La nueva normalidad

Ayer, cuando apenas hab¨ªa comenzado en Telemadrid el debate de los cinco candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, este peri¨®dico abri¨® su edici¨®n digital con esta noticia: ¡°Una empresa del Gobierno de Aguirre pag¨® cinco millones en asesores y lobbies¡±.

La informaci¨®n daba cuenta de que el Gobierno madrile?o de Esperanza Aguirre pag¨® en 2011 a trav¨¦s de la sociedad Madrid Network m¨¢s de 600.000 euros al exbufete de Crist¨®bal Montoro, Equipo Econ¨®mico, y casi 350.000 a una compa?¨ªa de Manuel Lamela, ex consejero de Transportes de la Comunidad durante el mandato de Aguirre.

Por supuesto, la noticia no aterriz¨® en el debate de Telemadrid. Pero es la representaci¨®n simb¨®lica de la nueva normalidad.

A saber: mientras se desarrolla la campa?a electoral del 24-M las noticias judiciales sobre corrupci¨®n y las informaciones period¨ªsticas en las que la corrupci¨®n es protagonista se han convertido en rutina cotidiana. Desde los pagos de la Comunidad de Madrid de Aguirre hasta Alfonso Rus y el pozo sin fondo valenciano, pasando por el Porsche con la senyera de Jordi Pujol Ferrusola.

Problema: el mercado de noticias de la corrupci¨®n ha crecido a tal punto que una historia se come a otra. Una noticia sobre corrupci¨®n vive a costa de otra. Es la econom¨ªa parasitaria de la corrupci¨®n.

Esta observaci¨®n viene a cuento de la campa?a electoral. Porque la invasi¨®n de estas noticias crea una rutina. Y esta rutina termina por anestesiar a su destinatario, el elector. Si los actores pol¨ªticos no tienen capacidad para asimilar este aluvi¨®n, mucho menos la tienen los ciudadanos.

Aparte de presentar esta realidad, ?hay alguna soluci¨®n?. La ¨²nica posible consiste en poner en marcha medidas judiciales de emergencia acordes con la magnitud del problema de la corrupci¨®n. Y estas medidas pasan por dotar de m¨¢s medios a quienes investigan y juzgan.

Ello supondr¨ªa duplicar el n¨²mero de juzgados de la Audiencia Nacional, de los seis actuales a doce, y crear juzgados anticorrupci¨®n en todas las Comunidades Aut¨®nomas, am¨¦n de incrementar la capacidad de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en todo el territorio.