Alaya deja su juzgado con la imputaci¨®n de dos exconsejeros

La juez Mercedes Alaya se despidi¨® este martes del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, del que se ha hecho cargo Mar¨ªa ?ngeles N¨²?ez Bola?os, con un auto sobre el fraude en los cursos de formaci¨®n que repite la tesis de los ERE, que la Junta cre¨® un sistema para beneficiar a empresas. La magistrada imputa por presuntos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n al exconsejeros de Empleo Manuel Recio, al de Econom¨ªa?Antonio ?vila y a cinco responsables m¨¢s de distintas ¨¢reas de estos departamentos, incluyendo el tambi¨¦n exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, de haber "concebido indiciariamente¡±, a trav¨¦s de los organismos de la Junta (...), ¡°la formaci¨®n como una v¨ªa a la que destinar sumas ingentes de fondos p¨²blicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma, generando una actividad econ¨®mica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones".

?La juez argumenta su tesis en las "carencias deliberadas de la Administraci¨®n", entre las que destaca: la ausencia de programaci¨®n, evaluaci¨®n, seguimiento y documentaci¨®n justificativa en la mayor¨ªa de los expedientes, incumplimientos de las contrataciones obligadas en las ayudas de concesi¨®n directa, retraso injustificado en la comprobaci¨®n y concesi¨®n de certificaciones sin garant¨ªas.

A?ade la magistrada que, entre 2010 y 2011, "no se elabor¨® ni un solo expediente de reintegro [petici¨®n de la devoluci¨®n de las ayudas] a pesar del panorama de irregularidades descritas por la Intervenci¨®n General".

Tambi¨¦n centra sus acusaciones la juez en las exoneraciones, suspender o retrasar la exigencia de justificaciones de gastos que sumaron 950 millones de euros hasta octubre de 2013. La Junta de Andaluc¨ªa siempre ha defendido que estas son legales, pero Alaya las considera una ¡°rara avis¡± en la legislaci¨®n de otras comunidades.

Seg¨²n la magistrada, las entidades beneficiarias de subvenciones otorgadas por la Junta de Andaluc¨ªa? "ofrec¨ªan cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba" y obten¨ªan "importantes beneficios" con el consentimiento de los implicados. Entre los receptores de ayudas, la juez destaca en su auto a los sindicatos, la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa, miembros del consejo de administraci¨®n del SAE, grandes entramados empresariales y la Fundaci¨®n P¨²blica Andaluza Fondo de Formaci¨®n y Empleo.

Adem¨¢s de los exconsejeros se?alados, Alaya ha implicado en el supuesto fraude a los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba, Alejandro Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia. Adem¨¢s imputa al jefe del Departamento de Gesti¨®n Econ¨®mica del Servicio de Formaci¨®n de Empleo de la Delegaci¨®n Provincial de Granada, Juan Manuel Le¨®n S¨¢nchez, al que adem¨¢s cita a declarar el pr¨®ximo 29 de junio.

El fraude en los cursos de formaci¨®n se investiga en estos momentos en 18 juzgados andaluces, pero la juez Alaya ha mantenido un pulso para hacerse con esta macrocausa, seg¨²n un auto en el que requiri¨® a la polic¨ªa que dejara a la Guardia Civil que asumiera la investigaci¨®n

La polic¨ªa, sin embargo, mantiene sus actuaciones y ayer mismo tom¨® declaraci¨®n al alcalde de Punta Umbr¨ªa (Huelva), Gonzalo Rodr¨ªguez Nevado, en el marco de la Operaci¨®n Edu, que investiga tambi¨¦n los fraudes en la formaci¨®n.

Alaya ya hab¨ªa reclamado las causas abiertas a los dem¨¢s juzgados de la comunidad que investigan los cursos. Dos juzgados de C¨¢diz se inhibieron ante la reclamaci¨®n de la juez, aunque la Audiencia de esta provincia est¨¢ analizando un recurso contra esta decisi¨®n. Pero otro juzgado de M¨¢laga se neg¨® a enviarle a Alaya sus investigaciones sobre las irregularidades en esta provincia. La idea de la juez es hacer otra macrocausa similar a la de los ERE, iniciativa a la que se oponen los fiscales andaluces.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores L¨®pez, e Izquierda Unida han anunciado ya que su grupo pedir¨¢ al resto de partidos que conforman el Parlamento la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los cursos de formaci¨®n. El PP justific¨® la iniciativa ante las "graves irregularidades en la concesi¨®n, gesti¨®n y justificaci¨®n de las subvenciones otorgadas por la Administraci¨®n andaluza en materia de formaci¨®n profesional para el empleo desde el ejercicio 2002 hasta 2014".