictaminarlo. ¡°Solo de entenderse que el legislador auton¨®mico respeta su marco competencial, cabr¨¢ aplicar la norma controvertida. Pero esta sala alberga serias dudas sobre acomodaci¨®n constitucional de la norma a aplicar¡±, advierte el Supremo, que acuerda plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre los tres art¨ªculos impugnados por los sindicatos.
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