El juez De la Mata aprecia delito electoral en el PP por el ¡®caso B¨¢rcenas¡¯

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata agrav¨® este jueves la perspectiva judicial del PP al incluir los delitos contable y electoral en el auto final del caso B¨¢rcenas, relativo a la caja b del partido del Gobierno. De la Mata, sucesor del juez Pablo Ruz, decret¨® la apertura de juicio oral contra los extesoreros populares Luis B¨¢rcenas y ?lvaro Lapuerta, as¨ª como contra el exgerente del partido Crist¨®bal P¨¢ez y el arquitecto que reform¨® la sede del PP en la calle G¨¦nova de Madrid, pagada con 1,5 millones en dinero negro.

El juez De la Mata dej¨® lista para juicio la investigaci¨®n abierta por Ruz en febrero de 2013 despu¨¦s de que EL PA?S publicara los 14 folios manuscritos que compon¨ªan la contabilidad paralela del PP, llevada por el tesorero B¨¢rcenas. El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, en un auto de 102 p¨¢ginas, sigue la estela de su antecesor al considerar que el PP se sirvi¨® ¡°desde 1990 y al menos hasta 2008¡± de ¡°diversas fuentes de financiaci¨®n ajenas al circuito econ¨®mico legal¡±.

La ¡°contabilidad paralela¡± o ¡°caja b¡± del PP ¡ªde la que B¨¢rcenas y Lapuerta eran meros gestores¡ª se nutri¨® de ¡°donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial¡±, sostiene De la Mata. Los 7,5 millones de euros que los tesoreros supuestamente recaudaron entre empresarios, casi todos del sector de la obra p¨²blica y contratistas de la Administraci¨®n, tuvieron diferentes usos.

Parte del dinero se destin¨® a sobresueldos a cargos y personas vinculadas al partido. Se han recabado indicios de pagos a distintas personalidades, como el presidente del Senado, P¨ªo Garc¨ªa Escudero ¡ªque recibi¨® un pr¨¦stamo de 24.000 euros para reparar su casa, da?ada por un atentado¡ª o a entonces consejero navarro de Salud, Calixto Ayesa, que percibi¨® 16.200 euros como compensaci¨®n por dedicarse a la pol¨ªtica y dejar su trabajo de dermat¨®logo. Estos pagos, admitidos por sus perceptores, sumados a otras ayudas a v¨ªctimas del terrorismo y a la Fundaci¨®n Humanismo y Democracia, tambi¨¦n reconocidos, han servido para dar veracidad a los papeles de B¨¢rcenas.

Sin embargo, en los dos a?os de investigaci¨®n no se han podido acreditar las entregas trimestrales y semestrales de dinero b a los sucesivos secretarios y vicesecretarios generales del PP, entre ellos el actual presidente Mariano Rajoy, o los exministros populares Javier Arenas, Francisco ?lvarez-Cascos o ?ngel Acebes. Todos ellos han negado haber recibido dinero negro.

De las cuentas opacas del PP salieron en 2003, 2004 y 2008 un total de 1,18 millones de euros que sirvieron para pagar las campa?as electorales del PP tanto en elecciones generales, como en europeas y auton¨®micas en Catalu?a y Andaluc¨ªa.

Las acusaciones populares encabezadas por IU y el Partido Socialista del Pa¨ªs Valenciano solicitaron al magistrado que los extesoreros Lapuerta y B¨¢rcenas y el exgerente P¨¢ez fueran juzgados por delito electoral por el uso de estos fondos en b para las campa?as del PP. Ni el fiscal ni el resto de las acusaciones lo hab¨ªan solicitado. En su auto de paso a procedimiento abreviado ¡ªen el que propon¨ªa llevar a juicio a los imputados del caso B¨¢rcenas¡ª el juez Ruz consideraba acreditados tanto los delitos electorales como los delitos fiscales, aunque apuntaba la posibilidad de que hubieran prescrito.

S¨ª tienen cabida

Ahora, De la Mata decide que estos delitos s¨ª tienen cabida en el juicio que celebrar¨¢ la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Nacional en una fecha a¨²n por determinar. La Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General castiga con penas de hasta cuatro a?os de prisi¨®n a los ¡°administradores generales y de las candidaturas de los partidos¡± que falseen las cuentas de sus formaciones para las campa?as. Aunque la responsabilidad penal, de producirse, recae en el administrador del partido, una condena supondr¨ªa dar por probado que el PP cont¨® con dinero ilegal en seis campa?as.

El nuevo juez instructor tambi¨¦n aprecia, y tambi¨¦n frente al criterio de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que cabe llevar a juicio a los responsables econ¨®micos del PP por delito de falsedad contable. Ruz tambi¨¦n consideraba en marzo que las donaciones irregulares recibidas por el PP por medio de B¨¢rcenas y Lapuerta, y su uso opaco para gastos del partido, encajaba en ese tipo penal. Sin embargo, entend¨ªa que el plazo de prescripci¨®n ¡ªde tres a?os¡ª podr¨ªa haberse superado. Deber¨¢ ser la Sala de lo Penal la que decida, cuando llegue el juicio, si estos delitos existen, y en su caso, si han prescrito o no.

De la Mata tambi¨¦n desoye a Anticorrupci¨®n cuando esta fiscal¨ªa pide archivar la acusaci¨®n de delito fiscal contra Laura Montero, directora de proyectos de Unifica, el estudio de arquitectos que realiz¨® la reforma de la sede del PP en G¨¦nova 13 entre 2005 y 2010. Parte de estos trabajos los pag¨® el PP con 1,55 millones de su caja b. Ni la fiscal¨ªa ni la Abogac¨ªa del Estado, en representaci¨®n de Hacienda, formulan acusaci¨®n contra ella. La llamada doctrina Bot¨ªn, por la que no se puede enjuiciar a un imputado por delitos que tienen un perjudicado concreto si este, o la fiscal¨ªa, no acusan y solo hay una acusaci¨®n popular, vuelve a entrar en juego. En los delitos fiscales hay dos corrientes. La primera entiende que en un delito fiscal hay un perjudicado particular, que es Hacienda, por lo que no cabr¨ªa la acusaci¨®n popular. La segunda, que prefiere De la Mata, considera que el fraude fiscal ¡°trasciende el mero inter¨¦s patrimonial de la Administraci¨®n y comprende un cierto inter¨¦s colectivo¡± ¡ªel principio de ¡°Hacienda somos todos¡±¡ª. Por ello, lleva a Montero a juicio.

Para los procesados, el magistrado impone fianzas que cubran las posibles multas y responsabilidades civiles de los delitos que supuestamente cometieron, Para Lapuerta y B¨¢rcenas, la garant¨ªa es de 8,98 millones de euros, para Crist¨®bal P¨¢ez, de 7,44 millones; para el arquitecto Urquijo, 6,15 millones; y para las empleadas de Unifica Bel¨¦n Garc¨ªa y Laura Montero, 6,15 millones para cada una.