El PP vasco se desmarca de Industria y apoya el veto al ¡®fracking¡¯

El PP del Pa¨ªs Vasco ha decidido desmarcarse de la postura que mantiene el ministro de Industria, Jos¨¦ Manuel Soria, que ha alentado desde su departamento el empleo en Espa?a de la t¨¦cnica de la fractura hidr¨¢ulica para la extracci¨®n de hidrocarburos. Los populares vascos han apoyado este mi¨¦rcoles en el Parlamento regional un dictamen en el que se opta por impedir el fracking en Euskadi.

El documento, que ahora tendr¨¢ que ser ratificado en el pleno, ha salido adelante gracias a los votos de PSOE, EH Bildu y del PP. El PNV se ha quedado solo en la defensa de una moratoria y UPyD se ha abstenido. El dictamen enmienda una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por m¨¢s de 100.000 firmas. El texto aprobado proh¨ªbe el fracking de hecho, a base de endurecer las legislaciones auton¨®micas en materia de suelo, agua y medio ambiente.

Euskadi ha pasado en cuatro a?os de congratularse por ser una potencia auton¨®mica en materia gas, con reservas para m¨¢s de medio siglo, a endurecer la normativa medioambiental para evitar su extracci¨®n a trav¨¦s de esta pol¨¦mica t¨¦cnica. Los socialistas vascos -que bendijeron en Dallas (EE UU), junto a un pozo de una firma norteamericana que practica el fracking, el hallazgo de los yacimientos de ?lava- son ahora el motor que maldice esa pr¨¢ctica.

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha ido cerrando a las puertas a las comunidades que han vetado sin m¨¢s el uso del fracking en su territorio. As¨ª ha ocurrido con Cantabria, La Rioja y Navarra, cuyas normas han sido anuladas a petici¨®n del Gobierno.

Pero este mismo tribunal ha dejado abierta otra puerta: la v¨ªa catalana. La Generalitat no ha aprobado una normativa espec¨ªfica, sino que ha cambiado su ley urban¨ªstica. El Gobierno central tambi¨¦n llev¨® este cambio legal al Constitucional, que tuvo que suspender cautelarmente la norma. Pero, a finales de marzo, los magistrados levantaron la paralizaci¨®n al entender que no fija una prohibici¨®n gen¨¦rica. La modificaci¨®n de la normativa urban¨ªstica aprobada por la Generalitat dice: "En la explotaci¨®n de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no est¨¢ permitida la utilizaci¨®n de la tecnolog¨ªa de la fractura hidr¨¢ulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las caracter¨ªsticas geol¨®gicas, ambientales, paisaj¨ªsticas o socioecon¨®micas de la zona, o en relaci¨®n con otros ¨¢mbitos competenciales de la Generalitat".

A este argumento se ha agarrado el PP vasco para defender el apoyo al dictamen. Ha interpretado que el endurecimiento de las normas auton¨®micas es legal y medioambientalmente defendible.

A¨²n falta que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma legal catalana, que el Gobierno central entiende que tambi¨¦n es un veto gen¨¦rico al fracking, una t¨¦cnica que consiste en inyectar agua, arena y productos qu¨ªmicos a gran presi¨®n por un pozo para extraer hidrocarburos de las rocas. Pero lo cierto es que esa puerta est¨¢ abierta, ya que el tribunal no ha optado por la v¨ªa r¨¢pida, como en los casos de Cantabria, La Rioja y Navarra, en los que en un tiempo r¨¦cord sentenci¨® que era anticonstitucional prohibir sin m¨¢s la t¨¦cnica, algo que ser¨ªa una competencia estatal. El Gobierno central forma parte del bloque de 11 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea que han abierto la puerta a la fractura hidr¨¢ulica.

La ponencia de la C¨¢mara vasca se ha reunido este mi¨¦rcoles por segunda vez y ha aprobado el dictamen que se debatir¨¢ y votar¨¢ en comisi¨®n el pr¨®ximo lunes para ser ratificada posteriormente en un pleno que los grupos conf¨ªan en celebrar antes de que este mes concluya este periodo de sesiones. La propuesta pasa por imponer severas limitaciones a la pol¨¦mica t¨¦cnica.

La ILP establec¨ªa de hecho esa prohibici¨®n de la exploraci¨®n, investigaci¨®n y explotaci¨®n de hidrocarburos no convencionales en Euskadi, pero ha evolucionado aprendiendo del camino recorrido por Catalu?a, de manera que se acometer¨¢n reformas de diversas leyes auton¨®micas para elevar los requisitos medioambientales que prohibir¨¢n de hecho la fractura hidr¨¢ulica.

El dictamen recoge la propuesta de reformar la ley del Suelo para impedir esta pr¨¢ctica en zonas no urbanizables. Tambi¨¦n, la ley de Aguas para no permitirla en zonas de acu¨ªferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. Se recoge adem¨¢s la exigencia de acometer una evaluaci¨®n de impacto medioambiental estrat¨¦gica, y no pozo a pozo, como planteaba el PNV. El PNV ha defendido una moratoria de uso de la t¨¦cnica de extracci¨®n, pero en el fondo no quiere dejar pasar la oportunidad de obtener nuevos recursos energ¨¦ticos para reducir la dependencia exterior de Euskadi que importa toda la energ¨ªa que consume.