El Supremo anula la norma del Gobierno que fijo las ayudas a las ONG

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de julio de 2013 por el que el Gobierno regul¨® la concesi¨®n de subvenciones a las ONG de ¨¢mbito estatal. La sala de lo Contencioso ha estimado el recurso contra esta norma que present¨® la Generalitat de Catalu?a, que consideraba que el decreto invad¨ªa la competencia exclusiva que tiene el gobierno regional en materia de asistencia y servicios sociales. Aunque el abogado del Estado pidi¨® al Supremo que si anulaba el decreto lo hiciera solo para Catalu?a, los jueces desestiman tambi¨¦n esta petici¨®n porque el decreto afecta a todo el territorio nacional.

El tribunal argumenta que la competencia en materia de asistencia social es "exclusiva¡± de las Comunidades Aut¨®nomas que hayan asumido esta competencia en su Estatuto de Autonom¨ªa, como es el caso de Catalu?a. El real decreto ahora anulado establece las reglas para la concesi¨®n de subvenciones a las llamadas entidades del tercer sector (como ONG y otras entidades privadas sin ¨¢nimo de lucro y que hacen actividades de inter¨¦s general) de ¨¢mbito estatal colaboradoras con la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Pero, seg¨²n el Supremo, el Estado no ostenta ninguna competencia que le habilite para regular la concesi¨®n de subvenciones del tercer sector de acci¨®n social.

El tribunal cita la doctrina sentada por el Constitucional en 1992 seg¨²n la cual, la intervenci¨®n estatal ha de hacerse de manera gen¨¦rica o global y los fondos han de integrarse como un recurso que nutre la hacienda auton¨®mica, consign¨¢ndose en los Presupuestos Generales del Estado como transferencias corrientes a las comunidades aut¨®nomas para que los fondos queden ¡°territorializados¡±. El Supremo indica que por muy laxo que sea el criterio de interpretaci¨®n del art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n (que regula las materias de competencia exclusiva del Estado) ¡°no puede alcanzar a regular las subvenciones¡± en los t¨¦rminos que hace el real decreto recurrido mediante la atribuci¨®n a unas entidades privadas de la consideraci¨®n como ¡°entidades colaboradoras¡±.

¡°Debemos insistir en que se trata de entidades privadas, que se encuentran, cualquiera que sea la concepci¨®n sobre la tipolog¨ªa de los entes p¨²blicos seguida, extramuros de la organizaci¨®n funcionamiento de las administraciones p¨²blicas, y que no contribuyen ni afectan al citado objetivo de garantizar a los administrados ese tratamiento com¨²n¡±, dice la sentencia.