Qu¨¦ hacemos con los expresidentes

Asumamos que en una democracia necesitamos expresidentes en activo, m¨¢s o menos en la misma medida que necesitamos presidentes en activo. Vamos, que no es conveniente amortizarlos muy pronto. Y es que, con la tendencia de una joven democracia como la nuestra a elegirlos j¨®venes es normal que, tras su mandato, se vean en plena forma para dar consejos a sus sucesores.

Asumamos tambi¨¦n que, incluso si ellos mismos logran evitar esa pulsi¨®n tan natural de poner su experiencia al servicio del pa¨ªs, siempre habr¨¢ quien, desde los medios o desde fracciones de sus propios partidos, les animen a que contribuyan a evitar ese ¡°imparable deterioro pol¨ªtico y moral¡± que, al parecer, siempre amenaza a Espa?a.

Vamos, que no hay campa?a electoral sin que reaparezcan jaleando a los suyos y sin que, de paso, alguien aproveche para recordar la poca templanza de su sucesor.

?Ley de vida? No. Simplemente, es que nuestra democracia es demasiado reciente para haber afrontado con seriedad cu¨¢l es el papel que cabe exigir a quienes ocuparon la Jefatura del Gobierno. ?Es Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar patrimonio del PP, o Felipe Gonz¨¢lez y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero patrimonio del PSOE? Sin duda, lo son, pero no son solo eso, y por tanto sus partidos no los deber¨ªan utilizar en guerras internas, ni como arietes contra otros partidos. Ni la sociedad espa?ola habr¨ªa de consentirles hacer el rid¨ªculo, nacional o internacional, pues con ello nos dejan en rid¨ªculo a todos.

En 1992, las Cortes Generales otorgaron el tratamiento de presidente, de por vida, a quienes hab¨ªan dejado de serlo, garantizando ¡°la consideraci¨®n, atenci¨®n y apoyo debidos¡±, lo que incluye medios econ¨®micos y prerrogativas. Probablemente haya llegado el momento de revisar si la legislaci¨®n garantiza el papel que deben tener nuestros presidentes cuando dejan la Jefatura del Gobierno. No se trata solo de revisar si deben disponer de pensi¨®n vitalicia o si regulamos las llamadas puertas giratorias, tambi¨¦n habr¨ªa que establecer por ley el estatus institucional que deben ejercer, para reforzar la consideraci¨®n que su figura merece de adversarios y partidarios.

Espa?a anda escasa de s¨ªmbolos compartidos. Demasiado a menudo, los utilizamos para separar lo que necesitamos unir. Incluso en las campa?as electorales, cuando nos dedicamos a mostrar lo que nos diferencia, olvidamos que antes debemos poner en valor lo que nos une.