?Puede un alcalde evitar los desahucios?

Las dos principales candidatas a las alcald¨ªas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, incluyen entre sus prioridades evitar los desahucios en sus ciudades, pero sus rivales pol¨ªticos han mostrado dudas de que puedan hacerlo. Unos basan sus recelos en argumentos jur¨ªdicos y otros en puro escepticismo. Colau es una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y Carmena ha hecho del fin de los desahucios una causa durante su campa?a y en los primeros d¨ªas despu¨¦s de las elecciones, por lo que las dos se juegan gran parte del cr¨¦dito de su electorado en conseguir este objetivo.

Pero ?puede un alcalde evitar que haya desahucios? Una vez que el juez dicta la orden de desalojo, no. Sin embargo, experiencias desarrolladas en algunas comunidades y municipios demuestran que los Ayuntamientos pueden hacer mucho para evitar el lanzamiento [ejecuci¨®n del desahucio] de sus vecinos.

?Qu¨¦ proponen Carmena y Colau? La candidata de Ahora Madrid se ha comprometido a poner, en sus primeros 100 d¨ªas de mandato, ¡°todos los medios y recursos municipales para la paralizaci¨®n de desahucios y desalojos de primera vivienda¡±. Colau, en Barcelona, se ha propuesto acabar con los desalojos por motivos econ¨®micos. Ambas candidatas admiten, por tanto, que es imposible impedir todos los desahucios, pero abogan por medidas que eviten muchos de los que se producen. En el caso de no lograrlo, plantean garantizar a las familias ¡°una alternativa habitacional¡± (Madrid) o un ¡°realojo adecuado¡± (Barcelona); es decir, que el Ayuntamiento se implique para facilitar un techo a los afectados.

?Qu¨¦ medios tiene un Ayuntamiento contra un desalojo? Lo primero que hace falta es ¡°voluntad pol¨ªtica¡±. Lo dice Juan Berm¨²dez (IU), el alcalde de Conil (C¨¢diz, 22.000 habitantes), un municipio que lleva a gala no haber vivido ning¨²n desahucio desde que empez¨® la crisis. Vecinos en riesgo de ser desalojados ha tenido muchos, pero el equipo municipal se ha implicado personalmente en la mediaci¨®n con las entidades financieras. El lanzamiento se debe a un incumplimiento de contrato entre un particular (el due?o de la casa) y el banco que le concedi¨® la hipoteca, por lo que el papel del gobierno local es, sobre todo, de mediaci¨®n entre ambos. Este es uno de los pilares de los planes contra los desahucios que han puesto en marcha algunas comunidades, como Andaluc¨ªa y el Pa¨ªs Vasco.

El plan de Carmena es parecido: ella pretende mediar desde el Ayuntamiento. Para lograrlo, la candidata de Ahora Madrid propone una Oficina de Mediaci¨®n Hipotecaria cuyo trabajo est¨¦ amparado, sobre todo, en dos convenios: uno entre el Ayuntamiento y los jueces, para que estos avisen de los casos de impago de hipoteca con riesgo de desahucio; y otro entre el gobierno local y los bancos, para buscar soluciones antes de que la entidad pida el desalojo.

?Qu¨¦ ofrece la Administraci¨®n al banco? La negociaci¨®n suele centrarse en tres opciones, en funci¨®n de las circunstancias de la familia: convencer al banco para que conceda la daci¨®n en pago (la familia devuelve la casa y con ello cancela la deuda), pactar la refinanciaci¨®n de la hipoteca o lograr que la familia se quede en la vivienda ya embargada pagando un alquiler barato. ¡°As¨ª hemos conseguido parar 6.000 desahucios¡±, asegura Elena Cort¨¦s, la consejera andaluza de Vivienda que puso en marcha este programa en 2012. El Gobierno vasco cifra en un 60% el porcentaje de lanzamientos evitados a trav¨¦s de esa negociaci¨®n.

?Se puede negociar con los jueces en ¨²ltima instancia? El plan de la candidata Carmena ¡ªque es juez¡ª incluye la colaboraci¨®n de sus colegas de profesi¨®n para que comuniquen al Ayuntamiento los casos de familias en riesgo de ser desahuciadas. En algunos casos, un Gobierno regional o un Ayuntamiento han llegado a mediar entre el afectado y el juez para que posponga el lanzamiento hasta que la familia pueda ser realojada en una vivienda social. As¨ª lo dict¨® una juez de Sevilla en el caso de la corrala Utop¨ªa, un edificio vac¨ªo propiedad de un banco que fue ocupado durante dos a?os por decenas de familias. Otros jueces han dictado ¨®rdenes similares para amparar a familias en riesgo de exclusi¨®n.