El delicado honor de los defraudadores fiscales

El que cometa un delito de fraude fiscal se ver¨¢ se?alado para siempre ante la opini¨®n p¨²blica. A la condena que le impongan los jueces, el Gobierno le va a a?adir otra: publicar la sentencia con su nombre y apellidos, el delito del que se le considere culpable y la pena impuesta. Las discrepancias entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que aprob¨® esta semana un informe favorable a la ley gracias al voto de calidad de su presidente, reflejan lo resbaladizo del asunto: ?por qu¨¦ publicar el nombre de los defraudadores fiscales y no el de los condenados por terrorismo, pederastia o asesinatos machistas? ?O por qu¨¦ tiene el Gobierno que difundir la identidad de ning¨²n condenado? ?Afecta esta publicidad a los derechos fundamentales al honor y a la intimidad? ?Y por qu¨¦ castigar as¨ª a los condenados por fraude fiscal y no, por ejemplo, a los que defraudan a la Seguridad Social?

Todas estas cuestiones se plantean en el dictamen del Consejo y en los votos particulares firmados por seis de sus vocales. La discrepancia, en este caso, no es una cuesti¨®n de ideolog¨ªa pol¨ªtica: a favor del dictamen votaron nueve miembros conservadores y una vocal a propuesta del PSOE. Del otro lado, dos afines al PP se opusieron al considerar, como cinco progresistas, que la divulgaci¨®n de los datos personales que contienen las sentencias puede constituir una intromisi¨®n en el derecho al honor.

¡°Puede sonar oportunista, pero es un asunto de prevenci¨®n general¡±, se?ala una vocal que apoy¨® el informe. ?Y ese mismo argumento no valdr¨ªa para difundir los datos personales de otros delincuentes como los condenados por terrorismo o por violaci¨®n? ¡°No son casos comparables porque en el fraude a Hacienda la v¨ªctima somos todos. A lo mejor, yo como v¨ªctima de una violaci¨®n no quiero que se publique mi caso¡±, apunta la vocal.

El precedente m¨¢s parecido que existe en Espa?a sobre esta medida se puso en marcha en Castilla-La Mancha en 2001, en tiempos de Jos¨¦ Bono, que estableci¨® por ley la obligaci¨®n de publicar las sentencias firmes de violencia de g¨¦nero. El conflicto sobre la privacidad de la v¨ªctima se solvent¨® pidi¨¦ndole permiso a esta o, si hab¨ªa fallecido, a su familia. En 2011, ¨²ltimo a?o en el que se publicaron, de 224 casos con sentencia firme, 85 v¨ªctimas accedieron. La ley no se ha derogado, pero desde que el PP lleg¨® a la Presidencia castellano-manchega no se han vuelto a publicar.

Los vocales que esta semana se opusieron a que se difundan los nombres de los defraudadores consideran que a estos se les va a castigar con la ¡°pena a?adida¡± de la ¡°sobreexposici¨®n¡±, a la que ya est¨¢n sometidos, por otra parte, muchos de los investigados por esta causa, como el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas o el exministro Rodrigo Rato.

Seg¨²n estos vocales, el asunto es demasiado espinoso para que se legisle en una ley impulsada por el Ministerio de Hacienda ¡°?Y si ma?ana llega la ministra de Medio Ambiente y pide que se publique el nombre de los condenados por delito medioambiental? ?Y el de Interior el de los terroristas? Lo l¨®gico es que si nos planteamos algo as¨ª se haga con un debate general de reforma del C¨®digo Penal¡±, se?ala uno de los miembros del Consejo que se opuso al informe.

Los que votaron a favor se?alan la ¡°incongruencia¡± de que vocales a propuesta de PSOE e IU se opusieran a la publicaci¨®n de estas sentencias mientras ambos partidos han defendido en el Congreso la difusi¨®n de los nombres de los 705 altos funcionarios o ex cargos p¨²blicos que investiga el Ministerio de Econom¨ªa. Agust¨ªn Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, cree que esa decisi¨®n s¨ª que atenta contra derechos fundamentales. ¡°El Gobierno no puede publicar el nombre de sospechosos, eso ser¨ªa muy grave. Pero el de condenados en firme, y siempre que se justifique y regule en una ley, s¨ª¡±, opina Ruiz Robledo, que considera que el inter¨¦s general puede poner l¨ªmites al derecho al honor.

Es lo que argumentan el Gobierno y la mayor¨ªa del Poder Judicial: no se trata solo de que los ciudadanos tengan derecho a conocer el nombre de los condenados fraude fiscal, sino de que la medida nos beneficia a todos porque puede disuadir a los que est¨¦n pensando en defraudar.

El C¨®digo Penal ha regulado determinados delitos que llevan aparejada la publicidad de la condena como parte de la reparaci¨®n del da?o causado. Ocurre en los de injurias y calumnias y en los delitos contra la propiedad intelectual. En ambos es habitual que los jueces ordenen la difusi¨®n de la sentencia. Y la pena se va adaptando a los nuevos formatos: el pasado noviembre, un juez de Sevilla conden¨® al presidente de Ausbanc por difamar en Twitter al portavoz de la federaci¨®n de consumidores FACUA y le inst¨® a publicar la sentencia todos los d¨ªas durante un mes en su cuenta de esta red social.