Catal¨¢ retoma una idea de Gallard¨®n para combatir los ¡°juicios paralelos¡±

La idea lanzada hoy para el debate por Rafael Catal¨¢, ministro de Justicia, de multar a medios de comunicaci¨®n que revelen sumarios judiciales (secretos por definici¨®n) no es nueva, y menos en este Gobierno. Su antecesor en el cargo, el dimitido Alberto Ruiz Gallard¨®n, ya lleg¨® a plantearse una medida similar en febrero de 2013, en el inicio de la reforma de la decimon¨®nica Ley de Enjuiciamiento Criminal. El equipo de Gallard¨®n plante¨® la posibilidad de que los tribunales pudieran actuar contra las filtraciones de secretos sumariales, con el objetivo de evitar las "fantas¨ªas especulativas" y "los juicios paralelos". Pero la propuesta nunca vio la luz y se qued¨® varada en uno de los primeros borradores de la reforma, sin que llegase a ninguna parte.

La medida divulgada entonces, y no puesta en pr¨¢ctica, llegaba hasta el punto de plantear que si un medio de informaci¨®n difund¨ªa datos que vulnerasen el secreto de sumario, o los deberes de ¡°sigilo y reserva¡±, los jueces podr¨ªan acordar el ¡°cese de la difusi¨®n¡± (art¨ªculo 132), lo que habitualmente se denomina "secuestro de una publicaci¨®n". Quienes incumplieran estas ¨®rdenes incurrir¨ªan en responsabilidades penales.

Justicia explicaba que en cada caso se tendr¨ªa en cuenta si lo publicado compromet¨ªa ¡°gravemente¡± el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados. Para evitar las filtraciones, el fiscal podr¨ªa requerir a los encausados, los testigos o los peritos para que no revelasen las informaciones. La reforma de entonces se enmarcaba en el intento de reducir los plazos del secreto del sumario y evitar la prolongaci¨®n excesiva de los casos.

En una entrevista realizada por EL PA?S en abril de 2013, Gallard¨®n insist¨ªa en lo mismo aunque se mostraba en contra de las sanciones, pero sin llegar a descartarlas: "Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicaci¨®n pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicaci¨®n insiste en seguir publicando informaci¨®n pueda tener sanci¨®n. No soy partidario de establecer consecuencias por esa v¨ªa".

Meses despu¨¦s, en mayo de 2013, Gallard¨®n insist¨ªa en que la comisi¨®n de expertos independientes creada para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o C¨®digo Procesal Penal preve¨ªa dar al juez la facultad para requerir a un medio de comunicaci¨®n el cese de la publicaci¨®n de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

Entonces, Gallard¨®n subray¨® que ¡°el periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupaci¨®n es la verdad¡±, y resalt¨® que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales. Por ejemplo, consider¨® "preocupante" que la resoluci¨®n adoptada por un juez o un jurado popular pudiera verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opini¨®n p¨²blica durante la instrucci¨®n sumarial o la celebraci¨®n del juicio. Por ello abog¨® contra "los juicios paralelos" y consider¨® necesario adoptar alg¨²n tipo de medida legislativa para resolver el conflicto entre el derecho a la informaci¨®n y el derecho a la tutela judicial efectiva.